El origen es una queja presentada por 477 personas acompañadas por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP).
Foto: Hidroituango
Por medio de un comunicado el Movimiento Ríos Vivos dio a conocer que el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), investigará a su brazo privado BID Invest por su inversión en el proyecto Hidroituango, ya que, según el comunicado, ha tenido un impacto devastador para miles de personas en cuatro departamentos y 27 municipios de Colombia.
Isabel Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos, dijo: “Como personas afectadas por Hidroituango, exigimos que la investigación sea rigurosa e independiente. Por más de una década, nuestras comunidades han denunciado los graves problemas que el proyecto ha causado y que se agudizaron con las múltiples emergencias que iniciaron desde el 2018 y aún no cesan. Esperamos que con esta investigación internacional las voces de las víctimas y opositores al proyecto por fin sean escuchadas”.
La investigación tendrá como objetivo principal establecer si, al financiar este megaproyecto en una región de Colombia que sigue siendo afectada por altos niveles de violencia y el renaciente conflicto armado, el Banco cumplió o no con los estándares sociales y ambientales que está obligado a observar, y si hay una relación entre ello y los graves daños sufridos por las comunidades afectadas.
Esta investigación se funda en una queja que han presentado 477 personas afectadas por el proyecto donde afirman que las políticas del Banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango.
En la queja, las comunidades demuestran que el proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permitió la participación de las comunidades ni el acceso a información, y que se ha desarrollado en un contexto de violaciones a los derechos humanos, uso desproporcionado de la fuerza y una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua. Evidencian además una permanente discriminación por decidir oponerse al proyecto y por ser mujeres afectadas. Todo ello, señalan, contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones.
Las personas afectadas y firmantes de la queja son acompañadas en este proceso por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP).
