Sábado, 19 Agosto 2017

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Por Eduardo Chávez López
Director de Catorce6
 
Los diez años de Catorce 6 coinciden con la década de mayor conflictividad ambiental en Colombia. Según estudio del Instituto Cinara de la Universidad del Valle, el número de conflictos ambientales sucedidos desde 2007 supera con creces la suma de los acontecidos en los 25 años anteriores a esa fecha.
Los ha habido relacionados con proyectos de hidrocarburos, de minería, de generación eléctrica, relacionados con proyectos portuarios, o turísticos, o urbanísticos, relacionados con fuentes hídricas o con manejo de residuos, entre otros. Han sucedido en todas las regiones del país sin ninguna excepción. Algunos han registrado acciones de hecho o confrontaciones violentas entre manifestantes y autoridades, otros han sido tramitados con instrumentos que ofrecen la constitución y la ley como es el caso de las consultas populares, las acciones populares, las tutelas o las audiencias públicas ambientales.

Cada vez la argumentación ambiental está más presente en las dinámicas de los municipios. Las comunidades se interesan sobre el estado de los recursos naturales, buscan mayores niveles de información y saben acerca de los mecanismos que le ofrece la ley para presentar sus reclamos. En la mayoría de los casos el activismo ambientalista, se ha articulado a esas dinámicas locales, aprendiendo de ellas y ejerciendo un liderazgo conceptual que también se ha nutrido con la presencia de académicos. En buena medida ese activismo ambientalista ha empezado a hilvanar un discurso sobre las perspectivas del desarrollo del país y las regiones que no ha tenido respuesta desde el Estado.

El Gobierno por su parte asiste a cada conflicto como si fuera el primero y apenas alcanza a responder con timidez y a veces con vergüenza a los reclamos comunitarios. En la mayoría de los casos le deja a las empresas la explicación acerca de las políticas sectoriales y su relación con la economía del país y las regiones, a sabiendas de las limitaciones que estas tienen en esa materia. Las otras autoridades, las judiciales y las ambientales, prefieren no torear el avispero y decidir con base a la temperatura del ambiente social. Así es como se han proferido decisiones, sentencias y hasta actos administrativos contradictorios sobre una misma temática. De esa manera se han negado o autorizado licencias ambientales de acuerdo al clima social, o adoptado fallos judiciales que ordenan o desautorizan mecanismos de participación ciudadana dependiendo del mismo criterio.

Los gobiernos nacional y regionales, conjuntamente con las autoridades ambientales y los jueces, deberían aprovechar el interés de las comunidades por los aspectos ambientales para iniciar el diálogo social sobre conservación y desarrollo económico. Escenarios hay muchos pero no se aprovechan. Nada más con que los municipios asuman la obligación legal de actualizar sus los planes de ordenamiento territorial, se estaría contribuyendo a dar ese debate en el orden local. Es una vergüenza que de los 1.122 municipios que tiene Colombia, sólo 236 tengan su POT al día. La discusión de los POT, la discusión sobre la política minero energética, la discusión sobre el desarrollo ecoturística, el debate sobre los modelos de desarrollo, deben abordarse de manera informada desde ahora y en todos los escenarios. La oportunidad está servida, antes que lo ambiental se convierta en un ingrediente más de la confrontación social.

 

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