Miércoles, 28 Octubre 2020

El informe advierte sobre el deterioro ambiental del río Magdalena, baja capacidad de las autoridades ambientales, deficiencias sanitarias en San Andrés, entre otras.

 Informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente 2019El informe anual sobre estado de los recursos naturales y del medio ambiente en Colombia (IERNA 2019-2020), elaborado por la Contraloría General de la República evalúa la política pública y la gestión de las entidades que administran los recursos naturales. En esta edición, señala una importante reducción en materia de inversión, reflejada en un recorte presupuestal del 21% en 2019, con respecto a 2018.

Según el documento, se mantienen debilidades de la institucionalidad ambiental en la administración, control y monitoreo de los recursos naturales y del ambiente. De igual manera, ad alerta que el río Magdalena, principal fuente fluvial del país, presenta deterioro ambiental de su sistema de humedales y otros impactos negativos relacionados con actividades como producción agropecuaria.

Por otra parte, para el caso de San Andrés, pone de presente que la isla se encuentra "al borde de una emergencia sanitaria ante la acumulación de basuras” ya que, el crecimiento poblacional y las actividades de turismo generaron un aumento de los desechos.

Frente a San Andrés el reporte también señala: "las aguas residuales del Archipiélago, vertidas al ecosistema marino mediante el Emisario Submarino, no presentan ningún tratamiento y sólo se realiza separación de residuos sólidos de mayor tamaño".

Otras conclusiones del IERNA 2019-2020 se mencionan a continuación:

  • Vacíos en la exigibilidad de permisos de investigación científica.
  • Deficiencias técnicas y baja capacidad de las autoridades ambientales de hacer presencia en todo el territorio.
  • Escasa planificación de las áreas protegidas.
  • Incapacidad de las autoridades ambientales en el ejercicio de su potestad sancionatoria y en el seguimiento a las medidas compensatorias de los agentes que intervienen los ecosistemas.

Incremento de pasivos e impactos ambientales en el país, como se advierte con:

  • La contaminación de las cuencas hidrográficas y pérdida de recursos hidrobiológicos.
  • El precario estado de los ecosistemas marinos y manglares.
  • El aumento de la deforestación.
  • El bajo cumplimiento de la norma ambiental vigente en materia de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.
  • El incumplimiento sobre la participación justa y equitativa de algunos proyectos que aprovechan los recursos genéticos.


En cuanto a los recursos financieros, se presentó una fuerte reducción presupuestal. Así como ocurrió en el año 2018, el presupuesto para el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible del 2019 se redujo en $83.017 millones (-12%) frente al año inmediatamente anterior, al pasar de $705.620 a $622.602 millones.


Esto, según la Contraloría, significa una inversión inversamente proporcional a las problemáticas y desafíos ambientales del país. Referente a la evaluación que realizó la Contraloría sobre el gasto público social ambiental de la vigencia 2019, el documento hace otras acotaciones:

  • Se observa ineficiencia en la gestión de los recursos puestos a disposición de las CAR para el cumplimiento de sus objetos misionales, tanto en el rubro de ingresos como de gastos.
    Los ingresos definitivos de las CAR para la vigencia 2019 ascendieron a $3.719.264 millones, no obstante, solamente se apropiaron $3.552.312 millones (95%).
  • Diecinueve CAR apropiaron un menor valor que los ingresos recibidos por una suma de $371.277 millones.
  • Del presupuesto consolidado apropiado por las CAR para inversión en la vigencia 2019 por $2.613.462 millones, se observa una pérdida de apropiación de $690.314 millones (26%) y de los compromisos adquiridos por $1.923.147 millones sólo se ejecutó 57%.
  • Esto quiere decir que la suma de $818.726 millones (43%) se constituyó como reserva presupuestal, lo que significa que solamente se recibieron un poco más de la mitad de los bienes y servicios contratados para la vigencia.


El informe de la Contraloría considera relevante la iniciativa de incluir en el PND 2018-2022 la reforma a las Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible


De igual manera, el reporta indica las deficiencias en la aplicación de los porcentajes de los recursos de inversión destinados al medio ambiente con cargo al impuesto al carbono. Después de cuatro años de la creación de dicho impuesto y de la autorización de actividades alternativas por la no causación del gravamen, se observa que ninguna ha tenido avances importantes que redunden en la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI).

 

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Editorial

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