La reconocida ONG pidió dar un debate informado sobre este tipo de medidas y dijo que de ninguna forma se le está abriendo la puerta a la práctica del aleteo.
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A través de un comunicado, la ONG sentó su posición frente a la resolución 350 de 2019, la cual resultó muy polémica por establecer una cuota de pesca de casi 500 toneladas de tiburones para 2020. Según Conservación Internacional, en el Decreto 2256 de 1991, compilado en el 1071 de 2015, en el capítulo 2, se creó el Comité Ejecutivo Para la Pesca (CEP) que lo integran el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), asesoradas por sus institutos de investigación adscritos. Esta instancia debe reunirse cada año con el fin de identificar las especies y los volúmenes susceptibles de aprovechamiento en el territorio nacional, con base en las mejores evidencias científicas disponibles.
El MADR expide el acto administrativo, previa aprobación por consenso de un documento técnico de propuesta de cuotas globales, y soportado por el acta de la reunión del Comité Ejecutivo para la pesca, es decir que no es la única instancia en la toma las decisiones.
En 2017 la AUNAP compiló en un acto administrativo (Resolución 1743 del 29 de agosto) toda la normatividad relacionada con tiburones (peces cartilaginosos), derogando las resoluciones 033 de 2008, la 0744 de 2012, la 0190 de 2013 y la 0375 de 2013 y unificando las medidas de ordenación, administración y control del recurso pesquero tiburones y rayas en el país.
En esa resolución, explica la ONG, se deja clara la prohibición de la pesca industrial dirigida a tiburones y rayas y se permite un porcentaje de captura incidental de estas especies. Además, es explícita la prohibición del ¨aleteo¨, entendido como aquella actividad en la que se cortan las aletas y se descarta el cuerpo del tiburón en el mar. “Es una realidad que las especies de tiburones en el país son consumidas por nuestras comunidades costeras y que cumplen un papel fundamental en la seguridad alimentaria, sin embargo, es indispensable un control de dichas poblaciones”.
En la Resolución 1743 de 2017, se especifica además que, si los tiburones capturados de manera incidental en la pesca industrial llegan a puerto con sus aletas adheridas al cuerpo, pueden ser sujetos de aprovechamiento integral, igualmente es permitido hacer cortes para que el almacenamiento de los individuos en los barcos sea viable y más efectivo. “Lo que resulta indispensable es el mejoramiento del control de los desembarcos para verificar los volúmenes, especies y tallas capturadas”.
Por otro lado, uno de los argumentos de Conservación Internacional para defender la resolución es que la comercialización y la exportación de tiburones es permitida en el país desde hace años, siempre y cuando se cumplan con los permisos expedidos por la AUNAP y para el caso de las exportaciones de aletas de tiburón, el proceso debe pasar por la Ventanila Única de Comercio Exterior (VUCE), cumpliendo con toda la documentación necesaria.
“Esta no es entonces la primera vez que se autoriza la comercialización de tiburones y de sus aletas. Adicionalmente, la cuota que se está estableciendo en la presente resolución no ha variado desde el 2016, y se mantiene en 125 toneladas para el Caribe y 350 toneladas para el Pacífico”.
“La resolución 350 de 2019 incluye la desagregación por especies para el caso de las aletas, con el fin de hacer un mayor control a la exportación de estos productos, que han salido del país agrupados en una categoría general como ¨aletas de tiburón¨, lo cual no permite hacer trazabilidad sobre las especies de interés. Para eso se ha hecho un trabajo conjuntamente entre el MADR y el MADS, en el desdoblamiento de algunos códigos arancelarios, que permitan un mayor control de las exportaciones y que esto sea más efectivo”, explica en el comunicado.
Sobre la advertencia de Sandra Bessudo y otros ambientalistas, en relación con las especies que son consideradas bajo amenaza, en el caso específico de las especies de tiburones que están listadas en la resolución, estas se encuentran en el Apéndice II de la CITES, que permite su aprovechamiento, bajo controles estrictos y una trazabilidad adecuada. El MADS es la autoridad CITES en Colombia, y son ellos quienes deben expedir el permiso de comercialización y exportación en caso de requerirse.
“Finalmente, consideramos que es indispensable conocer a profundidad las implicaciones de este tipo de resoluciones, antes de hacer afirmaciones no sustentadas adecuadamente y que pueden generar confusiones y malas interpretaciones. Igualmente creemos que resulta imperante el fortalecimiento de las acciones de control y vigilancia, e invitamos a continuar trabajando de manera coordinada entre los diferentes sectores, con el apoyo incondicional de las organizaciones privadas y de la academia e institutos e investigación”.
Gobierno dice que quiere evitar la sobreexplotación
En el marco de la Primera ‘Cumbre Colombia Rural: innovación, seguridad y desarrollo en el campo’, el Ministro de Agricultura Andrés Valencia, ratificó que en el país no se ha aumentado la cuota de pesca de tiburones, por el contrario, desde el Gobierno Nacional se busca intensificar el control a la pesca artesanal incidental, evitando de esta manera el deterioro del recurso.
Por su parte Ricardo Lozano, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible afirmó que gracias a la resolución 1743 del 2017, “en Colombia es más estricto el control a la pesca de tiburón, evitando así que países como Panamá, Ecuador y el corredor Asiático distribuyan ilegalmente este producto generando una sobreexplotación del recurso”.
Finalmente se acordó promover un trabajo pedagógico y académico para capacitar a la comunidad involucrada en el ejercicio de la pesca, identificar posibles amenazas, extinción de especies y evitar la ilegalidad en Colombia.
Gobierno permite la pesca de casi 500 toneladas de tiburón en 2020 y autoriza comercio de sus aletas
