Martes, 14 Julio 2020
Actual

Colombianos inconformes con gestión ambiental y servicios públicos, advierte última encuesta

Aunque la percepción desfavorable sobre el manejo que se le ha dado a los temas sostenibles bajó 9 puntos, la mayoría de los ciudadanos siguen creyendo que la situación no es buena.

Hábitat

Controversia por proyecto de ley para formalizar a “ocupantes y poseedores” de tierras

El Centro Democrático presentó una iniciativa para que los ocupantes que demuestren buena fe puedan formalizar sus tierras, la propuesta además tumba la normativa de recuperación de baldíos.

Editorial

Diez años de turbulencia social ambiental

Por Eduardo Chávez López
Director de Catorce6
 
Los diez años de Catorce 6 coinciden con la década de mayor conflictividad ambiental en Colombia. Según estudio del Instituto Cinara de la Universidad del Valle, el número de conflictos ambientales sucedidos desde 2007 supera con creces la suma de los acontecidos en los 25 años anteriores a esa fecha.
Los ha habido relacionados con proyectos de hidrocarburos, de minería, de generación eléctrica, relacionados con proyectos portuarios, o turísticos, o urbanísticos, relacionados con fuentes hídricas o con manejo de residuos, entre otros. Han sucedido en todas las regiones del país sin ninguna excepción. Algunos han registrado acciones de hecho o confrontaciones violentas entre manifestantes y autoridades, otros han sido tramitados con instrumentos que ofrecen la constitución y la ley como es el caso de las consultas populares, las acciones populares, las tutelas o las audiencias públicas ambientales.

Cada vez la argumentación ambiental está más presente en las dinámicas de los municipios. Las comunidades se interesan sobre el estado de los recursos naturales, buscan mayores niveles de información y saben acerca de los mecanismos que le ofrece la ley para presentar sus reclamos. En la mayoría de los casos el activismo ambientalista, se ha articulado a esas dinámicas locales, aprendiendo de ellas y ejerciendo un liderazgo conceptual que también se ha nutrido con la presencia de académicos. En buena medida ese activismo ambientalista ha empezado a hilvanar un discurso sobre las perspectivas del desarrollo del país y las regiones que no ha tenido respuesta desde el Estado.

El Gobierno por su parte asiste a cada conflicto como si fuera el primero y apenas alcanza a responder con timidez y a veces con vergüenza a los reclamos comunitarios. En la mayoría de los casos le deja a las empresas la explicación acerca de las políticas sectoriales y su relación con la economía del país y las regiones, a sabiendas de las limitaciones que estas tienen en esa materia. Las otras autoridades, las judiciales y las ambientales, prefieren no torear el avispero y decidir con base a la temperatura del ambiente social. Así es como se han proferido decisiones, sentencias y hasta actos administrativos contradictorios sobre una misma temática. De esa manera se han negado o autorizado licencias ambientales de acuerdo al clima social, o adoptado fallos judiciales que ordenan o desautorizan mecanismos de participación ciudadana dependiendo del mismo criterio.

Los gobiernos nacional y regionales, conjuntamente con las autoridades ambientales y los jueces, deberían aprovechar el interés de las comunidades por los aspectos ambientales para iniciar el diálogo social sobre conservación y desarrollo económico. Escenarios hay muchos pero no se aprovechan. Nada más con que los municipios asuman la obligación legal de actualizar sus los planes de ordenamiento territorial, se estaría contribuyendo a dar ese debate en el orden local. Es una vergüenza que de los 1.122 municipios que tiene Colombia, sólo 236 tengan su POT al día. La discusión de los POT, la discusión sobre la política minero energética, la discusión sobre el desarrollo ecoturística, el debate sobre los modelos de desarrollo, deben abordarse de manera informada desde ahora y en todos los escenarios. La oportunidad está servida, antes que lo ambiental se convierta en un ingrediente más de la confrontación social.

 

Columnistas Invitados

El debate ambiental: un gran desafío de nuestra legislación

Escrito por Álvaro Henao Mera
Abogado, exasesor MinAmbiente, Profesor Universidad del Rosario, Icesi, Javeriana
Foto Alvaro Henao
 

La cotidianidad con la que día a día se comienzan a debatir en nuestro país los asuntos ambientales, ha hecho que las decisiones asumidas en torno a la protección y conservación de los recursos naturales, se constituyan en un tema trascendental para los ciudadanos. Noticias relacionadas con cambio climático, minería, deterioro de los recursos, protección animal y derechos del ambiente, son cada vez más usuales, siendo escenario de debate la viabilidad de políticas públicas, la creación, modificación o derogatoria de la normatividad ambiental y su aplicación.

Lo cierto del caso, es que dicho interés que ha suscitado la protección del ambiente, nos lleva a considerar que hoy el debate ambiental que dan los ciudadanos está dando un giro trascendental que debe ser asumido con suficiente responsabilidad por quienes que se encuentran elaborando las normas y políticas, quienes las operan y quienes deben aplicarlas.

La Constitución Política ya había avizorado esta realidad, en el artículo 79 se fijó que la ley debe garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, y dicha participación implica sin lugar a dudas, que los ciudadanos logren entender las connotaciones que tienen las decisiones que se asuman en torno a la protección de los recursos naturales. No obstante, pareciera que aún nos cuesta como Estado, dar a conocer las impliciaciones que puede tener la implementación de las políticas ambientales que se establezcan por parte de las diferentes autoridades. Situaciones puntuales, como las discusiones de la Reserva Van Der Hammen, la delimitación del páramo de San Turbán, las cuotas de pesca de tiburones y aletas, la  declaración de diversos ríos como sujetos de derecho, entre otros casos renombrados, nos hace pensar que la institucionalidad ambiental no ha logrado de manera suficiente que el ciudadano entienda la relación de las políticas con la protección, o peor aún, que el ciudadano tienda a pensar que se puedan estar creando políticas en contra de los intereses de protección de los recursos naturales.

Las causas de esta  situación pueden ser múltiples, por tan sólo mencionar algunas de ellas valdría la pena resaltar las siguientes: (i) las diferentes autoridades del Estado  no se toman el tiempo de entender las relaciones existentes entre las medidas asumidas y el cuidado y preservación de los recursos naturales; (ii) se evidencia una ausencia de participación de la comunidad en la toma de decisiones ambientales; (iii) la agenda ambiental marcada por las redes sociales, en muchas ocasiones más que informar realidades, nos muestra distorsiones que pueden hacer perder credibilidad a los discursos de protección y conservación de los recursos; (iv) las autoridades nacionales asumen decisiones sin considerar las regiones o las implicaciones que se puedan causar en el territorio; (v) la protección de los recursos se deja en manos de la rama judicial, quien no cuenta con la suficiente capacidad para tomar decisiones que consideren todos los aspectos relevantes a nivel ambiental.

Lejos de pensar que el verdadero problema sea que el Gobierno Nacional y las Autoridades Ambientales expiden políticas en contra de la protección de los recursos naturales, creo que si vale la pena que la institucionalidad del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, se cuestione sobre la necesidad de analizar las implicaciones de su normatividad, garantizando la participación de las comunidades y logrando de esta manera que se dimensione, entienda y comprenda los desafíos, retos  y alcances que traen consigo.  Igualmente, es necesario que en el marco de las funciones asignadas a las Corporaciones Autónomas Regionales se acerquen las decisiones nacionales al territorio, haciéndolas compatibles con las realidades locales.

De esta manera, es evidente que la protección del ambiente implica nuevos retos, necesitamos nuevos escenarios que permitan que todos cumplamos nuestra obligación constitucional de protección del ambiente, necesitamos que desde la institucionalidad del SINA se abran los espacios de discusión y de entendimiento de las normas, que los usuarios indaguen mucho más allá de las redes sociales, y que los jueces conozcan las implicaciones de sus decisiones, apoyando entonces la idea de que en Colombia necesitamos la creación de una jurisdicción ambiental que pueda determinar con precisión el alcance de sus fallos.

 
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Hábitat

Guía de obligaciones ambientales para alcaldías y gobernaciones de Colombia 2020

La Guía fue elaborada con la asesoría técnica del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y contó con el apoyo de la Embajada de Suiza en Colombia – Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).

Actual

Ministerio de Minas incrementará mezcla de biodiesel en amplio sector del país


En el proyecto de resolución que está listo para comentarios, se establece que el combustible con la nueva mezcla empezará a venderse desde el 1 de agosto.

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Paz y Medio Ambiente: A propósito de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc

Consecuencias y repercusiones de los acuerdos de paz firmados en La Habana sobre el medio ambiente. Columnas de opinión.

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Si no tiene para la comida, el Gobierno le paga para sembrar

El país busca aumentar en 12,5% sus hectáreas cultivadas, para lo que realiza una convocatoria nacional a interesados en sembrar. Cualquiera puede participar, con la única condición de tener una tierra y ganas de ponerla a producir; el dinero y la semilla se lo da el Gobierno.

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