Domingo, 9 Agosto 2020
Editorial

El complejo mundo de las Normas Ambientales

Por Cecilia Rodríguez González-Rubio
Presidenta de Catorce6

El proceso de conformación de las normas ambientales en Colombia se inició aún desde la Conquista, y en nuestros días se ha acelerado por obvias razones. Sin embargo, su claridad y facilidad de aplicación siguen siendo el gran desafío.

Las referencias a los recursos naturales desde la época de la Conquista hasta bien entrado el siglo XX tienen en general el enfoque de riquezas a explotar.

Un buen ejemplo es el caso del valle de Fúquene exaltado por su fertilidad desde el siglo XVI; y en 1822 la Secretaría del Interior otorgó una concesión al Capitán José Ignacio París de todos los terrenos… que pudiera desecar. A principios de siglo el gobierno de Rafael Reyes pagaba $23 pesos por hectárea allí desecada. Incluso ya en 1984 se construyó un canal perimetral para evitar que el agua la alimentara de manera natural. Pero hoy hay muchas investigaciones dedicadas a entender el fenómeno que los antepasados crearon y análisis de opciones para revertirlo, así como profundas preocupaciones por la reducción del espejo de agua.

En cuanto a lo forestal vemos que la Ley 2 de 1959, al declarar zonas de reserva forestal, en realidad buscó resaltar el potencial de desarrollo de una economía forestal. Quizá en ese momento se comenzó a sentir que los recursos naturales podían agotarse si no se manejan con criterios de sostenibilidad. El país venía en una acelerada deforestación originada en unas normas expedidas por el gobierno que fueron mal concebidas para lo que se buscaba. Enrique Olaya Herrera, en medio de la crisis económica, logró en 1931 la expedición de la Ley 93 que abrió la posibilidad de explotar los bosques para fomentar el crecimiento económico, sin considerar medidas para su regeneración como si se tratara de un recurso ilimitado. Ello lo complementa Alfonso López Pumarejo cinco años después con la expedición de la ley 200 de 1936 que es considerada la primera reforma agraria en Colombia. Establece que quien tuviera tierra debía explotarla económicamente y el que no lo hiciera sería expropiado, además de estimular la deforestación de tierras “incultas”.

De esta manera en Colombia la deforestación tuvo un respaldo institucional a diferencia de otros países. Con el Código de Recursos Naturales de 1974, la Constitución de 1991 y la Ley 99 de 1993 hay un cambio trascendental en el devenir de la regulación ambiental.

La cosmovisión de cada grupo humano modela el desarrollo legal, así como el sistema de valores y las actividades cotidianas. Los zenues tenían un inmenso sistema de canales con los que controlaban los regímenes extremos de lluvias en la zona de Córdoba y Sucre, pero con la llegada de los españoles se arrasaron creyendo tener una mejor comprensión de esa realidad.

La normatividad ambiental influye las actividades cada vez más, y su desarrollo ha generado un entramado complejo y a veces desarticulado. En Catorce 6 decidimos brindar a los lectores además de noticias las normas ambientales organizadas por temas o recursos naturales para hacer un modesto aporte a la sociedad en este ámbito. Las inquietudes de empresas y ciudadanos por entenderlas es creciente y merece abrir debates al respecto.

Columnistas Invitados

El debate ambiental: un gran desafío de nuestra legislación

Escrito por Álvaro Henao Mera
Abogado, exasesor MinAmbiente, Profesor Universidad del Rosario, Icesi, Javeriana
Foto Alvaro Henao
 

La cotidianidad con la que día a día se comienzan a debatir en nuestro país los asuntos ambientales, ha hecho que las decisiones asumidas en torno a la protección y conservación de los recursos naturales, se constituyan en un tema trascendental para los ciudadanos. Noticias relacionadas con cambio climático, minería, deterioro de los recursos, protección animal y derechos del ambiente, son cada vez más usuales, siendo escenario de debate la viabilidad de políticas públicas, la creación, modificación o derogatoria de la normatividad ambiental y su aplicación.

Lo cierto del caso, es que dicho interés que ha suscitado la protección del ambiente, nos lleva a considerar que hoy el debate ambiental que dan los ciudadanos está dando un giro trascendental que debe ser asumido con suficiente responsabilidad por quienes que se encuentran elaborando las normas y políticas, quienes las operan y quienes deben aplicarlas.

La Constitución Política ya había avizorado esta realidad, en el artículo 79 se fijó que la ley debe garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, y dicha participación implica sin lugar a dudas, que los ciudadanos logren entender las connotaciones que tienen las decisiones que se asuman en torno a la protección de los recursos naturales. No obstante, pareciera que aún nos cuesta como Estado, dar a conocer las impliciaciones que puede tener la implementación de las políticas ambientales que se establezcan por parte de las diferentes autoridades. Situaciones puntuales, como las discusiones de la Reserva Van Der Hammen, la delimitación del páramo de San Turbán, las cuotas de pesca de tiburones y aletas, la  declaración de diversos ríos como sujetos de derecho, entre otros casos renombrados, nos hace pensar que la institucionalidad ambiental no ha logrado de manera suficiente que el ciudadano entienda la relación de las políticas con la protección, o peor aún, que el ciudadano tienda a pensar que se puedan estar creando políticas en contra de los intereses de protección de los recursos naturales.

Las causas de esta  situación pueden ser múltiples, por tan sólo mencionar algunas de ellas valdría la pena resaltar las siguientes: (i) las diferentes autoridades del Estado  no se toman el tiempo de entender las relaciones existentes entre las medidas asumidas y el cuidado y preservación de los recursos naturales; (ii) se evidencia una ausencia de participación de la comunidad en la toma de decisiones ambientales; (iii) la agenda ambiental marcada por las redes sociales, en muchas ocasiones más que informar realidades, nos muestra distorsiones que pueden hacer perder credibilidad a los discursos de protección y conservación de los recursos; (iv) las autoridades nacionales asumen decisiones sin considerar las regiones o las implicaciones que se puedan causar en el territorio; (v) la protección de los recursos se deja en manos de la rama judicial, quien no cuenta con la suficiente capacidad para tomar decisiones que consideren todos los aspectos relevantes a nivel ambiental.

Lejos de pensar que el verdadero problema sea que el Gobierno Nacional y las Autoridades Ambientales expiden políticas en contra de la protección de los recursos naturales, creo que si vale la pena que la institucionalidad del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, se cuestione sobre la necesidad de analizar las implicaciones de su normatividad, garantizando la participación de las comunidades y logrando de esta manera que se dimensione, entienda y comprenda los desafíos, retos  y alcances que traen consigo.  Igualmente, es necesario que en el marco de las funciones asignadas a las Corporaciones Autónomas Regionales se acerquen las decisiones nacionales al territorio, haciéndolas compatibles con las realidades locales.

De esta manera, es evidente que la protección del ambiente implica nuevos retos, necesitamos nuevos escenarios que permitan que todos cumplamos nuestra obligación constitucional de protección del ambiente, necesitamos que desde la institucionalidad del SINA se abran los espacios de discusión y de entendimiento de las normas, que los usuarios indaguen mucho más allá de las redes sociales, y que los jueces conozcan las implicaciones de sus decisiones, apoyando entonces la idea de que en Colombia necesitamos la creación de una jurisdicción ambiental que pueda determinar con precisión el alcance de sus fallos.

 
Legales

En consulta nueva regulación para plantas solares de pequeña escala y domésticas

CREG publicó borrador de directrices para la remuneración del servicio de energía eléctrica mediante soluciones individuales solares fotovoltaicas.

Editorial

La angustia ambiental que nos recuerda la OCDE

Por Cecilia Rodríguez González-Rubio

Presidenta de Catorce6 

La OCDE, que para muchos puede parecer una organización inocua, tiene como objetivo coordinar las políticas económicas y sociales de sus países miembros para impulsar la prosperidad y combatir la pobreza. Lograr ser aceptados en esa organización no es el premio final, es un compromiso permanente de avanzar hacia un estado superior de bienestar para sus gentes. Tiene la ventaja de que posee inconmensurables canteras de conocimientos y experiencias de otros países, útiles para evitar errores y aprovechar aciertos.

Ahora la OCDE le sugiere a Colombia que adopte una nueva legislación ambiental, en particular sobre los residuos domiciliarios, los residuos peligrosos y las licencias ambientales.

Diariamente nos estamos llenando de residuos, pero los avances para evitarlo son de a milímetro por década. Se estima en 40.000 ton/día la producción diaria de residuos domiciliarios, además de la generación diaria de residuos peligrosos como llantas usadas, baterías agotadas, equipos eléctricos y electrónicos, bombillos quemados, medicamentos vencidos, etc. Son muchas las opciones que existen para el reciclaje y aprovechamiento de estos, y muy poca la vigilancia de las CAR y las autoridades ambientales urbanas, así como muy lento el avance del Ministerio de Ambiente en la regulación. De otra parte, las metas de los programas posconsumo de la Andi son muy tímidas. El problema exige una velocidad mayor.

Es muy importante que el plan de acción no lo impongan los generadores de los residuos u operadores, en quienes prima el cuidado de su economía. De lo mismo adolece la Comisión de Regulación de Agua y Aseo, con un agravante muy delicado. Después de que expiden las modificaciones a la regulación, los municipios deben esperar que se venzan los contratos con sus operadores para adoptarlas. De manera que un cambio hoy solo lo verán los ciudadanos y el país varios años después. Urgen acciones prontas para corregir esta desarticulación institucional y dejar atrás el desgobierno. ¡Qué angustia!

Es fundamental que el plan de acción
no sea impuesto por los generadores de
residuos u operadores, en quienes prima
el cuidado de su economía

Los jóvenes y los visitantes de países prósperos no entienden cómo no hay un reciclaje eficaz en Colombia; peor aún, siendo un país megadiverso.

El licenciamiento ambiental adolece de la misma desarticulación. La más grave es que primero se diseñan los proyectos y después se piensa en el aspecto ambiental, por la necesidad de la licencia. La regulación ambiental no impuso criterios previos a los diseños finales. Por ello así actúan la mayoría de los privados, pero más grave todavía es que así actúan también el Iinvías, Minstransporte, Minminas, Minagricultura, el Fondo de Adaptación, las alcaldías, las gobernaciones, etc.

De esta lógica invertida salen las solicitudes de licencias ambientales. Y para rematar el procedimiento, la Anla exige diseños de los proyectos, en lugar de exigir en materia de máximos impactos permitidos. Ello va en contra del ambiente y de los proyectos. Fortalece un Estado que honra la tramitología y estimula los “peajes” en lugar de la protección ambiental.

Atender esta recomendación de la OCDE es imperativo y urgente.

Uncategorised

Normativa nacional frente al coronavirus

La Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) reunió en una matriz actualizada en tiempo real con la normativa colombiana respecto al coronavirus COVID-19

Legales

Nueva ley prioriza servicios públicos en programas sociales de proyectos de hidrocarburos y minería

Las inversiones en energía eléctrica, para cocción de alimentos y distribución, purificación y tratamiento de agua, incluirán energías renovables alternativas.

Legales
Agenda Legislativa y Reglamentaria

Proyecto de Ley Concertación minera

Propone realizar una concertación minera entre las autoridades municipales y las autoridades del nivel nacional en la delimitación y declaración de las zonas donde se habilita la realización de actividades mineras –que no deja sin efectos y en ningún caso limita la posibilidad de activar los mecanismos de participación popular previstos en la ley.
Agenda Legislativa y Reglamentaria

Proyecto de Ley Consejos Territoriales de Planeación en materia ambiental

Busca fortalecer la gestión ambiental municipal y garantizar, por mandato de la Corte Constitucional, la participación activa y eficaz a las entidades municipales y por ende a la ciudadanía en materia ambiental y especialmente sobre la protección de su patrimonio natural y cuencas hídricas.
Agenda Legislativa y Reglamentaria

Proyecto de Ley para el Derecho Fundamental al agua

Pretende establecer “el agua como derecho fundamental, dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia”

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