La consulta popular anti-minera vio la luz éste jueves luego de cuatro meses de trabas. El Tribunal Administrativo del Tolima dijo “SI” a la posibilidad de que la población decida sobre temas mineros.
La propuesta, que arrancó en el mes de febrero del presente año, cuatro días después de la posesión del alcalde de Ibagué, Guillermo Alonso Jaramillo, busca que los ciudadanos voten si están de acuerdo o no con que en el municipio se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio.
Luego del fallo -cuatro votos a favor y dos en contra-, el mandatario anunció que en un periodo de tres a cuatro meses los ibaguereños podrán votar en las urnas y decidir sobre exploraciones mineras en el territorio, un mecanismo que fue debatido entre ambientalistas y conocedores jurídicos, estos últimos, quienes consideraban que la participación ciudadana no es de obligatorio cumplimiento.
130 mil votos decidirán si aprueban o no proyectos y actividades mineras en la región. / Foto tomada de Caracol.com.co
Según Jaramillo, la Consulta Popular Minera cumple con lo estipulado en la Constitución Política de Colombia y en la Ley 136 de 1994 en su artículo 33, que dice que “cuando un proyecto minero o turístico atente contra el agua, el medio ambiente o la costumbre de una población, el ente territorial, en este caso el alcalde, está obligado a hacer una consulta popular”. “Este es un compromiso que adquirimos en campaña con la ciudadanía” aseguró el mandatario. (Vea también Ley 136 de 1994)
Hace unas semanas, Oswaldo Ordóñez, profesor de Geología Económica de la Universidad Nacional, dijo en entrevista a Semana en Vivo que la consulta es una duplicación de las funciones del Estado, ya que en este país existen leyes que castigan a quien contamina los ríos, suelos y subsuelos, por lo que no hay necesidad de votar, para eso existen las corporaciones ambientales y la constitución. “Consultar es importante, pero hay que tener límites en ciertas cosas y lo temas técnicos deben pasar por lo técnico” afirmó Ordóñez.
La pelea en el departamento del Tolima entre población, ambientalistas y productores mineros empezó hace 10 años cuando la compañía Anglogold Ashanti descubrió la minera La Colosa en Cajamarca, un yacimiento capaz de generar, según expertos, 800 mil onzas de oro al año.
El fallo fue dilatado desde el mes de abril por inconvenientes al interior del Tribunal Administrativo del Tolima como recusación e impedimentos de varios magistrados. Finalmente, en las próximas horas se conocerá el texto de dicha decisión.
