El útimo Estudio Nacional del Agua (ENA 2018 ) elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), sirve de insumo científico para el desarrollo y la productividad del país. En este se evidencian las presiones por uso, afectaciones y criticidad de los sistemas hídricos en Colombia.

Asimismo, cuenta con información y conocimiento actualizado sobre la oferta, la demanda, la calidad, el riesgo, las respuestas hidrológicas a la variabilidad climática, las aguas subterráneas, la huella hídrica, consumo por sectores, glaciares, páramos y riesgo de las comunidades.

Las principales conclusiones de este informe se presentan a continuación.

Indicadores e impacto en los territorios:
El estudio además cuenta con indicadores que evidencian las presiones por uso, afectaciones y criticidad de los sistemas hídricos. Estos análisis e información de valor agregado, deben constituirse en el soporte de la gestión integral, la planificación, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones en el territorio nacional.

El uso del agua en Colombia, algunas cifras relevantes:
En el ENA 2018 se integra la demanda hídrica, donde se analiza la participación de los sectores en el uso de agua agrícola, pecuario, piscícola, minero e hidrocarburos, energía, industria manufacturera, doméstico, comercio y servicios. Así las cosas:

• El sector con mayor participación en el uso de agua 2016 fue el de agricultura con el 43%. Le siguieron el de hidroenergía y pecuario con 23% y 8%, respectivamente.

• El riego solo satisface aproximadamente el 10% del requerimiento hídrico - agrícola. Este porcentaje minoritario se considera el Uso de Agua para Riego de la Agricultura. El 90% de requerimiento de agua de los cultivos se suple con agua lluvia.

• Antioquia, Huila y Santander participan en su orden con (11.3%), (9.5%) y (7.8%) del volumen total de agua demandada en el país durante el año 2016.
• La demanda total de agua se incrementó de 2012 a 2016 en el 5%. Los sectores con mayor crecimiento fueron piscícola, hidroenergía y servicios.

Municipios susceptibles por desabastecimiento de agua:

• En el ENA 2014 se habían identificado 318 municipios y en ENA 2018 Se priorizan 391 municipios susceptibles a desabastecimiento en el territorio Nacional, distribuidos en 24 departamentos, de los cuales, tienen afectación en al menos el 50% de sus municipios: La Guajira, Magdalena, Cesar, Tolima, Bolívar, Quindío, Santander, San Andrés y Providencia y Valle del Cauca.

Zonas inundables:
• Alrededor de 3'200.000 personas están expuestas a inundaciones.
• Las zonas inundables son humedales; estas zonas han sido trasformadas en territorios agropecuarios o en áreas periféricas que están siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un proceso gradual de urbanización o de cambio del uso del suelo.

Glaciares:
• En el trascurso de los últimos 30 años la masa glaciar colombiana se redujo en un 56%, equivalente a (47,1 Km2). En lo que va corrido de la última década se ha reducido un 22%, que corresponde a (10,6 Km2).

• El último fenómeno extremo de variabilidad climática “El Niño” de 2015-2016, impactó de manera drástica los nevados colombianos, por una disminución en la precipitación y aumento de la temperatura del aire en la alta montaña colombiana.

• El Glaciar Santa Isabel, ubicado en el Parque Natural Los Nevados entre los departamentos de Caldas y Tolima perdió el 33% de su área durante el último evento “El Niño”. Su espesor disminuyo en 14 metros, cuando lo normal para un año climatológicamente normal es de 2 a 3 metros y el cual cada vez está más cerca de ser Instinto, con una esperanza de vida menor a 10 años.

• El Glaciar más extenso de Colombia la Sierra Nevada El Cocuy su espesor disminuyo 3 metros en este último evento “El Niño” y su área se redujo 8%.

Lea aqui el informe completo.

La publicación del Análisis de la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, desarrollada por el Banco Mundial y el Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, presenta el comportamiento del riesgo de desastres en Colombia; riesgo de desastres en la gestión pública; rol de la administración del territorio en la gestión del riesgos de desastres; manejo del riesgo de desastres en la gestión sectorial; responsabilidad pública y privada en la gestión del riesgo de desastres y brinda las recomendaciones para fortalecer la gestión pública en materia del riesgo de desastres.

El objetivo de este análisis es identificar el estado de avance y las recomendaciones que permitan al gobierno de Colombia formular las bases y prioridades para ajustar las políticas públicas en esta materia con una perspectiva de corto a largo plazo, contribución que se produce en un momento político importante por las reformas institucionales, organizacionales y normativas que están desarrollándose.

El informe muestra cuatro factores por los cuales el riesgo está aumentando, destacando que esto se debe más a la inadecuada gestión territorial, sectorial y privada, que por factores externos como el cambio climático, y establece seis estrategias para aumentar la gobernabilidad de la gestión del riesgo de desastres, en la cuales la base es la consolidación de una política de Estado sobre gestión del riesgo de desastres, que considere el fortalecimiento de la capacidad local para la administración del territorio, la articulación de los diferentes agentes responsables del manejo de las cuencas hidrográficas, la definición de las responsabilidades de los diferentes sectores del desarrollo y promoción de la participación de todos los actores públicos y privados, contribuyendo así, a reducir la vulnerabilidad fiscal del Estado ante desastres.

El informe sobre El Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia es el resultado de un trabajo interinstitucional e intersectorial coordinado por lel gobierno, a través del DNP y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ente adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (antes Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres del Ministerio del Interior y de Justicia), en asocio con el GFDRR y el Banco Mundial. El Equipo Técnico que elaboró este informe se conformó por un grupo de expertos nacionales y regionales en el campo de la gestión del riesgo. Además, el proyecto ha recibido el apoyo y la colaboración de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural; Transporte; Minas y Energía; Educación; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Vivienda, Ciudad y Territorio; Hacienda; y Protección Social.

De igual manera han participado la Federación Colombiana de Municipios, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales (Asocars), la Sociedad Colombiana de Agricultores (SAC), la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la Cámara Colombiana de la Infraestructura e Invías, así como entidades nacionales, en particular, el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), el Servicio Geológico Colombiano (antes Ingeominas), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

El Capítulo 2, Riesgo de desastres en la gestión pública, establece un análisis de la institucionalidad de la gestión del riesgo en el país –marco conceptual desde la gestión pública, soporte normativo, mecanismos institucionales, estructuras y capacidades del SNPAD, y un análisis del Sistema, así como del manejo de algunos fenómenos como los sismos y las inundaciones, desde el enfoque de procesos–. El Capítulo 3, Rol de la administración del territorio en la gestión del riesgo de desastres, a través de los estudios de caso se analiza la gestión del territorio y su relación con el tema de riesgo en los niveles local y regional.

El Capítulo 4, Manejo del riesgo de desastres en la gestión sectorial, identifica las causas de los desastres y sus implicaciones económicas y sociales; además, analiza los avances y limitaciones en la gestión del riesgo en la ámbito sectorial y la protección financiera como responsabilidad de Hacienda Pública–. El Capítulo 5, Responsabilidad pública y privada en la gestión del riesgo de desastres, analiza el equilibrio entre la responsabilidad de los ámbitos público y privado según la Constitución y la normativa actual, desde el punto de vista de los fallos judiciales, a la vez que analiza la percepción de la ciudadanía y de entes privados frente al riesgo de desastres.

Y por último, el Capítulo 6, Balance final y recomendaciones para fortalecer la gestión pública en materia del riesgo de desastres, incluye las conclusiones y recomendaciones estratégicas como resultado del análisis realizado, tanto a nivel de capítulos, como desde una perspectiva integral del estudio. Adicionalmente se incluye un Anexo, De la planeación a la implementación de la gestión del riesgo de desastres en Colombia, en el cual hay una síntesis de los niveles territoriales, de los avances tanto desde la planificación como desde las inversiones realizadas, además de analizar la percepción que los agentes institucionales tienen sobre el tema.

Lea aqui el informe completo.

El último informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2018-2019, realizado por la Contraloría General de la República, tiene el propósito de investigativo y profesional recoge los principales aspectos de la gestión ambiental que desarrolló el país durante una vigencia, además de brindar una prospectiva analítica de la forma como el Gobierno nacional realizó su gestión para proteger y potencializar el uso sostenible de los recursos naturales.

Así mismo, con este informe la Contraloría da cumplimiento al mandato establecido en el numeral 7 del artículo 268 de la Constitución Política, al brindar la principal herramienta técnica y de gestión con la que cuenta el Congreso de la República, la ciudadanía y la academia, para conocer los principales hitos que destacaron la toma de decisiones del Gobierno nacional en materia ambiental del último año y los desafíos y estrategias trazadas en la agenda futura.

El resultado del informe reúne un análisis del sector desde cinco dimensiones:

1. La evaluación del Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 y el cumplimiento de su Estrategia de Crecimiento Verde.
2. Análisis del Gasto Público Social Ambiental del 2018, desde una visión completa de fuentes de financiamiento y asignación del gasto ambiental.
3. Gestión Institucional para el control de la deforestación en Colombia durante el período 2010-2018 con insumos cartográficos que ilustran la delicada situación evidenciada en las regiones objeto de análisis.
4. Compromisos del país con la agenda internacional en medio ambiente, sostenibilidad y variabilidad climática.
5. Control fiscal ambiental en las regiones colombianas a través de su delegada de Medio Ambiente, en materia ambiental, su gestión de auditoría y vigilancia de los recursos públicos mediante acciones concretas y de prospectiva en cinco regiones del país.

En la primera dimensión, se abarca el enfoque de crecimiento verde de acuerdo con los lineamientos de la OCDE y se analizan las estrategias incorporadas al PND 2014 -2018 y sus objetivos:

1) Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono.
2) Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y gobernanza ambiental
3) Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático

Asimismo, se analizan las debilidades del diseño y se revisan los objetivos en los sectores:

• Minas y energía
• Comercio, industria y turismo
• Agropecuario
• Vivienda, ciudad y territorio

Frente al gasto público social ambiental, el Presupuesto total del Sistema Nacional Ambiental – SINA Central, durante en el periodo 2015 a 2018, mostró una variación positiva que asciendó a $884.224 millones de pesos.

En cuanto a la gestión institucional para el control de la deforestación en colombia durante el período 2010 – 2018, el informe señala que hay una debilidad institucional, financiera y de gestión ambiental regional que coincide con las mayores zonas de deforestación del país. La Contraloría sugiere que esta situación exige replantear los planes de acción y tomar medidas para mejorar la gobernanza de las CAR, especialmente en: Codechocó, CDA, Corpoamazonía y Cormacarena. También sugiere que constituiría un relevante avance normativo contar con una ley forestal integral, que incluya la visión de un modelo industrial maderero y sostenible. 

Finalmente, el quinto punto hace un análisis de las regiones Andina, Orinoquía, Amazonía y Caribe, identificando problemáticas como aglomeración urbana, concentración de demanda de recursos naturales y de energía, difícil manejo de residuos, inestabilidad social e institucional, impactos nocivos al medio ambiente, debilidad de las autoridades ambientales regionales, deforestación, minería ilegal, entre otros. 

A continuación puede leer el informe completo: