Por Eduardo Chávez López
Director de Catorce6
El corregimiento de Barú, de Cartagena un pequeño poblado afrodescendiente localizado en la punta de la península de su mismo nombre, fue a comienzos de marzo el escenario para la firma del acuerdo que conducirá a la adopción del Plan de Manejo y del Modelo de Desarrollo Sostenible del Área Marina Protegida del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo. El evento fue el último de muchos diálogos iniciados hace cinco años en cumplimiento de una Sentencia del 24 de noviembre de 2011 proferida por el Consejo de Estado, que obligaba a entidades como el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales, Cardique, Carsucre, Dimar, Agencia Nacional de Tierras y Distrito de Cartagena, a una consulta previa con 19 comunidades negras de Bolívar y Sucre, antes de adoptar esos instrumentos de ordenamiento ambiental.
El proceso que acaba de terminar constituye un modelo de concertación y diálogo informado pues tanto las entidades involucradas lideradas por el Ministerio de Ambiente, como las 19 comunidades consultadas fueron protagonistas de una suerte de debates que como en toda negociación empezó con cada actor defendiendo su posición, después los actores defendiendo el proceso y finalmente todos defendiendo lo acordado. De posiciones que parecían irreconciliables, los textos que con criterio técnico propuso Minambiente, fueron reforzados con el interés manifiesto de las comunidades de incorporar el componente étnico en todos los capítulos consultados.
Llama la atención que un proceso surgido de un mandato judicial termine con todos los actores empujando del mismo lado. Y no es para menos, pues es urgente frenar el deterioro gradual de uno de los ecosistemas más amenazados de nuestro territorio marítimo, como es el de Cartagena y sus alrededores.
Qué bueno sería que el espíritu de todos los actores que confluyeron en la consulta previa comentada y que confluyen hoy en otras problemáticas de la misma zona, puedan encontrar salidas a amenazas tan graves como la que hoy existe sobre los Corales de Varadero por parte del proyecto de construcción del segundo canal de acceso a la Bahía de Cartagena. Seguramente si se repitiese la sensatez del proceso aquí comentado, aparecerían criterios técnicos de expertos que señalan que no es necesario un nuevo canal de acceso para atender la demanda de tráfico de embarcaciones en la bahía. O conceptos de la comunidad científica que han encontrado en los Corales de Varadero una particularidad que está llevando a replantearse tesis dadas por ciertas hasta el momento acerca de los ecosistemas de manglar. O posturas como las comunidades ancestrales de la zona que hablan de las afectaciones de tal obra a los ecosistemas.
Definitivamente siempre que hay diálogos informados entre comunidades, Estado, empresas y academia, se produce un círculo virtuoso que beneficia a todos: las comunidades, el medio ambiente y también el desarrollo económico sostenible. No hay mejor camino.
