Por Eduardo Chávez López
Director de Catorce6
Los escandalosos índices de deforestación en Colombia durante 2017 estimados en 220.000 hectáreas, tienen al país y al mundo alarmados. La preocupación es mayor cuando se sabe que la Amazonia es la región que más contribuyó a esa cifra con un porcentaje del 65%. En el mismo reporte departamentos como el Caquetá, Guaviare y Meta encabezan la lista con incrementos entre el 10% y 20% de sus áreas deforestadas, lo que obliga a mirar el detalle de lo que está pasando y a reflexionar acerca de la atención que desde el proceso de paz se ha venido prestando al medio ambiente.
Una mirada a las áreas deforestadas en los tres departamentos citados, coinciden con las de mayor presencia de las Farc en las últimas tres décadas. Esas zonas cuentan con los mismos motores de deforestación identificados por el IDEAM en todo el país, como son la colonización de tierras, la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, la minería ilegal, el tráfico ilegal de madera y la infraestructura irregular. La conclusión que los observadores anticiparon es que la regulación ambiental que ejercía la guerra, no ha sido reemplazada adecuadamente por la autoridad ambiental que se debe ejercer desde el Estado. Más específicamente para expertos como Omar Franco, ha sido evidente que la potrerización se ha incrementado en municipios con zonas de normalización, lo que permite anticipar que la ayuda estatal derivada de los acuerdos de paz y de la sustitución de cultivos se pudo convertir en un incentivo perverso en el que los bosques son las víctimas.
El desafío del nuevo gobierno es grande: debe aplicar una medida de choque que detenga de manera eficaz el acelerado deterioro de nuestros bosques. Es que si en 2016 las áreas deforestadas ascendían a 179.000 según el mismo IDEAM, quiere decir que cada hora estamos perdiendo 4,6 hectáreas de ellos. La cifra es dramática, no obstante existen mecanismos institucionales para actuar y rápido.
Los instrumentos están sobre la mesa y tal vez el más importante se creó el año pasado. Se trata de la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y Gestión de los Bosques. En esta comisión confluyen seis entidades del Gobierno Nacional como la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto y los ministerios de Ambiente, Defensa, Agricultura, Minas, y Transporte. Estas entidades han estado coordinadas con otras agencias clave como la Fiscalía General de la Nación y la fuerza pública. La información sobre la localización de los frentes de deforestación más críticos la produce el IDEAM cada mes con los más altos estándares del mundo, al punto que ha podido generar un sistema de alertas tempranas que las autoridades deberían consultar con más frecuencia.
Se requiere entonces acciones de choque y de fuerza para hacer frente a este crimen de lesa humanidad. Pero también se hace necesario abordar con urgencia y eficacia, el diseño y puesta en marcha de políticas públicas que le permitan al país el aprovechamiento sostenible de sus bosques. Estamos tarde para estimular modelos productivos de bosques de acuerdo a las especificidades de cada ecosistema. Las comunidades del Amazonas, de la Orinoquia, del Pacífico y de la región andina, merecen alternativas diferentes al delito para su desarrollo. El nuevo gobierno debe emplearse a fondo y rápido.
