Desconocen estos funcionarios públicos los compromisos que Colombia ha asumido en los tratados internacionales ambientales y el ambicioso compromiso reciente de reducción de emisiones que adquirió en la COP 21. Es plenamente factible tener una economía vibrante con mejores criterios de sostenibilidad. La innovación en estos dos frentes viene avanzando en el mundo a pasos acelerados y Colombia se queda atrás por falta de una regulación actualizada a los tiempos. Ello se refleja también en las cada vez más beligerantes discusiones públicas sobre la responsabilidad ambiental que esperan los ciudadanos de las empresas y las instituciones públicas.

La ley de energías renovables es de 2014, y ni el racionamiento eléctrico voluntario de principios de 2016 impulsó a la CREG ni a la ANLA a expedir una regulación que viabilizara la participación de estas energías en el mercado eléctrico nacional. Es posible que sólo las vean como marginales, en busca de proteger tanto el statu quo como a los jugadores tradicionales de este mercado que migran con lentitud a estas fuentes renovables. El hecho de que la fuente hidráulica sea mayoritaria en la matriz energética de Colombia no quiere decir que no fue a altos costos ambientales y que no sea necesario mejorar la relación costo/beneficio actual y el manejo de riesgos.

Sólo faltaría que la regulación que expidan estas autoridades sea inocua y en realidad nada estimule. Hasta los evidentes cambios climáticos deberían motivar la expedición de una reglamentación eficaz que incorpore las demás fuentes renovables al mercado eléctrico nacional.

Sería además lamentable que el Ministerio de Ambiente sólo busque en empresas de distintos sectores industriales que ya cumplen la norma de calidad de aire, fuentes para reducir las emisiones del país que comprometió en la COP 21. Hay espacio para reducir emisiones a través del uso de estas fuentes renovables de energía y en la posibilidad de evitar deforestación con el ejercicio de autoridad de las CAR.