Escrito por Renzo Alexander García Parra
Biólogo, Integrante
Comité Ambiental en Defensa de la Vida
El pasado 26 de marzo (luego de más de 10 años de debates, audiencias, foros, talleres, movilizaciones pacíficas y de lamentables episodios de violaciones a los DDHH), los ciudadanos del municipio de Cajamarca manifestaron su rechazo categórico al proyecto minero La Colosa y demás proyectos de explotación minera en su territorio. Frente a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo Sí o No con que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras? 6165 personas votaron NO y tan sólo 76 votaron Sí.
El triunfo de Cajamarca es inobjetable. Ganó la defensa del derecho colectivo al ambiente sano, ganó la vocación agropecuaria, la cultura campesina y potencial eco-turístico. La victoria del pueblo cajamarcuno fortalece la democracia, la esperanza y la dignidad de los colombianos que nos resistimos a aceptar la dictadura minera del gobierno de Juan Manuel Santos. El éxito de Cajamarca ha alentado el desarrollo de otros procesos en el país. El reto es fortalecer la solidaridad y unidad nacional con el propósito de avanzar en un movimiento nacional ambiental que nos permita la defensa de los bienes comunes naturales y el derecho al ambiente sano de las presentes y futuras generaciones.
Aunque el triunfo de los Cajamarcunos fue producto del actuar pacífico, democrático, constitucional y no violento, vemos que el gobierno nacional pretende desconocer los mecanismos de participación ciudadana. Al respecto, es importante precisar que la Consulta Popular se encuentra reconocida en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, en las Leyes estatutarias 134/1994 y la 1757/2015 y la sentencia de Corte Constitucional T-445/16. Es inaceptable que el gobierno incumpla la Constitución y la normativa legal que sustenta el paso de la democracia representativa a la participativa, sobre todo en el marco del actual proceso de paz. No existiría nada más in coherente que desconocer el derecho fundamental de las comunidades para decidir su propio modelo de desarrollo y la solución de sus conflictos socioambientales a través de mecanismos democráticos y pacíficos.
Al asumir el mecanismo de la Consulta Popular las comunidades le dan cuerpo al derecho fundamental de participación ciudadana que les permite determinar el futuro y modelo de desarrollo de sus territorios. En lugar de apelar al bloqueo de vías y las confrontaciones callejeras, las comunidades han ejercido procesos de convocatoria y movilización democráticas, no violentas e incluyentes, que permiten fortalecer la democracia y la prevalencia de los derechos humanos de la sociedad en general.
Esperamos que el Presidente acoja y respete los resultados de las Consultas Populares de Piedras, Tauramena, Cabrera, Cajamarca, Cumaral, Arbelaez, Pijao, Pasca y todas las que se convoquen; como también las decisiones de los Concejos Municipales de Támesis, Jericó, San Agustín, Acevedo, El Agrado, Tarqui, Pitalito, Oporapa, Acevedo, Altamira, Elias, Timana y Doncello, de rechazar el extractivismo en sus territorios. Esperamos que la fuerza del movimiento social siga creciendo y sea capaz de derrotar la codicia y dictadura minera que se impone desde la presidencia y las empresas minero-energéticas.
No perdamos de vista que la verdadera riqueza de los colombianos no se encuentra en el subsuelo sino justamente en su superficie, en la riqueza hídrica, biodiversa, paisajística, agroalimentaria y cultural de nuestros territorios.