La normatividad del país ha dado prelación a la regulación de la recolección y la disposición en rellenos sanitarios, obviando el reciclaje, sus impactos ambientales y sus oportunidades de mercado. Colombia aún no tiene una política estructural.
Por Patricia Forero
A pesar del ruido político alrededor del reciclaje, y de que el 58,2 por ciento de los colombianos consideran que el manejo de los residuos sólidos y la basura es un tema prioritario ambiental que los afecta —incluso más que el manejo del agua—, la realidad es que, según cifras del Ministerio de Ambiente, apenas un 17 por ciento de las 28.000 toneladas diarias de residuos sólidos que se generan en los 1.102 municipios del país se reincorporan al ciclo económico, separe usted, o no, su basura.
Únicamente unas 5.000 toneladas diarias son reaprovechadas por industrias, mientras que el resto se dispone en rellenos sanitarios y, en ocasiones, en botaderos a cielo abierto y enterramientos. Muchos de los rellenos sanitarios del país, además, están en la mira de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por no adelantar las gestiones necesarias para ampliar sus áreas con el debido manejo y licencias, en ocasiones sobresaturando estos vertederos.
A todo este panorama se suma un ingrediente más: el material que reutilizan las industrias es recuperado en un 51 por ciento por recicladores de oficio, a través de un sistema aún informal, a pesar de que hace más de 25 años que estos recolectores se han organizado en asociaciones en Colombia.
Aunque las instituciones dedicadas a la materia reconocen el compromiso y los altos estándares de reciclaje de la industria privada colombiana para productos como vidrio, cartón, papel y plástico, todas coinciden en que es crítico reducir el nivel de informalidad del primer eslabón de separación, recolección y bodegaje de estos y otros materiales recuperables, así como incluir en la normatividad colombiana y en los sistemas de recolección y disposición de basuras los costos de los pasivos ambientales (e incentivos) para las empresas, con el fin de que pueda ser atractivo reciclar y promover una responsabilidad extendida de la industria en todo su ciclo de producción. Más cuando las materias primas vírgenes pueden tener un precio menor frente a las reciclables o el costo de reciclar puede no compensar el cambio.
“Los rellenos sanitarios están mejor que hace 15 años.
Lo que hace falta es una política nacional que
articule condiciones uniformes de prestación de servicios”
Silvia Yepes, exdirectora de la CRA
“Los sistemas de aseo del país deben poner el uso de los residuos en una jerarquía muy distinta. Llevamos años privilegiando el enterramiento de nuestra basura sobre el reciclaje o el aprovechamiento de esos residuos; eso tiene que invertirse, como se ha hecho en Brasil y en Europa”, explica Ricardo Valencia, director estratégico de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR).
Para Valencia, “también necesitamos políticas de responsabilidad extendida del productor para que las empresas utilicen materiales reciclados y existan incentivos para toda la economía, porque en la actualidad solo unas cuantas empresas están adoptando los esfuerzos por reciclar y eso significa que la carga en materia de costos recae sobre unos pocos jugadores, lo que les resta competitividad”.
Villavicencio, Meta. Esta celda ha agotado su capacidad y ha empezado a cerrarse en el Relleno Sanitario
Parque Ecológico Reciclante de Villavicencio. / Foto: Cortesía Bioagrícola del Llano
Colombia entonces, aún en sus últimas políticas normativas, incluida la Ley de Servicios Públicos, no asume reformas estructurales que, además de regular el aseo y el manejo comedido de los rellenos sanitarios, incorporen a empresas privadas y a ciudadanos, estableciendo incentivos, esquemas de funcionamiento e infraestructura hacia otros sistemas de manejo de residuos más integrales y sostenibles que podrían, incluso, “abrir la posibilidad de exportar materiales para embalajes y envases a países que los demandan para cumplir con certificaciones ambientales”, como afirma Pierre Urriago, director sectorial de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Asociación
Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).
“El problema es que el reciclaje debería ser una política integral del Estado que equipare tanto la demanda como la oferta de un bien y que exija disminuir el uso de insumos no renovables para que haya un real impacto ambiental. Ecuador, por ejemplo, tiene una política de aprovechamiento de Estado con impactos considerables. En Colombia, apenas la iniciativa de la OEA y el Ministerio de Comercio para incentivar la producción industrial en ciclo cerrado es un buen principio”, agrega Urriago.
“Faltan modalidades de reaprovechamiento
con mayores beneficios sanitarios,
ambientales, sociales y económicos”
Carmen Mosquera, ingeniera ambiental
Y es que mientras en el mundo se establecen políticas para reducir la cantidad de residuos que llegan a estos rellenos debido a los impactos que generan al subsuelo, a los acuíferos y a su alrededor, el país tiene una deuda ambiental con la región. “Colombia debería avanzar hacia alternativas mejores que enterrar, y fijar una infraestructura y una política pública de país completa que establezca una meta porcentual para los rellenos sanitarios, así como otras metas porcentuales para otras opciones como la reincorporación de materiales a la cadena productiva, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje e incentivos a ciertas industrias para el reaprovechamiento”, comenta Silvia Yepes, exdirectora de la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA) y actual asesora en WGroup Corporation.
Para Carmen Mosquera, ingeniera ambiental y sanitaria especializada en tratamiento de residuos, “hay que tener más rutas selectivas y una mayor educación comunitaria, siendo una muy importante el compostaje. Faltan modalidades de reaprovechamiento con mayores beneficios sanitarios, ambientales, sociales y económicos”.
Bogotá. En la capital del país hay 10.600 recicladores, según la Uaesp. A cambio de un kilo de botellas pet
reciben 500 pesos. / Foto: Henri Barras
Se necesitan otras condiciones
Yepes es enfática en decir que “el país no está disponiendo mal. Los rellenos sanitarios están mejor que hace 15 años. Lo que verdaderamente hace falta es una política nacional que articule condiciones uniformes de prestación de servicios, ofrezca alternativas más baratas que un relleno y estructure esquemas de disposición final ambientalmente más sostenibles y que cuantifiquen beneficios y costos ambientales para generar una industria que quiera comprar el reciclado”.
En este sentido, para incluir el aprovechamiento en el servicio público, falta desarrollar una infraestructura pública adecuada y un sistema de costos de servicios públicos que cubra el reciclaje, los servicios de transporte y el enterramiento de residuos ordinarios. Así, no solo se facilitaría la integración y la formalización de los recicladores, sino que llevaría a otro tipo de gestión de residuos, donde los operadores pasen de ver el negocio como transportadores de residuos a los rellenos, para ser recuperadores de materiales industriales.
A un centro de acopio llegan en promedio 2 toneladas de material reciclable.
Un kilo de periódico se compra en 150 pesos. / Foto: Andrés Henao Álvarez
“Hoy en día, a las empresas de aseo ordinarias no solamente se les cubre el 100 por ciento de su costo, sino unos márgenes de utilidad que los estudios han demostrado que están muy por encima de lo estimado cuando se diseñaron las metodologías, que funcionan ahora, mientras que a los recicladores se les está proponiendo en Colombia un pago que corresponde, según nuestros estudios, al 30 por ciento de su costo de operación ordinaria”, dice Valencia.
Además, algunas normativas actuales, por su ambigüedad, confunden y entorpecen emprendimientos de reciclaje con declaraciones como las del Auto Constitucional 275 de 2011, que en su búsqueda por reafirmar los derechos al trabajo y la dignidad humana, establece el “privilegio de minorías dedicadas al reciclaje por encima de expectativas comerciales de particulares oferentes”, lo que no permite tener claridad ni seguridad jurídica sobre los posibles negocios ambientales, así se tenga la intención de incluir a los recicladores de oficio.
“Las basuras son un tema técnico y de salud pública. La regulación actual se quedó corta en el tema de incentivos y multas para la separación, en las áreas e infraestructura técnica para la recolección y clasificación, en la articulación de los actores, la reducción de intermediarios, el establecimiento de precios justos para recicladores y en las condiciones para exigir un mejor servicio a los recicladores”, concluye Lucía Bohórquez, exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y actual consultora en hábitat, vivienda y servicios públicos.
