El abogado Rodrigo Uprimny, alertó en su columna semanal que los tribunales internacionales podrían perjudicar gravemente las finanzas nacionales.

Imagen de referencia. / Foto: Colprensa

La historia es la siguiente: la minera Tobie Mining tenía una concesión en la región del Taraira, frontera con Brasil, la cual no pudo ser explotada porque en ella se creó el parque nacional Yaigoji Apaporis que abarca el área de explotación minera de oro de la región.

En febrero del año pasado se conoció que la empresa demandó al Estado colombiano por una valor superior a los USD16.5 millones, invocando una violación a los tratados de libre comercio. La cifra en pesos supera los 50 billones.

El tema estuvo quieto hasta el domingo pasado, cuando el profesor de la Universidad Nacional e investigador de De justicia, Rodrigo Uprimny prendió las alarmas en su columna de El Espectador por la posibilidad de que Colombia pierda este pleito.

“Esto es aún más grave si se tiene en cuenta que estos casos son decididos por tribunales de arbitramento internacionales, que operan en forma opaca y que, por distintos factores, tienden a desarrollar visiones más favorables a los inversionistas que a los Estados. Por ejemplo, quienes integran los tribunales son abogados especializados en inversiones, que suelen entonces asesorar a grandes empresas en otros casos, por lo que naturalmente desarrollan una ideología amigable a los inversionistas”, advirtió Uprimny.

El riesgo, según el columnista, radica en la figura de expropiación indirecta, que es la misma a la que está acudiendo la multinacional minera: “el concepto es muy riesgoso pues puede conducir a una parálisis de la capacidad regulatoria de los Estados y a demandas que pongan en peligro la estabilidad macroeconómica de los países”.

Y es que el riesgo sería enorme, según las cuentas nacionales, 50 billones de pesos constituyen una quinta parte del presupuesto general de la Nación para 2017.

No aprendemos

Uprimny advierte que a pesar de este caso, fue aprobado en tercer debate en el Congreso el tratado de inversión con Francia, que prevé estas cláusulas de arbitramento y de expropiación indirecta. “Este tratado podría ser entonces aprobado en los próximos días sin mucho análisis ni discusión. Esto no debería ocurrir pues el riesgo de estos tratados es enorme”.

El Estado se prepara

Antes, la defensa jurídica del Estado estaba atomizada en distintas instituciones y encabezada por muchos abogados que no tenían la capacidad necesaria ni los recursos autónomos para combatir las pretensiones de las multinacionales. Eso ha intentado cambiarse ante la ola de demandas contra Colombia.

Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, le dijo a La República que en la actualidad hay grandes reclamaciones que superan los US$23.000 millones (Unos 75 billones de pesos). Muchos de ellos con mineras como Eco Oro y otras de servicios públicos como Gas Natural Fenosa.

“Hay ocho arbitrajes y cuatro de ellos avanzados, unos de los más conocidos por la gente son los de Electricaribe y Glencore” asegura Vélez quien además dice que su entidad cuenta con un fondo superior a los $15.000 millones para enfrentar esas demandas.