Miércoles, 21 Noviembre 2018
Investigación

¿Está Colombia cerca de tener que pagar 50 billones por demanda de minera canadiense?

El abogado Rodrigo Uprimny, alertó en su columna semanal que los tribunales internacionales podrían perjudicar gravemente las finanzas nacionales.

Investigación

¿Por qué la Corte ordenó levantar la reserva sobre zonas de minería estratégica?

En las últimas horas, la Corte Constitucional ordenó que se levante la reserva que se había exigido dentro del Plan Nacional de Desarrollo. El alto tribunal alegó que la información debe ser usada “democráticamente” por poblaciones indígenas y afrodescendientes.

Comunidades

"El Peñón financiará su consulta antiminera, a pesar de que para la consulta Liberal si hay recursos de la Nación", advierte molesto su Alcalde

Aunque estaba prevista para el próximo domingo 5 de Noviembre, el Ministerio de Hacienda advierte que no dispone de recursos para financiar la consulta antiminera. 

Hábitat

“El 32% de Antioquia esta solicitado para minería”: Luis Pérez

Por cada título minero, el Estado recibe más de mil solicitudes de exploración, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades, pues en la actualidad el 18% del departamento tiene licencias para explotaciones mineras.

Regionales

32 personas comprometidas con la minería ilegal han sido capturadas en lo que va corrido del año

Comunidades cercanas a sitios de explotación minera se ven obligadas a consumir agua contaminada por no tener acceso a otras fuentes hídricas.

Legales

Al piso acuerdo municipal que prohibió la minería en Ibagué

Tribunal Administrativo del Tolima declaró anticonstitucional el acuerdo 012 del 11 de agosto de 2017 aprobado por el Concejo Municipal de Ibague.

Internacional

Alianza para la protección de los océanos pide proteger la biodiversidad marina de la exploración minera

La petición se ha dado por el aumento de solicitudes de permisos para la exploración de minerales en alta mar.
Internacional

Ambientalistas logran tumbar norma que abrió a la minería una reserva de la Amazonía

El presidente de Brasil, Michel Temer, había autorizado estas actividades en un área de 47.000 kms2, más grande que Dinamarca, sin embargo la opinión pública le ganó este pulso. 
Internacional

Argentinos piden cierre de mina Veladero

Mediante una protesta pacífica y silenciosa, decenas de activistas ambientales de Argentina se reunieron en la Plaza de Mayo en la mañana del miércoles para exigir al presidente Mauricio Macri que cierre la mina Veladero, ubicada en las altas cumbres de la cordillera de Los Andes, de la cual extraen oro y plata. Argumentan que esta contamina varios nacederos de ríos.

Denuncia
Denuncia

Cerro Matoso debe más de $170 mil millones de pesos de regalías: Contraloría

La denuncia la hizo la Contraloría con información de la Agencia Nacional Minera. El monto de la deuda se viene acumulando desde 1998.
Investigación

Comunidad y academia se le miden a lo que no hacen las autoridades ambientales

Habitantes de varios municipios de Santurbán y académicos de los Andes iniciaron un proyecto para conocer con equipos propios el estado de las cuencas en zona de minería.

Actual

Con arrasadora votación, primer municipio de Santander le dice No a la minería y al petróleo

En jurisdicción de Jesús María el 97% de los votantes se opusieron a exploración y explotación. En próximas semanas habrá dos consultas más en el departamento.
Comunidades
Denuncia

Condenan a Cerro Matoso a indemnizar comunidades aledañas por daño ambiental

La medida fue proferida por la Corte Constitucional argumentando afectaciones con desechos mineros en sus alrededores. También ordena tramitar una nueva licencia ambiental.
Actual

Consejo de Estado tumbó consulta popular en San Bernardo; la de Fusagasugá sigue firme

Para el tribunal, es improcedente realizar este tipo de consultas hasta que el Congreso reglamente el mecanismo con el que los ciudadanos pueden expresarse sobre un proyecto extractivo.
Columnistas Invitados

Consulta popular: ¿Gana un pueblo? o pierde toda la nación

Escrito por Diana Marcela Zapata Pérez

Gerente Genral de Aval Ambiental

ExDirectora Nacional de Licencias Ambientales, Viceministra de Ambiente Encargada, Gerente de Desarrollo Sostenible de OGX Petróleo y Gas.

Foto CV

Por fin los pobladores han encontrado un mecanismo, por ahora efectivo, para oponerse a los proyectos que afectan sus territorios y que hoy hace temblar las proyecciones macroeconómicas del Gobierno Nacional. De nada han valido los demás mecanismos de participación ciudadana utilizados por décadas para expresar oposición frente a los proyectos porque, cuando al final se ejecutan, queda la sensación que poco o nada de lo expresado por las comunidades se tiene en cuenta.

Y es que basta con visitar los centros poblados de los municipios en donde se realizan explotaciones mineras y petroleras en el país para ver el contraste entre las grandes obras de ingeniería y el crecimiento desordenado de las poblaciones, entre la ejecución rigurosa del proyecto y el caos administrativo del municipio, entre la alta capacidad de compra de algunos y la miseria de otros.

Lo anterior por cuanto el Estado no ha sido capaz de traducir la riqueza del oro, del carbón y del petróleo en riqueza para sus habitantes. Tenemos el ejemplo de la Jagua de Ibirico; su alcaldía recibe al año más de 70 mil millones de pesos en regalías que financian los bolsillos de unos pocos en vez de invertirlo en todas las vías que aún están sin pavimentar y el mejoramiento de las viviendas que lejos están de ser dignas.

Entonces surge la dicotomía entre oro y agua, extracción o biodiversidad, minería o agricultura, que en nada favorece la construcción colectiva de soluciones y que polariza aún mas el debate de fondo que debemos dar los colombianos que es el de encontrar cómo maximizar los beneficios que traen estas inversiones al país. Empresas multinacionales, con altos estándares de producción, con las mejores prácticas ambientales y sociales, exitosas en todos los países donde invierten, encuentran en Colombia un ambiente hostil para recibir los beneficios que generan. No es ésta una situación desconcertante?

El informe del Banco de la República de mayo de este año indica que “las rentas petroleras representaban cerca del 20% de las finanzas del Gobierno Nacional y para compensar este choque el Gobierno disminuyó el gasto y presentó una reforma tributaria al congreso para elevar la tarifa del impuesto al valor agregado IVA”, es decir menos petróleo, más impuestos para los colombianos, porque estos recursos se requieren para la construcción de carreteras, la construcción de escuelas, el pago de nuestras pensiones, salarios de funcionarios públicos y maestros por citar algunos ejemplos. Y estos ingresos están en riesgo, no sólo por los bajos precios de los ‘commodities’ a nivel internacional (oro, petróleo, carbón, etc), sino también por la inseguridad jurídica para las empresas y la falta de certeza para realizar inversiones cuantiosas en exploración si a la vuelta de unos años, los pobladores de la región deciden por consulta popular que no desean el proyecto.

Ante este panorama ¿cuál es la salida que tenemos los colombianos para beneficiarnos de nuestros recursos naturales de manera sostenible?. Tenemos la inmensa fortuna de tener minerales en el subsuelo y biodiversidad en el territorio y sería desacertado prohibir su beneficio en lugar de buscar hacerlo de manera ordenada y con un estricto control en la destinación de sus regalías. El Gobierno Nacional y las Altas Cortes deben equilibrar cuanto antes las funciones nacionales y regionales en cuanto al ordenamiento del territorio y la administración del subsuelo. Las empresas deben ir más allá del pago de sus impuestos y regalías y generar mayores acciones hacia el fortalecimiento institucional de los municipios en donde se encuentran para acceder a recursos que beneficien a sus pobladores. Ya sabemos que las empresas no pueden reemplazar el estado pero sí pueden poner al servicio de su municipio el conocimiento que tienen para mejorar el entorno; más ahora cuando el nuevo Decreto Ley 886 del 23 de mayo de este año permite realizar obras por impuestos , lo que conducirá a que la situación de algunos municipios mineros y petroleros mejore ostensiblemente. Por último los pobladores deben convertirse en reales veedores ciudadanos, no sólo para verificar si las empresas están haciendo la tarea, sino para ejercer una real presión a los alcaldes en la correcta ejecución de sus presupuestos.

Lo que no nos perdonarían nuestras próximas generaciones es continuar malgastando y mal administrando los recursos económicos obtenidos por estas actividades productivas y no traducirlo en viviendas, vías, escuelas, infraestructura y demás obras para el bienestar presente y futuro de los colombianos.

 

 

1. Esta Ley que surge en el marco del desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto, permite a las empresas del sector minero y petrolero destinar parte de sus impuestos en proyectos viabilizados y prioritarios de trascendencia social en los municipios definidos como “zonas más afectadas por el conflicto armado” – ZOMAC, en materia de suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública, educación pública o construcción y/o reparación de infraestructura vial, entre otros propósitos.

 

Columnistas Invitados

Consultas Populares, un mecanismo de participación constitucional, pacífico y democrático que no puede ser burlado por el gobierno nacional y las empresas mineras.

Escrito por Renzo Alexander García Parra

Biólogo, Integrante

Comité Ambiental en Defensa de la Vida

Renzo García 2

El pasado 26 de marzo (luego de más de 10 años de debates, audiencias, foros, talleres, movilizaciones pacíficas y de lamentables episodios de violaciones a los DDHH), los ciudadanos del municipio de Cajamarca manifestaron su rechazo categórico al proyecto minero La Colosa y demás proyectos de explotación minera en su territorio. Frente a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo Sí o No con que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras? 6165 personas votaron NO y tan sólo 76 votaron Sí. 

El triunfo de Cajamarca es inobjetable. Ganó la defensa del derecho colectivo al ambiente sano, ganó la vocación agropecuaria, la cultura campesina y potencial eco-turístico. La victoria del pueblo cajamarcuno fortalece la democracia, la esperanza y la dignidad de los colombianos que nos resistimos a aceptar la dictadura minera del gobierno de Juan Manuel Santos. El éxito de Cajamarca ha alentado el desarrollo de otros procesos en el país. El reto es fortalecer la solidaridad y unidad nacional con el propósito de avanzar en un movimiento nacional ambiental que nos permita la defensa de los bienes comunes naturales y el derecho al ambiente sano de las presentes y futuras generaciones. 

Aunque el triunfo de los Cajamarcunos fue producto del actuar pacífico, democrático, constitucional y no violento, vemos que el gobierno nacional pretende desconocer los mecanismos de participación ciudadana. Al respecto, es importante precisar que la Consulta Popular se encuentra reconocida en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, en las Leyes estatutarias 134/1994 y la 1757/2015 y la sentencia de Corte Constitucional T-445/16. Es inaceptable que el gobierno incumpla la Constitución y la normativa legal que sustenta el paso de la democracia representativa a la participativa, sobre todo en el marco del actual proceso de paz. No existiría nada más in coherente que desconocer el derecho fundamental de las comunidades para decidir su propio modelo de desarrollo y la solución de sus conflictos socioambientales a través de mecanismos democráticos y pacíficos. 

Al asumir el mecanismo de la Consulta Popular las comunidades le dan cuerpo al derecho fundamental de participación ciudadana que les permite determinar el futuro y modelo de desarrollo de sus territorios. En lugar de apelar al bloqueo de vías y las confrontaciones callejeras, las comunidades han ejercido procesos de convocatoria y movilización democráticas, no violentas e incluyentes, que permiten fortalecer la democracia y la prevalencia de los derechos humanos de la sociedad en general.

Esperamos que el Presidente acoja y respete los resultados de las Consultas Populares de Piedras, Tauramena, Cabrera, Cajamarca, Cumaral, Arbelaez, Pijao, Pasca y todas las que se convoquen; como también las decisiones de los Concejos Municipales de Támesis, Jericó, San Agustín, Acevedo, El Agrado, Tarqui, Pitalito, Oporapa, Acevedo, Altamira, Elias, Timana y Doncello, de rechazar el extractivismo en sus territorios. Esperamos que la fuerza del movimiento social siga creciendo y sea capaz de derrotar la codicia y dictadura minera que se impone desde la presidencia y las empresas minero-energéticas. 

No perdamos de vista que la verdadera riqueza de los colombianos no se encuentra en el subsuelo sino justamente en su superficie, en la riqueza hídrica, biodiversa, paisajística, agroalimentaria y cultural de nuestros territorios. 

Regionales

Corantioquia sanciona a dos empresas mineras por contaminar el río Medellín

La medida fue tomada porextraer materiales para construcción del río Medellín en el kilómetro 6 de la vía El Hatillo - Barbosa.

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