La Resolución 1874 de 2019 fue adoptada para garantizar que las nuevas edificaciones que se hagan en Bogotá cumplan con estándares de ahorros de agua y energía de mínimo el 20 o 30%.
Congresistas de la Alianza Verde radicaron el pasado 24 de julio el Proyecto de Ley número 073 de 2019 para la sostenibilidad del territorio marino costero, buscando mecanismos de financiación para su protección.
En la hoja de ruta del gobierno se estableció el incremento en el artículo 84 del Plan Nacional de Desarrollo para proteger este pulmón de Colombia.
La norma excluye algunas modalidades de caza. El alto tribunal determinó que quienes no respeten la sentencia podrían ser penalizados.
La Superintendencia de Servicios Públicos definió los criterios para el recaudo y giro de la sobretasa de $4/kWh al servicio de energía, autorizado en el Art. 313 de la Ley 1955 de 2019 del PND.
El Gobierno modificó lo relacionado con barrera rompevientos, cercas vivas, árboles aislados dentro de la cobertura de bosque natural, productos forestales maderables, entre otros.
Según la NOAA esto se debe a la temperatura promedio global que en octubre registró 1.76 grados Fahrenheit por encima del promedio del siglo XX.
A partir del 1° de septiembre del 2019, en algunas ciudades del país deberán distribuirse mezclas con un 12 % de biocombustible para uso en motores diésel y con un 88 % de diésel fósil.
La norma aplica a quienes pretendan adelantar con estos, actividades con fines agrícolas, pecuarios, pesqueros, plantaciones forestales comerciales y agroindustriales.
El instituto estableció estas normas para comercializadoras de material vegetal y evitar la propagación de la enfermedad conocida como HLB, una bacteria trasmitida por un insecto vector (Diaphorina citri) que debilita el fruto.
Los productos que iban a ingresar al país de manera ilegal eran aguacates, carne en canal y otros productos perecederos.
El alto tribunal afirmó mediante la sentencia T -342 de 2019 que la producción de los recursos naturales que están en el subsuelo competen a la Nación.
El origen es una queja presentada por 477 personas acompañadas por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP).
El gobierno asignó en el Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 230, un monto de recursos para asumir este costo de energía y gas de los pequeños productores rurales.
Con la nueva norma, se tendrá que presentar un documento con la propuesta en la que se especifique el Dónde y el Cómo implementar las medidas de compensación.