Miércoles, 17 Julio 2019
RSE

Andesco otorgó premios a buenas prácticas de sostenibilidad en el sector de servicios públicos en Colombia

El Premio Andesco de Sostenibilidad, en su versión número 14, destacó procesos integrales y responsables implementados por empresas públicas, privadas y comunitarias de servicios públicos y otros.

Regionales

Campesinos santandereanos viven mejor que el resto del país: Dane

En Santander, vivir en el campo no es obstáculo para acceder a la educación y a los servicios públicos básicos. Allí el promedio de cobertura es superior al resto de zonas rurales de Colombia. 
 
Así lo dio a conocer Mauricio Perfetti del Corral, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), quien destacó que el índice de pobreza multidimensional de la zona rural dispersa de Santander se sitúa 10 puntos por debajo de las del resto de Colombia. 
 
Agregó que un 95% de las viviendas en sectores rurales tiene acceso a energía eléctrica, cuando la media nacional es de 82%. Solo el 4,9% de los hogares no cuenta con ningún tipo de conexión a algún servicio público en este departamento. 
 
Perfetti explicó que estos altos índices de desarrollo guardan relación con el buen desempeño que tiene la región en la producción de cultivos agroindustriales y frutales de Colombia, lo que genera altos ingresos mensuales a los campesinos.
Legales

Cayó norma que incrementaba las multas de la Superservicios

La Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 aumentaba, de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 100.000, las multas que podría imponer a las personas jurídicas la Superintendencia de Servicios Públicos por la vía administrativa.
Columnistas Invitados

Fallo del Consejo de Estado en materia de residuos peligrosos pone en riesgo su adecuada gestión

Escrito por Carolina Montes Cortés
Docente, abogada especialista en Derecho del Medio Ambiente y Doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia.

Carolina Montes Cortés

En el año 2008 el Área Metropolitana del Valle de Aburra demandó, ante el Consejo de Estado, la nulidad de la Resolución SSPD- 20081300053645 con la cual se autorizaba excluir de oficio del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos – RUPS a personas que realizaran actividades relacionadas con residuos peligrosos, infecciosos, hospitalarios y similares, por considerar que violaba disposiciones constitucionales y legales sobre la materia, afirmando que era la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD la encargada de llevar el registro de gestores de residuos peligrosos y no las Autoridades Ambientales, por tratarse de un servicio especial de aseo.

Analizado el asunto, el Consejo de Estado concluyó que la actividad de recolección, transporte, almacenamiento, desactivación, incineración, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y hospitalarios era, efectivamente, un servicio público domiciliario [1] enmarcado en el servicio especial de aseo; lo que, en mi sentir, es una equivocación que pone en riesgo la gestión de los residuos peligrosos.

Así las cosas, la decisión debe ser leída con beneficio de inventario pues el análisis de la Sala es errático en materia de residuos peligros. Primero: tuvo en cuenta normas derogadas para el análisis de la materia. La ley 430 de 1998 fue derogada tácitamente por la ley 1252 de 2008. El servicio de aseo ha tenido cambios desde el decreto 1713 de 2002 y desconoció un pronunciamiento anterior de la Sección Tercera (11001-03-26-000-2002-0045-01) del año 2003 que tumbó la diferenciación entre el servicio ordinario y el servicio especial. Segundo: desconocer las competencias asignadas a las autoridades ambientales tanto en la ley 99 de 1993 como en el decreto 4741 de 2005, en torno a los residuos peligrosos. Tercero: hacer caso omiso en el análisis del servicio de aseo a la excepción incluida en la norma reglamentaria del servicio público de aseo (DUR. 1077/15 artículo 2.3.2.2.1) que expresamente señala: “Este decreto no aplica… a la gestión de residuos peligrosos, la cual se rige por lo dispuesto en las normas ambientales”.

Así, se considera que el fallo inaplica el derecho ambiental y desconoce los avances que, desde el MADS, se han realizado en busca de gestionar adecuadamente los residuos peligrosos; tampoco tiene en cuenta tratados internacionales sobre la materia como el Convenio de Basilea sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación.

Además, admitir que la gestión de los residuos peligrosos está enmarcada en la prestación del servicio público domiciliario de aseo genera gran confusión porque:

a. Solo un gestor especializado que cuente con la tecnología, las instalaciones y haya adelantado el trámite correspondiente de la licencia ambiental podrá aprovechar y/o eliminar, de manera ambientalmente adecuada, los residuos peligrosos que le han sido entregados.

b. Existen importantes diferencias entre los residuos ordinarios y los peligrosos como son: (1) políticas públicas; (2) normatividad aplicable; (3) autoridades encargadas de su reglamentación, vigilancia y control y; (4) tipos de responsabilidades que se derivan de su gestión.

c. El servicio especial de aseo no ha sido aún reglamentado por la normatividad colombiana. De hecho, la misma Corporación dejó sin piso jurídico un intento del Gobierno (D. 891/02) para dividir y clasificar el servicio de aseo en “ordinario y especial”.

En fin, quedan muchos cuestionamientos, pero el más importante es: ¿Que están haciendo los involucrados en el cumplimiento del fallo (generadores, gestores, autoridades ambientales y sanitarias) para avanzar en lo que implica la orden?

[1] CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA. CP: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Rad.: 11001-03-24-000-2009-00113-00. Bogotá DC, marzo 8 de 2018.

Hábitat

La de abril en Medellín y su Área Metropolitana, una factura muy esperada

Quienes hayan ahorrado energía durante el mes de marzo en los 10 municipios del Área Metropolitana de Medellín tendrán un incentivo en la factura de abril, en cumplimiento de la Resolución 29 de 2016 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), según anunció Empresas Públicas de Medellín.

Denuncia

Polémica por “impuesto verde” de la tributaria que aumentaría costo del gas natural

Todo un revuelo ha generado un nuevo artículo que incrementaría más de 5% el costo del servicio público. Lo que más preocupa es que se mantuvo por fuera al carbón, que según se ha demostrado, es más contaminante que el gas natural.

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