Sábado, 10 Abril 2021
Actual

¡Extra! No habrá explotación minera en Valle de Cocora

Luego de la polémica desatada por la explotación de oro y platino que se adelantaría en los municipios de Salento, Córdoba y Pijao, la ANM, la Corporación Autónoma Regional del Quindío y los alcaldes implicados concertaron la suspensión definitiva de títulos mineros en la reserva natural.
Legales

El ABC para tramitar una licencia ambiental temporal en proceso de formalización minera

En el Plan Nacional de Desarrollo quedó consagrado el mecanismo de formalización bajo el amparo de un título minero, radicando en un primer momento el respectivo Estudio de Impacto Ambiental.

Denuncia

Extraían carbón sin título minero ni licencia ambiental desde 2009

El hecho se presentó en el sitio conocido como La Ferreira, en Jamundí, Valle, en donde las autoridades evidenciaron la mineria de carbon y su gravedad por considerarla generadora de uno de los más peligrosos tipos de contaminación hidrica.

Comunidades

Gobierno omite derechos indígenas en proyectos mineros de la Sierra Nevada

Gelver Zapata, asesor de asuntos territoriales de la Confederación Indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, señaló con preocupación que al Gobierno nacional “no le importa la vida cultural de los pueblos de la Sierra”, porque pretenden llevar proyectos mineros sin ponderar los derechos de los indígenas a ser consultados y partícipes de tales decisiones.

Columnistas Invitados

La formalización minera: la solución a la problemática de la minería ilegal

Guillermo Reyes 

Por Guillermo Francisco Reyes González Phd
Abogado exmagistrado Auxiliar Corte Constitucional - Exrector Universidad Católica de Colombia - Ex Viceministro de Justicia – Experto en Derecho Minero – Fundador Veeduría Ciudadana por la Defensa de una exploración y explotación minera responsable y bien hecha - Fundador de Reyes & González Abogados

 

En días pasados se publicó el Cuarto Informe titulado “Colombia Explotación de oro de aluvión”, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en asocio con el Ministerio de Minas y la Embajada de los Estados Unidos, en el que se reveló que el 52% de las explotaciones auríferas están en zonas protegidas o donde la minería está prohibida, y se indicó que la explotación de oro de aluvión tuvo un incremento del 6% al pasar de 92000 hectáreas en 2018 a 98000 hectáreas en 2019”. Y se indicaba que éste fenómeno se dio como consecuencia del aumento internacional del precio del oro, el que, según la publicación, propició en gran parte que la minería ilegal se propagara por el país, detectándose que el 66% de todas las evidencias de explotación de oro de aluvión en tierra eran ilegales; mientras que el 52% de las EVOA están en zonas con restricción para la minería, principalmente áreas naturales protegidas.

Estas cifras resultan más que preocupantes denotando una falta de políticas radicales y coherentes del Gobierno para enfrentar la ilegalidad, así como para fijar acciones concretas para la legalización, pero a la vez son oportunas en momentos en que en el Congreso de la República se debate un proyecto de ley encaminado a la formalización de la minería tradicional y la pequeña minería, el que deberá adicionar, si se quiere ser inclusivo y no excluyente, a la actividad del barequeo, esto es, a la denominada minería de subsistencia, hoy carente de políticas públicas y de medidas efectivas de protección a una minería que ha existido desde mucho antes de la conquista española, y de la que han subsistido las comunidades indígenas del Pacífico, del Cauca y de Antioquia, principalmente. Es la oportunidad de que se enfrente la ilegalidad no con la estigmatización ni con la criminalización hacia la minería ancestral y de subsistencia, sino con la formalización, brindando soluciones que permitan a esos mineros y sus núcleos familiares encontrar del Estado no un instrumento que reprime y sanciona, sino en uno que se preocupa del minero como ser humano y de su entorno, que busca brindarle las condiciones mínimas de vida, garantizándoles el acceso a la salud, a la educación y al mínimo vital. Pero que a su vez establezca una verdadera trazabilidad a todo el proceso desde que el oro de aluvión es extraído de los ríos, quebradas, cauces o de la tierra, hasta que se lleva a cabo su comercialización, que no sólo evite que la ilegalidad siga primando, sino que asegure un ingreso justo para el minero, que genere unas regalías que contribuyan al beneficio de la comunidad y que fortalezca la economía local, regional y nacional.

Es de resaltar que esa tarea no sólo deberá estar a cargo de la Agencia Nacional de Minería como ente encargado de recolectar y mantener la información sobre los títulos mineros y barequeros (RUCOM), al igual que de administrar los recursos minerales de propiedad del Estado para promover su óptimo aprovechamiento y sostenibilidad, sino en especial de los Alcaldes de aquellos municipios donde predomina la actividad minera de subsistencia y ancestral, a cuyo cargo está el deber de facilitar que los barequeros realicen el proceso de registro en el RUCOM, sin trabas ni dilaciones, alejando de su responsabilidad en esta materia cualquier interés o consideración de índole política, porque no hacerlo así, estarán comprometiendo el mínimo vital, la calidad de vida y los derechos fundamentales que a esta población les asiste.

Así mismo, es hora de que el Congreso y el Gobierno adopten medidas contundentes en favor de los mineros de subsistencia, los pequeños mineros y los mineros tradicionales, que les asegure el acceso al sistema bancario y una formalización de su actividad, sin que se desconozca su modus vivendi, sus condiciones sociales, étnicas y culturales, ni sus tradiciones respecto de la extracción del oro.

Legales

Ministerio de Minas establece pautas para la formalización de pequeños mineros que quieran legalizarse

Podrán acceder a nuevos títulos mineros previo a la entrega de propuesta de concesión que exponga el programa mínimo exploratorio y al cumplimiento de requisitos diferenciales

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Nueva “forma” de otorgar títulos mineros se estrena en Colombia

Se trata de una malla regular y estandarizada de recorte de área, definición de área libre mínima y eliminación de superposición con áreas ambientales excluibles.

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