Domingo, 28 Noviembre 2021
Comunidades

Célebre encuentro de mujeres Indígenas en la Amazonía

Se trató de un conversatorio durante cuatro días que buscaba resaltar el rol de las mujeres indígenas y su conocimiento cultural para el manejo del territorio Amazónico. 
Regionales

¡Impresionante imagen del Guatapurí! De 11 mil litros/segundo, hoy su caudal es de 4 mil

A raíz de que en el Cesar solo ha llovido el 40 por ciento de los promedios históricos en los últimos tres años, el caudal del río Guatapurí, que abastece al acueducto de Valledupar y a agricultores de la región, pasó de tener 11.200 litros por segundo a 4.290. Corpocesar decidió reducir en un 20 por ciento la concesión de agua a la entidad.

Comunidades

"Comunidades indígenas son más efectivas que el Estado a la hora de cuidar la Amazonía peruana", dice estudio

“La gobernanza forestal local puede ser igual o más eficaz que los regímenes estatales centralizados”, según estudio de la Universidad de Cambridge..
Internacional

"Gobierno peruano desatiende a comunidades indígenas afectadas por consumo de aguas contaminadas": Aministía Internacional

"Casi todos los miembros de la comunidad a los que se realizaron análisis tenían plomo, cadmio, mercurio o arsénico en la sangre", sostiene estudio.
Comunidades

Acuerdos ambientales permitieron levantar bloqueo en Gibraltar

Desde hace más de una semana los indígenas se tomaron la planta de gas, llegando incluso a poner en riesgo su vida. Estudios ambientales y suspensión de actividades turísticas, entre los acuerdos que firmaron con el Gobierno.

Internacional

Amnistía Internacional solicita investigar efectos del agua contaminada en poblaciones indígenas del Perú

El Secretario General de AI espera reunirse con organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos y con funcionarios de alto nivel, entre ellos el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski.
Comunidades

Batalla de los U’wa contra daño ambiental sacó ecoturismo del Cocuy

Se terminó la disputa entre indígenas de la Nación U´wa y el Gobierno por el turismo desmedido, descontrolado y desorganizado en el Parque Nacional Natural El Cocuy en Boyacá.
Denuncia

Condenan a Cerro Matoso a indemnizar comunidades aledañas por daño ambiental

La medida fue proferida por la Corte Constitucional argumentando afectaciones con desechos mineros en sus alrededores. También ordena tramitar una nueva licencia ambiental.
Denuncia

Denuncian exclusión en consulta por desviación del Arroyo Bruno, tras fallo que suspende la licencia

Luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira suspendiera la licencia aprobada por Corpoguajira que le permite a la empresa Cerrejón el desvío del Arroyo Bruno porque no fueron consultadas todas las comunidades indígenas de la zona, a Leobaldo Sierra, líder wayuu de la comunidad La Rosita, le preocupa que el fallo sea reversado en una segunda instancia y que nuevamente no sean consultadas las comunidades que, según él, se verán afectadas.
Comunidades

El Pueblo Inga y el modelo sostenible que lo llevó de cabildo a resguardo

La comunidad indígena Inga de Aponte, Nariño, recibió este 20 de mayo el Premio Ecuatorial 2015, otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Su iniciativa de “triple beneficio” representó avances económicos, sociales y ambientales, que hizo que el resguardo colombiano se destacara de otros 1.500 candidatos provenientes de 126 países.
Actual

Gobierno se compromete a excluir de minería a la Sierra Nevada de Santa Marta

Los ministerios del Interior y de Ambiente anunciaron un acuerdo con las comunidades para excluir de la actividad extractiva a cerca de un millón de hectáreas del macizo.

Regionales

Indígenas y organizaciones sociales de la Sierra Nevada lanzan SOS por incendios que completan 9 días

En comunicado conjunto exigieron atención inmediata para extinguir las llamas que ya devastan más de 220 hectáreas de bosque seco tropical.

Columnistas Invitados

Las licencias ambientales más allá de los parámetros permisibles

 ALVARO JOSE HENAO

Alvaro José Henao Mera
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Ex asesor Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Secretaría Distrital de Ambiente, Parques Nacionales Naturales.

El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente – Decreto Ley 2811 de 1974 - en su título V fijó los modos de adquirir el derecho a usar los recursos naturales renovables, determinando que el mismo se obtiene mediante la expedición de un permiso, trámite, autorización o proceso de licenciamiento ambiental, excepto en los casos en que su uso provenga de una actividad amparada por ministerio de Ley.

El otorgamiento de dichos permisos o autorizaciones, obedece a una evaluación técnica y jurídica, en donde conforme a los principios que rigen el accionar administrativo ambiental, la autoridad debe evaluar en el marco de un proyecto, obra o actividad, cuáles son los efectos del daño al ambiente y de qué forma dicho daño se puede corregir, mitigar, manejar o compensar con la imposición de diferentes obligaciones a cargo del titular del trámite.

Dicha evaluación corresponde sin duda a la materialización del principio de prevención consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, el cual busca evitar una perdida ambiental irreversible, mediante el análisis de las consecuencias que se puedan derivar de la ejecución de un proyecto, obra o actividad. Igualmente, la expedición de un permiso debe ir en consonancia con la materialización de los principios de desarrollo sostenible, planificación y medio ambiente sano.

Basados en lo anterior, podría afirmarse que el otorgamiento de los permisos o trámites ambientales, no podría estar amparado bajo los supuestos del principio de precaución, pues su contenido precisamente exije que ante la falta de certeza científica del daño, las decisiones que se asuman propendan por la protección de los recursos naturales, afirmando entonces que cuando una autoridad ambiental no cuente con los elementos suficientes para determinar el daño o las medidas necesarias para su manejo, no debe en ningún caso otorgar una autorización para hacer uso de los recursos naturales.

Así las cosas, es totalmente claro que cuando una autoridad ambiental expide los instrumentos para otorgar el derecho a usar los recursos naturales, lo debe hacer teniendo la total certeza de (i) cuál es el daño que se causa con la realización del proyecto, obra o actividad, y (ii) cuáles son los mecanismos que se deben utilizar para el manejo de dicho daño. Estas obligaciones de certeza, deben estar en cabeza de quien solicite el permiso, licencia o autorización ambiental, pues es él quien debe probar su capacidad para poder usar los recursos naturales.

En muchos de los casos, la evaluación del daño y sus medidas, estan precedidos por la existencia de diferentes parámetros o límites permisibles estipulados en normas de superior jerarquía, que deben ser acatadas por quienes deseen hacer el mencionado uso. Esto sin contar, con las disposiciones que bajo el principio del rigor subsidiario se pudieran haber interpuesto por parte de la autoridad local competente.

Basados en la exposición realizada, vale la pena traer a colación la decisión adoptada por la Corte Constitucional en el marco de la Sentencia T 614 de 2019, en la cual la comunidad Resguardo Indígena Wayúu Provincial, ubicada en el municipio de Barrancas, La Guajira, solicitó la protección urgente de los derechos fundamentales a la vida, integridad personal, salud, intimidad de los habitantes de su comunidad y al ambiente sano, por la actividad de explotación minera adelantada por la empresa Carbones del Cerrejón Limited.

Los integrantes de la comunidad lograron demostrar las afectaciones que se causaban de manera directa por medio de estudios científicos que comprobaban algunas sustancias contaminantes en el aire como Azufre, Cobre, Cromo y Zinc; y otras en la sangre de sus habitantes como Cromo, Niquel, Manganeso y Bromo, todas relacionadas con la actividad realizada por la empresa. Sin embargo, en su defensa, Carbones del Cerrejón aseveró que cumplían a cabalidad con las obligaciones emitidas en la licencia ambiental, y que los estudios realizados en el marco de sus informes de cumplimiento, arrojaban un acatamiento de los parámetros permisibles que habían sido establecidos por la Autoridad Ambiental competente.

Con base en lo anterior, la Corte Constitucional determinó que los parámetros y límites permisibles establecidos en la normatividad, no son suficientes para garantizar la protección de los recursos naturales y la comunidad. Afirmando que:

“el control ambiental y la forma de analizar si hay impactos nocivos de una actividad contaminante, no puede reducirse a la verificación matemática del cumplimiento de unos valores límite; menos aún, puede afirmarse que, si se acreditan estos parámetros, no se han ocasionado daños ambientales, como si se tratase de una especie de “dictamen pericial anticipado” al respecto.”

En este orden de ideas, la Corte impuso una orden que hasta el momento no tenía precedentes en nuestro ordenamiento, al menos no para casos particulares, la cual consistió en la necesidad de que de manera conjunta, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y CorpoGuajira, implementaran un sistema independiente de medición de la calidad del aire en el Resguardo y de las fuentes hídricas que lo abastecen, fijando en caso de ser necesario parámetros independientes que únicamente sean usados para este caso particular y concreto, pero que garanticen la protección del ambiente y de las comunidades que habitan alrededor de la operación de la empresa Carbones del Cerrejón. Su decisión se basó en el principio de precaución, como manera de obligar a las autoridades a garantizar los derechos invocados por las comunidades, y a establecer de manera científica la forma de que dicha comunidad no se vea afectada por los impactos de la empresa.

Para la Corte Constitucional “(…) resulta indispensable adoptar todas las medidas para mitigar la ocurrencia de daños a la naturaleza, así como exigir a los diferentes actores sociales y empresariales su cumplimiento y, de ser necesario, la modificación de las ya existentes, con el fin ulterior de garantizar plenamente la salvaguarda del ecosistema y de las personas que pueden verse afectadas por ello.”

Sin duda, la decisión de la Corte más allá de ser novedosa, establece que el deber constitucional de protección de los recursos naturales está en cabeza de todos, y que si bien pueden existir parámetros límites permisibles y procesos que cuenten con instrumentos ambientales vigentes, el deber de los administrados está en garantizar el cuidado y protección de los recursos naturales, incluso por fuera de los parámetros y límites establecidos para su cumplimiento.

Si bien la decisión es interesante y ratifica que los permisos, trámites y autorizaciones ambientales más allá de ser instrumentos legales, son instrumentos constitucionales, surje con esta decisión varias preguntas relevantes, que valdría la pena seguir analizando: 1) ¿Se debió mantener la licencia ambiental, aún a sabiendas que la misma no protegía el medio ambiente ni a los habitantes? 2) ¿Estamos en presencia de la posibilidad de aplicar el principio de rigor subsidiario en casos particulares y concretos, incluso por autoridades que no tienen competencia directa en el manejo del instrumento ambiental? 3) ¿Los parámetros límites máximos permisibles, no son una garantía absoluta de las medidas de manejo que se deben asumir por parte de los particulares?

Comunidades

México es el país americano con más población indígena: IWGIA

Según el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – IWGIA, los indígenas en México han alcanzado los 25 millones, lo cual representa más del 19% de su población.

Legales

MinAmbiente extenderá duración de zona de reserva en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta

Se busca que la prorroga sea por el término de dos años y la Agencia Nacional de Minería no podrá otorgar nuevas concesiones mineras.

Legales

MinInterior derogó la circular que validaba la realización de consultas previas virtuales

Después de varias críticas, la Ministra revocó la medida de reuniones virtuales con comunidades indígenas y  afrodescendientes en el marco de consultas previas.

Internacional

Nicaragua emite “libro blanco” sobre el canal interoceánico

El "libro blanco" expone el proyecto del canal interoceánico que la firma china HKND Group pretende construir en el país.
Hábitat

Ordenan suspender desvío de Arroyo Bruno en La Guajira por Consulta Previa

La medida de forma provisional se tomó mientras se resuelve una tutela interpuesta por comunidades indígenas para exigir nuevas consultas previas sobre la obra.

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