Viernes, 18 Septiembre 2020
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Editorial

Los bosques, el descuido de la paz

Por Eduardo Chávez López
Director de Catorce6

Los escandalosos índices de deforestación en Colombia durante 2017 estimados en 220.000 hectáreas, tienen al país y al mundo alarmados. La preocupación es mayor cuando se sabe que la Amazonia es la región que más contribuyó a esa cifra con un porcentaje del 65%. En el mismo reporte departamentos como el Caquetá, Guaviare y Meta encabezan la lista con incrementos entre el 10% y 20% de sus áreas deforestadas, lo que obliga a mirar el detalle de lo que está pasando y a reflexionar acerca de la atención que desde el proceso de paz se ha venido prestando al medio ambiente.

Una mirada a las áreas deforestadas en los tres departamentos citados, coinciden con las de mayor presencia de las Farc en las últimas tres décadas. Esas zonas cuentan con los mismos motores de deforestación identificados por el IDEAM en todo el país, como son la colonización de tierras, la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, la minería ilegal, el tráfico ilegal de madera y la infraestructura irregular. La conclusión que los observadores anticiparon es que la regulación ambiental que ejercía la guerra, no ha sido reemplazada adecuadamente por la autoridad ambiental que se debe ejercer desde el Estado. Más específicamente para expertos como Omar Franco, ha sido evidente que la potrerización se ha incrementado en municipios con zonas de normalización, lo que permite anticipar que la ayuda estatal derivada de los acuerdos de paz y de la sustitución de cultivos se pudo convertir en un incentivo perverso en el que los bosques son las víctimas.

El desafío del nuevo gobierno es grande: debe aplicar una medida de choque que detenga de manera eficaz el acelerado deterioro de nuestros bosques. Es que si en 2016 las áreas deforestadas ascendían a 179.000 según el mismo IDEAM, quiere decir que cada hora estamos perdiendo 4,6 hectáreas de ellos. La cifra es dramática, no obstante existen mecanismos institucionales para actuar y rápido.

Los instrumentos están sobre la mesa y tal vez el más importante se creó el año pasado. Se trata de la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y Gestión de los Bosques. En esta comisión confluyen seis entidades del Gobierno Nacional como la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto y los ministerios de Ambiente, Defensa, Agricultura, Minas, y Transporte. Estas entidades han estado coordinadas con otras agencias clave como la Fiscalía General de la Nación y la fuerza pública. La información sobre la localización de los frentes de deforestación más críticos la produce el IDEAM cada mes con los más altos estándares del mundo, al punto que ha podido generar un sistema de alertas tempranas que las autoridades deberían consultar con más frecuencia.

Se requiere entonces acciones de choque y de fuerza para hacer frente a este crimen de lesa humanidad. Pero también se hace necesario abordar con urgencia y eficacia, el diseño y puesta en marcha de políticas públicas que le permitan al país el aprovechamiento sostenible de sus bosques. Estamos tarde para estimular modelos productivos de bosques de acuerdo a las especificidades de cada ecosistema. Las comunidades del Amazonas, de la Orinoquia, del Pacífico y de la región andina, merecen alternativas diferentes al delito para su desarrollo. El nuevo gobierno debe emplearse a fondo y rápido.

Columnistas Invitados

Una cuestión de panorama

William Martínez

Por: William Martínez

Expresidente del Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS), experto en geodesia y gestión de información geoespacial, y especialista de la ANM en catastro minero.

Si la administración de la tierra en Colombia fuera tema topográfico o cartográfico, la cuestión sería menos compleja. Sin embargo, en medio se encuentran el adecuado inventario, el acceso a la tierra, el reconocimiento de los derechos, la restitución, el proceso de paz y, sobremanera, la democratización de la técnica para la construcción de gobernanza territorial y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Esto trasciende los intereses de los círculos geomáticos y concita elementos políticos, legales y de construcción de capacides. La precisión y la exactitud se comportan como mercancías y a estas acceden quienes pueden pagarlas. Así que es necesario considerar de qué manera se pueden balancear el costo, la oportunidad, la calidad y el beneficio social en el tema de fondo: la administración de la tierra. No se trata de la precisión implícita en el modelado de un levantamiento, el cual es normalmente de naturaleza local.

La declaración de la Federación Internacional de Agrimensores (FIG) y el Banco Mundial sobre fit-for-purpose land administration -FFP- recoge los atributos de una administración de tierras «lo suficientemente buena para cumplir su propósito»: flexible, inclusiva, participativa, asequible, confiable, alcanzable y actualizable. Requisitos no satisfechos en las economías similares a la colombiana y para las cuales se ha concebido el concepto FFP.

Este enfoque coincide con el concepto de Catastro Multipropósito y procura que los países en desarrollo consoliden sistemas de base, a partir de los cuales, una vez alcanzado un nivel inicial de cobertura, continuidad y calidad, se puedan dedicar esfuerzos y recursos para su perfeccionamiento posterior. Paradójicamente, sectores que en su actividad cotidiana emplean tecnología de vanguardia, pueden generar resistencia ante las visiones más amplias tanto en el ámbito social, como el espacial.

El deseo por vender indistintamente los más altos estándares técnicos -normalmente alcanzables en los mercados de primer orden- puede contrariar la justicia socioespacial y las nuevas oportunidades. A la pregunta ¿Cuáles son los principales retos en la adopción del enfoque FFP?, el documento de 2016 «principios orientadores de FFP Land Administration», de UN-Habitat, Kadaster y Global Land Tool Network, responde:

«El primer reto se centra en la adopción de un nuevo paradigma que no está impulsado por la tecnología del posicionamiento ni la topografía de vanguardia ni la seducción de una exactitud cada vez mayor. Esto requiere un cambio de mentalidad en un grupo muy conservador de profesionales de la tierra y una estrategia de gestión del cambio eficaz». Esta respuesta prevé posturas similares a la que subyace en el documento «Concepto Técnico CTM12» de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

No es del alcance de este texto argumentar las cuantificaciones y ejercicios incluidos en dicho Concepto. De lo allí agregado es posible vislumbrar los cambios que aparecen cuando se adoptan diferentes sistemas de coordenadas. Los resultados son ilustrativos y enriquecedores.

Sin embargo, otros interrogantes siguen abiertos:
¿Logró Colombia un desarrollo catastral de primer nivel utilizando los puntos de vista técnicos históricos?
¿Ha avanzado Colombia en 2020 en la implementación de la visión «Catastro 2014» planteada por la FIG en 1994?
¿El enfoque FFP invitaría a los centros académicos a repensar sus derroteros?
¿Cómo balancear el rigor técnico-académico con su aplicación social?

Las respuestas implican la combinación orgánica de los datos geoespaciales con los socioeconómicos, como lo indica la iniciativa de las Naciones Unidas para la Gestión Global de la Información Geoespacial (UN-GGIM). En este contexto, las decisiones tomadas para el Catastro Multipropósito responden a una necesidad actual y nacional. En el camino será menester abandonar distintas tradiciones y generar soluciones innovadoras y actuales, bajo otros liderazgos.

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