Lunes, 18 Noviembre 2019
Columnistas Invitados

Crecimiento verde: más que innovación una solución

Escrito por Álvaro Henao Mera
Abogado, fundador firma Manglar Abogados, exasesor MinAmbiente, Profesor Universidad del Rosario, Icesi, Javeriana
Foto Alvaro Henao
 
La escasez de recursos naturales renovables y no renovables, así como también el daño actual por el uso indiscriminado de los mismos, ha hecho que tengamos la necesidad de propender por la creación de políticas que impulsen la innovación como base de un crecimiento sostenido. Con ello sin duda, se da lugar a la creación de nuevas oportunidades económicas, manteniendo la capacidad de proveer los bienes y servicios ambientales.

En Colombia (CONPES 3934 de 2018) se calcula que anualmente el Estado invierte un total de 16,6 billones de pesos (2.08%. del PIB) en inversiones relacionadas con el agotamiento de los recursos naturales, y aunque seamos uno de los países más ricos en biodiversidad, nuestra economía aún no plantea una contribución a la diversificación de la economía basada en la creación de nuevos incentivos en los bienes y servicios ambientales. Según datos del Departamento Nacional de Planeación – DNP (2017) Colombia es ineficiente en el uso del agua, la tierra y las materias primas, lo que genera bajos ingresos por el uso de sus recursos, identificando como principales problemáticas la baja diversificación de la matriz eléctrica, el desarrollo incipiente de negocios verdes, el ineficiente uso del recurso hídrico y bajo nivel en el reúso de aguas grises residuales y lluvias, la baja productividad del uso de la tierra y deficiente desempeño ambiental del sector agropecuario en Colombia, entre otros.

Es precisamente bajo este contexto que se vuelve necesario para los diferentes sectores apostar por la innovación en el manejo de los recursos naturales, teniendo siempre en consideración tres puntos importantes a la hora de argumentar su relevancia. El primero de ellos es el punto económico, el segundo el legal y el tercero es la mirada del consumidor.

Desde el punto económico, vale la pena destacar que los procesos de innovación en crecimiento verde, en ocasiones se tornan costosos, bien sea porque implican una labor de renovación tecnológica, o porque los insumos que se deben modificar exceden en valor los insumos utilizados en procesos tradicionales. Dichos cambios en costos, requieren diferentes incentivos para las empresas, con el ánimo de incrementar los procesos de producción sostenibles. En materia económica, vale la pena analizar (a modo de ejemplo), cómo el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019) le está apostando a la innovación. Para citar tan sólo un ejemplo, vale la pena destacar el artículo 174 del PND, el cual determinó incentivos a la generación de energía eléctrica con fuentes no convencionales, buscando el fomento a la investigación, el desarrollo e inversión en el ámbito de producción y la gestión eficiente.

En materia legal ambiental, nuestra legislación seguirá tranformándose, y noticias relacionadas con la existencia de nueva regulación que propenda por la eliminación del plástico, la obligatoriedad de los procesos de reciclaje, ahorro en el consumo de agua, políticas de reúso, implementación de nuevos valores máximos permisibles de cargas contaminantes, obligatoriedad de implementación de energías renovables, u otras muchas normas, serán cada vez más usuales. Así por ejemplo, vale la pena llamar la atención como la Directiva EU 2019/904 del Parlamento Europeo dispone prohibir para el 5 de junio de 2021 la introducción al mercado de productos de plástico de un sólo uso. Dicha norma, que no tiene una injerencia directa en Colombia, muestra realmente que la preocupación por un crecimiento verde, es una política global, que tarde o temprano terminará impactando nuestra legislación.

Por último, vale la pena destacar que la nueva generación de consumidores le apuesta a un cambio estructural para la reducción del impacto ambiental, siendo en consecuencia cada vez más usual, que de manera orgánica, el consumidor elija productos que le apuesten a un uso racional y sostenible de los recursos naturales y que se invierta cada vez más, en el concepto de marketing verde, que sin duda ha demostrado que puede dejar réditos en el posicionamiento de la marca.

Estas razones anteriormente expuestas, sumada a la más importante que es garantizar los recursos naturales a nuestras generaciones futuras, hacen pensar que el crecimiento verde más que una innovación es hoy en día una solución que permitirá ir a la vanguardia en el marketing y en el cumplimiento de la normatividad. 

Editorial

El complejo mundo de las Normas Ambientales

Por Cecilia Rodríguez González-Rubio
Presidenta de Catorce6

El proceso de conformación de las normas ambientales en Colombia se inició aún desde la Conquista, y en nuestros días se ha acelerado por obvias razones. Sin embargo, su claridad y facilidad de aplicación siguen siendo el gran desafío.

Las referencias a los recursos naturales desde la época de la Conquista hasta bien entrado el siglo XX tienen en general el enfoque de riquezas a explotar.

Un buen ejemplo es el caso del valle de Fúquene exaltado por su fertilidad desde el siglo XVI; y en 1822 la Secretaría del Interior otorgó una concesión al Capitán José Ignacio París de todos los terrenos… que pudiera desecar. A principios de siglo el gobierno de Rafael Reyes pagaba $23 pesos por hectárea allí desecada. Incluso ya en 1984 se construyó un canal perimetral para evitar que el agua la alimentara de manera natural. Pero hoy hay muchas investigaciones dedicadas a entender el fenómeno que los antepasados crearon y análisis de opciones para revertirlo, así como profundas preocupaciones por la reducción del espejo de agua.

En cuanto a lo forestal vemos que la Ley 2 de 1959, al declarar zonas de reserva forestal, en realidad buscó resaltar el potencial de desarrollo de una economía forestal. Quizá en ese momento se comenzó a sentir que los recursos naturales podían agotarse si no se manejan con criterios de sostenibilidad. El país venía en una acelerada deforestación originada en unas normas expedidas por el gobierno que fueron mal concebidas para lo que se buscaba. Enrique Olaya Herrera, en medio de la crisis económica, logró en 1931 la expedición de la Ley 93 que abrió la posibilidad de explotar los bosques para fomentar el crecimiento económico, sin considerar medidas para su regeneración como si se tratara de un recurso ilimitado. Ello lo complementa Alfonso López Pumarejo cinco años después con la expedición de la ley 200 de 1936 que es considerada la primera reforma agraria en Colombia. Establece que quien tuviera tierra debía explotarla económicamente y el que no lo hiciera sería expropiado, además de estimular la deforestación de tierras “incultas”.

De esta manera en Colombia la deforestación tuvo un respaldo institucional a diferencia de otros países. Con el Código de Recursos Naturales de 1974, la Constitución de 1991 y la Ley 99 de 1993 hay un cambio trascendental en el devenir de la regulación ambiental.

La cosmovisión de cada grupo humano modela el desarrollo legal, así como el sistema de valores y las actividades cotidianas. Los zenues tenían un inmenso sistema de canales con los que controlaban los regímenes extremos de lluvias en la zona de Córdoba y Sucre, pero con la llegada de los españoles se arrasaron creyendo tener una mejor comprensión de esa realidad.

La normatividad ambiental influye las actividades cada vez más, y su desarrollo ha generado un entramado complejo y a veces desarticulado. En Catorce 6 decidimos brindar a los lectores además de noticias las normas ambientales organizadas por temas o recursos naturales para hacer un modesto aporte a la sociedad en este ámbito. Las inquietudes de empresas y ciudadanos por entenderlas es creciente y merece abrir debates al respecto.

Editorial

La angustia ambiental que nos recuerda la OCDE

Por Cecilia Rodríguez González-Rubio

Presidenta de Catorce6 

La OCDE, que para muchos puede parecer una organización inocua, tiene como objetivo coordinar las políticas económicas y sociales de sus países miembros para impulsar la prosperidad y combatir la pobreza. Lograr ser aceptados en esa organización no es el premio final, es un compromiso permanente de avanzar hacia un estado superior de bienestar para sus gentes. Tiene la ventaja de que posee inconmensurables canteras de conocimientos y experiencias de otros países, útiles para evitar errores y aprovechar aciertos.

Ahora la OCDE le sugiere a Colombia que adopte una nueva legislación ambiental, en particular sobre los residuos domiciliarios, los residuos peligrosos y las licencias ambientales.

Diariamente nos estamos llenando de residuos, pero los avances para evitarlo son de a milímetro por década. Se estima en 40.000 ton/día la producción diaria de residuos domiciliarios, además de la generación diaria de residuos peligrosos como llantas usadas, baterías agotadas, equipos eléctricos y electrónicos, bombillos quemados, medicamentos vencidos, etc. Son muchas las opciones que existen para el reciclaje y aprovechamiento de estos, y muy poca la vigilancia de las CAR y las autoridades ambientales urbanas, así como muy lento el avance del Ministerio de Ambiente en la regulación. De otra parte, las metas de los programas posconsumo de la Andi son muy tímidas. El problema exige una velocidad mayor.

Es muy importante que el plan de acción no lo impongan los generadores de los residuos u operadores, en quienes prima el cuidado de su economía. De lo mismo adolece la Comisión de Regulación de Agua y Aseo, con un agravante muy delicado. Después de que expiden las modificaciones a la regulación, los municipios deben esperar que se venzan los contratos con sus operadores para adoptarlas. De manera que un cambio hoy solo lo verán los ciudadanos y el país varios años después. Urgen acciones prontas para corregir esta desarticulación institucional y dejar atrás el desgobierno. ¡Qué angustia!

Es fundamental que el plan de acción
no sea impuesto por los generadores de
residuos u operadores, en quienes prima
el cuidado de su economía

Los jóvenes y los visitantes de países prósperos no entienden cómo no hay un reciclaje eficaz en Colombia; peor aún, siendo un país megadiverso.

El licenciamiento ambiental adolece de la misma desarticulación. La más grave es que primero se diseñan los proyectos y después se piensa en el aspecto ambiental, por la necesidad de la licencia. La regulación ambiental no impuso criterios previos a los diseños finales. Por ello así actúan la mayoría de los privados, pero más grave todavía es que así actúan también el Iinvías, Minstransporte, Minminas, Minagricultura, el Fondo de Adaptación, las alcaldías, las gobernaciones, etc.

De esta lógica invertida salen las solicitudes de licencias ambientales. Y para rematar el procedimiento, la Anla exige diseños de los proyectos, en lugar de exigir en materia de máximos impactos permitidos. Ello va en contra del ambiente y de los proyectos. Fortalece un Estado que honra la tramitología y estimula los “peajes” en lugar de la protección ambiental.

Atender esta recomendación de la OCDE es imperativo y urgente.

Agenda Legislativa y Reglamentaria

Proyecto de Ley Concertación minera

Propone realizar una concertación minera entre las autoridades municipales y las autoridades del nivel nacional en la delimitación y declaración de las zonas donde se habilita la realización de actividades mineras –que no deja sin efectos y en ningún caso limita la posibilidad de activar los mecanismos de participación popular previstos en la ley.
Agenda Legislativa y Reglamentaria

Proyecto de Ley Consejos Territoriales de Planeación en materia ambiental

Busca fortalecer la gestión ambiental municipal y garantizar, por mandato de la Corte Constitucional, la participación activa y eficaz a las entidades municipales y por ende a la ciudadanía en materia ambiental y especialmente sobre la protección de su patrimonio natural y cuencas hídricas.
Agenda Legislativa y Reglamentaria

Proyecto de Ley para el Derecho Fundamental al agua

Pretende establecer “el agua como derecho fundamental, dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia”

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