Quienes hayan ahorrado energía durante el mes de marzo en los 10 municipios del Área Metropolitana de Medellín tendrán un incentivo en la factura de abril, en cumplimiento de la Resolución 29 de 2016 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), según anunció Empresas Públicas de Medellín.

De igual manera, quienes no lograron disminuir su consumo y por el contrario aumentaron el número de kilovatios de energía en sus hogares deberán pagar el excedente.

La medida incentiva a quienes ahorren energía y determina cobros adicionales a quienes consuman en exceso, comparados ambos casos con una meta que se fija para cada cliente. La clave está en la meta de cada instalación, es decir, el último consumo mensual del usuario antes de que entrara en vigencia la resolución y se toma como base el consumo promedio de los últimos seis meses. Si la instalación presenta un consumo por debajo de la meta, se valoran esos kilovatios a la tarifa correspondiente en pesos y acorde al estrato socioeconómico y dicho valor se lo descuentan de la factura. Para los estratos 1, 2 y 3, que son subsidiados, la tarifa se define por rangos de consumo. Si por el contrario, el usuario consumió más energía de lo normal y sobrepasó la meta, esos kilovatios adicionales se valoran y se adicionan en pesos a la factura.

Anselmiro Bañol Sánchez, director de la Asociación de Consumidores de Medellín, afirma que la CREG y la Superintendencia de Servicios Públicos son dependencias de la Presidencia de la República. Sin embargo, imponen a los colombianos tarifas que no representan realmente el consumo de energía, pues hay muchos criterios que los usuarios desconocen que se suman a esos valores. Por eso, estímulos como el que dice EPM que dará “no son otra cosa que pequeñas dosis de anestesia que se le aplican al consumidor de servicios públicos, todo para que no sintamos cómo nos van metiendo la mano al bolsillo”. Bañol Sánchez indicó que esos incentivos “no conducen a aliviar la situación de los usuarios ni son la fórmula para resolver el problema de fondo como la escasez de los recursos naturales o la contaminación. Son tarifas encaminadas a ser rentables, no a prestar un servicio, que es lo que se necesita”.

En relación con el sector energía, Bañol Sánchez dijo que también falta conocer los efectos de la venta de Isagen, pues eso también se reflejará en las cuentas de servicios y aún los colombianos no sabemos cómo pagaremos las consecuencias de esa transacción.