La cotidianidad con la que día a día se comienzan a debatir en nuestro país los asuntos ambientales, ha hecho que las decisiones asumidas en torno a la protección y conservación de los recursos naturales, se constituyan en un tema trascendental para los ciudadanos. Noticias relacionadas con cambio climático, minería, deterioro de los recursos, protección animal y derechos del ambiente, son cada vez más usuales, siendo escenario de debate la viabilidad de políticas públicas, la creación, modificación o derogatoria de la normatividad ambiental y su aplicación.

Lo cierto del caso, es que dicho interés que ha suscitado la protección del ambiente, nos lleva a considerar que hoy el debate ambiental que dan los ciudadanos está dando un giro trascendental que debe ser asumido con suficiente responsabilidad por quienes que se encuentran elaborando las normas y políticas, quienes las operan y quienes deben aplicarlas.

La Constitución Política ya había avizorado esta realidad, en el artículo 79 se fijó que la ley debe garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, y dicha participación implica sin lugar a dudas, que los ciudadanos logren entender las connotaciones que tienen las decisiones que se asuman en torno a la protección de los recursos naturales. No obstante, pareciera que aún nos cuesta como Estado, dar a conocer las impliciaciones que puede tener la implementación de las políticas ambientales que se establezcan por parte de las diferentes autoridades. Situaciones puntuales, como las discusiones de la Reserva Van Der Hammen, la delimitación del páramo de San Turbán, las cuotas de pesca de tiburones y aletas, la  declaración de diversos ríos como sujetos de derecho, entre otros casos renombrados, nos hace pensar que la institucionalidad ambiental no ha logrado de manera suficiente que el ciudadano entienda la relación de las políticas con la protección, o peor aún, que el ciudadano tienda a pensar que se puedan estar creando políticas en contra de los intereses de protección de los recursos naturales.

Las causas de esta  situación pueden ser múltiples, por tan sólo mencionar algunas de ellas valdría la pena resaltar las siguientes: (i) las diferentes autoridades del Estado  no se toman el tiempo de entender las relaciones existentes entre las medidas asumidas y el cuidado y preservación de los recursos naturales; (ii) se evidencia una ausencia de participación de la comunidad en la toma de decisiones ambientales; (iii) la agenda ambiental marcada por las redes sociales, en muchas ocasiones más que informar realidades, nos muestra distorsiones que pueden hacer perder credibilidad a los discursos de protección y conservación de los recursos; (iv) las autoridades nacionales asumen decisiones sin considerar las regiones o las implicaciones que se puedan causar en el territorio; (v) la protección de los recursos se deja en manos de la rama judicial, quien no cuenta con la suficiente capacidad para tomar decisiones que consideren todos los aspectos relevantes a nivel ambiental.

Lejos de pensar que el verdadero problema sea que el Gobierno Nacional y las Autoridades Ambientales expiden políticas en contra de la protección de los recursos naturales, creo que si vale la pena que la institucionalidad del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, se cuestione sobre la necesidad de analizar las implicaciones de su normatividad, garantizando la participación de las comunidades y logrando de esta manera que se dimensione, entienda y comprenda los desafíos, retos  y alcances que traen consigo.  Igualmente, es necesario que en el marco de las funciones asignadas a las Corporaciones Autónomas Regionales se acerquen las decisiones nacionales al territorio, haciéndolas compatibles con las realidades locales.

De esta manera, es evidente que la protección del ambiente implica nuevos retos, necesitamos nuevos escenarios que permitan que todos cumplamos nuestra obligación constitucional de protección del ambiente, necesitamos que desde la institucionalidad del SINA se abran los espacios de discusión y de entendimiento de las normas, que los usuarios indaguen mucho más allá de las redes sociales, y que los jueces conozcan las implicaciones de sus decisiones, apoyando entonces la idea de que en Colombia necesitamos la creación de una jurisdicción ambiental que pueda determinar con precisión el alcance de sus fallos.