Desde septiembre del año pasado, cuando tres ministros, entre ellos el de Medio Ambiente, firmaron el Decreto 1780 de 2015, que da vía libre para que especies foráneas puedan ser convertidas en locales, con el fin de mejorar la acuicultura en el país, se puso en peligro la biodiversidad colombiana. El problema es que la norma permitiría el acceso de especies con potencial invasor, como las tilapias y las truchas, poniendo en riesgo las poblaciones nativas y las declaradas en vía de extinción como el bagre, sin contar el impacto a la seguridad económica y alimentaria que esta generaría.
Según un informe publicado por el Instituto Humboldt, una de las principales causas de pérdida de los recursos naturales en Colombia es la introducción y trasplante de especies. En el caso de los peces exóticos de carácter invasor, estos pueden propagarse y amenazar ecosistemas y hábitats, ocasionando daños ambientales. Frente a esto, Gonzalo Andrade, biólogo e integrante del Comité Colombiano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), aseguró que ya se emitió una carta a Minambiente y a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), que pertenece al Ministerio de Agricultura, para que revoque el decreto que riñe con los compromisos adquiridos años atrás por el país.
Investigadores y expertos en biodiversidad aseguran que el decreto, firmado por el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri; la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, y el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, contradice políticas como la Resolución 840 de 2014, que declara a la trucha común, europea y arcoíris; la carpa, la tilapia negra y nilótica, y la perca americana como especies invasoras introducidas irregularmente al país. Para Francisco de Paula Gutiérrez, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se está violando el Convenio de Diversidad Biológica (Ley 165 de 1994), en la que se ordena a Minambiente controlar especies que causan daño.
Otro de los problemas, explica Luisa Lema, coordinadora de Política Pública del Fondo Acción, es que el decreto permite nombrar unas especies invasoras como domesticadas y cambiarles el estatus para fomentar la acuicultura, cuando en muchos países se ha visto su comportamiento colonizador. Por otra parte, se deja en evidencia que será en últimas la Aunap, y no la máxima autoridad ambiental, quien decida las especies que serán domesticadas, como si se tratara de cualquier especie cultivada, puntualiza Lema.
Con la normativa, el Ministerio de Ambiente reconoce el beneficio de la acuicultura en el sector rural y la necesidad de hacer repoblamiento de ecosistemas naturales, pero insiste que no se están transfiriendo funciones. Según esta cartera, la Aunap identificará las especies de peces que pueden ser domesticadas y MinAmbiente expedirá un concepto vinculante explicando los riesgos y las medidas a seguir para evitar daños a los ecosistemas, y en caso de evidenciarse alguno, la Aunap deberá informarlo inmediatamente a las corporaciones autónomas regionales. La polémica entre el Gobierno Nacional y organizaciones ambientales y académicas continúa.
En el río Magdalena han disminuido las especies nativas, mientras las especies
exóticas invasoras aumentan. A ello se suma el reciente hallazgo
del pez basa en dicha cuenca. / Imagen tomada de Colombia-inn.com.co
