Miércoles, 30 Abril 2025
Internacional

Comisión Europea presenta “Plan Marshal” de recuperación verde

La propuesta de “recuperación verde” comprende renovación y recuperación de edificios, estímulo a energías renovables e hidrógeno, transporte sostenible, economía circular.

Políticas Nacionales Ambientales

Conpes 3700 de 2011

Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en Materia de Cambio Climático en Colombia

Columnistas Invitados

Crecimiento “verde” en Colombia, un asunto holístico que requiere una visión compartida

Mauricio Rodríguez Castro

Cada vez más, la sociedad actual ejerce una mayor presión sobre la biosfera, se contaminan las aguas limpias, el aire limpio se reduce por la contaminación atmosférica y los gases de efecto invernadero impactan negativamente en el balance natural de nuestro planeta. Estamos acabando con las tierras arables fértiles, con la diversidad y con ecosistemas estratégicos para nuestra supervivencia.

Ello requiere un modelo económico que busque estar en armonía con el medio ambiente, pues los recursos que antes creíamos ilimitados son cada vez más escasos. El mundo demanda un cambio en el modelo de desarrollo.

Es entonces cuando surge la necesidad del crecimiento verde, concepto que significa fomentar el desarrollo garantizando que los ecosistemas continúen proporcionando en el tiempo los recursos de los que depende el bienestar social.

Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta y por ello tiene un altísimo potencial para ser una economía verde integral y envolvente, que no solo permita nuestra diferenciación en el sistema económico global, sino que logre consolidarnos como líderes en una economía sostenible, verde y limpia, generando nuevas empresas, nuevos empleos, inyectando ese nuevo factor de competitividad que requiere nuestra nación para ser mucho más diferenciada en un mundo cada vez más globalizado.

La implementación de una economía verde trae consigo beneficios económicos y sociales, como ahorros sustanciales en el uso eficiente de los recursos, el agua, la energía, los insumos agrícolas e industriales, así como nuevas alternativas económicas mediante la adopción de prácticas sostenibles que pueden generar nuevos ingresos adicionales, productos reutilizables certificados, bonos de carbono, etc.

Sin embargo, quien hoy lidera esta política, que es totalmente transversal, es el débil Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para nadie es un secreto que una de las carteras más estratégicas para el desarrollo del país maneja uno de los presupuestos más bajos de la Nación: solo el 0,3%. Entretanto, el Ministerio de Minas y Energía gestiona el 1,7%, casi seis veces más.

Y ahí se ven errores como tratar de generar más energía eléctrica a través de termoeléctricas, que requieren carbón, gas y petróleo para producir los megavatios que faltan para suplir nuestra sedienta demanda de energía. Eso es energía sucia y muy costosa frente a la producción de energía limpia o sostenible por medio de las mal llamadas fuentes no convencionales de energía renovable (FNCE), que ya no tienen nada de no convencionales. Parece que la UPME o el IPSE no asesoran a su ministro para promover y facilitar la generación eléctrica a través de estas fuentes de energía limpia.

No es algo nuevo ni poco utilizado. Costa Rica logró este año casi 300 días sin utilizar un gramo de carbón o un litro de bunker para producir energía. Los costarricenses sí lograron desarrollarse a partir de este tipo de políticas, generando un país ejemplar en este sentido.

Una regla básica de la economía nos dice que producir a partir de un bien finito influye en el precio debido a su escasez, y que un bien o servicio que se produce bajo la base constante de una renovabilidad infinita hace que el precio de estos bienes y servicios tenga una tendencia a la baja o a mantenerse. ¿No es esto evidente para todos? Lo que es peor: muchos no logran relacionar que el problema que tenemos con el fenómeno de El Niño no es más que parte de un incipiente efecto invernadero o cambio climático que crece exponencialmente en todo nuestro planeta, con sus consecuencias directas en nuestro ambiente, en nuestra economía y en nuestra sociedad en general.

Por todo ello, en nuestro país es urgente que hablemos un mismo lenguaje, porque hoy somos una torre de babel.

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Editorial

En contra de las energías renovables

Así como frente al reciclaje de residuos domiciliarios, hay fuerzas que funcionan en contra de las energías renovables y de su participación en el mercado eléctrico nacional.

No hay en Colombia, como sí la hay en muchos países, una regulación que logre alinear la reducción de emisiones y los beneficios ambientales con una operación rentable para los operadores de este mercado. Los dos Ministerios responsables y las dos Comisiones de Regulación han optado por proteger el statu quo y así a jugadores que desprecian el interés general.

Desconocen estos funcionarios públicos los compromisos que Colombia ha asumido en los tratados internacionales ambientales y el ambicioso compromiso reciente de reducción de emisiones que adquirió en la COP 21. Es plenamente factible tener una economía vibrante con mejores criterios de sostenibilidad. La innovación en estos dos frentes viene avanzando en el mundo a pasos acelerados y Colombia se queda atrás por falta de una regulación actualizada a los tiempos. Ello se refleja también en las cada vez más beligerantes discusiones públicas sobre la responsabilidad ambiental que esperan los ciudadanos de las empresas y las instituciones públicas.

La ley de energías renovables es de 2014, y ni el racionamiento eléctrico voluntario de principios de 2016 impulsó a la CREG ni a la ANLA a expedir una regulación que viabilizara la participación de estas energías en el mercado eléctrico nacional. Es posible que sólo las vean como marginales, en busca de proteger tanto el statu quo como a los jugadores tradicionales de este mercado que migran con lentitud a estas fuentes renovables. El hecho de que la fuente hidráulica sea mayoritaria en la matriz energética de Colombia no quiere decir que no fue a altos costos ambientales y que no sea necesario mejorar la relación costo/beneficio actual y el manejo de riesgos.

Sólo faltaría que la regulación que expidan estas autoridades sea inocua y en realidad nada estimule. Hasta los evidentes cambios climáticos deberían motivar la expedición de una reglamentación eficaz que incorpore las demás fuentes renovables al mercado eléctrico nacional.

Sería además lamentable que el Ministerio de Ambiente sólo busque en empresas de distintos sectores industriales que ya cumplen la norma de calidad de aire, fuentes para reducir las emisiones del país que comprometió en la COP 21. Hay espacio para reducir emisiones a través del uso de estas fuentes renovables de energía y en la posibilidad de evitar deforestación con el ejercicio de autoridad de las CAR.

Estas dos dimensiones son centrales en los avances hacia una economía vibrante y sostenible. La CREG y la ANLA están llamadas a ubicar a Colombia en el sitial que le corresponde como país megadiverso.
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