Sábado, 19 Agosto 2017

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Fallos de altas cortes, consultas populares y falta de coordinación institucional tienen por el piso la inversión en el sector. ¿Radicalismo o triunfo ambiental?
La historia se remonta al 7 de julio de 2010, cuando el entonces presidente electo Juan Manuel Santos a un mes de posesionarse en el cargo, decidió anticipar sus pilares para impulso de la economía. El mismo los bautizó como las 5 locomotoras: vivienda, innovación,  infraestructura, agricultura y minería.

Por lo menos en la última, los antecedentes lo favorecían pues venía de 2009 cuando la inversión extranjera en actividades mineras alcanzó los 3.024 millones de dólares, la más alta en la historia del país. Sin embargo parece que esa locomotora se le ha venido frenando, se le quedó sin carbón.

De acuerdo a los últimos informes del Banco de la República, hasta el tercer trimestre de 2016 se evidencia una caída de más del 100% toda vez que el flujo de inversión extranjera directa en el sector minero del año pasado fue negativo, pasando de 533 millones de dólares en 2015 a una reducción de -55 millones de dólares en los tres primeros trimestres de 2016. 

Se fundió la locomotora y las razones son variadas: por un lado la económica, como la caída en los precios internacionales de varios minerales, entre ellos el níquel, el oro y el carbón; pero también aquellos motivos que tienen que ver con los conflictos sociales, ambientales y laborales.
Todas las instituciones que defienden a las empresas mineras, desde gremios hasta el propio Ministerio de Minas, no han dudado en culpar tanto a los fallos de las altas cortes como a las consultas populares, de afectar la inversión extranjera y la producción nacional.

A esa interpretación se sumó el propio Gobierno. Catorce6 conoció el diagnóstico realizado por el Ministerio de Minas, encabezado en esa época por María Lorena Gutiérrez, donde asegura que sentencias de la Corte como la C-035 del 2016 que prohíbe la minería en páramos “han generado cambios en las reglas de juego para el sector minero. Es así como la proliferación de normas y la falta de un marco jurídico estable ha dificultado la toma de decisiones por parte de los diferentes actores de la industria y se ha reflejado en la percepción negativa de los inversionistas”.


guajira.wikispaces                                                                  Foto tomada de: www.guajira.wikispace.com

Ambientalistas defienden papel de la Corte y derecho a la consulta

Catorce6 consultó a varios ambientalistas que han venido participando en la promoción de consultas populares o en demandas que han terminado en fallos de la Corte Constitucional que cambiaron normas importantes del sector minero-energético y de hidrocarburos. 
Julio Fierro Morales, geólogo e investigador de la Universidad Nacional, que ha participado con sus conceptos en varios casos como el de la suspensión de la licencia que tenía Cerrejón para la expansión de Puerto Bolívar, sostiene que “las comunidades están desesperadas con la profundización del modelo (minero) y están echando mano de estrategias que son perfectamente legales y son perfectamente constitucionales, de esta manera enfrentan una serie de actividades que suelen ser muy negativas en términos sociales, ambientales y económicos”.

En cuanto al fallo que le da autonomía a las autoridades locales para vetar proyectos, Fierro le dijo a Catorce6 que “la Corte ha hecho que gobiernos locales se den cuenta del poder que tienen, no es que sea contra la minería sino respetar un marco constitucional, no es atacar un sector en particular sino recordar un marco que tiene que ser respetado por multinacionales, trasnacionales y el propio Gobierno”.

Sobre participación ciudadana, Edison Cañón, promotor de la consulta popular de Cabrera – Cundinamarca, que frenó el proyecto hidroeléctrico Sumapaz y en general cualquier actividad extractivista, sostuvo que “las consultas son muy importantes porque son una forma esencial de darle voz a la gente y a las comunidades que antes no tenía poder de decisión frente a proyectos que consideran perjudiciales”.
Pero Cañón va más allá y sostiene que incluso las consultas deberían volverse más sencillas: “el proceso es tedioso, no es tan fácil para las comunidades porque el proceso no es fácil, trae incluida mucha cuestión burocrática, si la administración lo quiere, puede hacer los procesos más tediosos y tardíos dando campo para que los dueños de los proyectos se muevan más rápido para bloquearlos”. 

Estos mecanismos de participación se encuentran avalados por la ley estatutaria 1757 de 2015 la cual establece en su artículo quinto que “cualquier ciudadano, organización social, partido o movimiento político, podrá solicitar a la Registraduría del Estado Civil correspondiente su inscripción como promotor de un referendo, de una iniciativa legislativa y normativa, de una consulta popular de origen ciudadano o de una revocatoria de mandato”.

Mala percepción de la minería y pérdida de las regalías

Las propias empresas y gremios del sector minero han reconocido que cada vez es más generalizada la mala percepción que hay en el país de la actividad. En el informe del Ministerio de Minas se señala que “existe una mala reputación, o aversión, frente a la actividad minera, así como niveles importantes de conflictividad y resistencia a los proyectos en muchas regiones donde se desarrolla la minería, debido a la escasa implementación de procesos de difusión y socialización efectivos sobre los impactos positivos y negativos que genera esta actividad”.

Eso se ha generado porque las comunidades perciben en muchas ocasiones que hay una afectación ambiental y de uso del suelo, pero no una retribución económica a la comunidad que contribuya a su desarrollo, por ejemplo en materia de infraestructura, acueductos, hospitales, o cualquier tipo de obras.

“La reforma a las regalías es la gran reforma de la equidad en Colombia”, así lo dijo el presidente Santos cuando habló de la redistribución de ese dinero que es el producto de la explotación de los recursos naturales no renovables del país, es decir principalmente de la minería y los hidrocarburos. Según el Ministerio de Minas esos dos sectores han contribuido en los últimos cuatro años con más de 20 billones de pesos para proyectos en las regiones. El problema es que esas obras no se ven y la plata parece embolatada.

El pasado 21 de febrero la Contraloría publicó un estudio en el que denunciaba que los elefantes blancos, como se le conocen a las obras inconclusas, estaban inundando el país. En total fueron 35 billones invertidos entre 2012 y 2015 en cientos de obras, sin embargo en 17 departamentos se encontraron muchas de ellas inconclusas o sin prestar servicio a la comunidad.

Son precisamente los departamentos con más actividad minera y con mayor percepción de regalías donde menos se ve la plata: solo en 2016 “Meta  encabeza este deshonroso ranking con irregularidades por más de 110.000 millones de pesos. Le sigue Casanare con más de 40.000 millones y algunos de la costa Atlántica como Córdoba, con más de 30.000 millones de pesos”.


En auge las consultas 

Sin duda desde 2015 cuando se reglamentaron los mecanismos de participación, las consultas se han vuelto una opción para los ciudadanos de los municipios que se oponen a cualquier actividad minero-energética o petrolífera. 

El ejemplo más reciente fue el del pasado 26 de marzo donde la comunidad de Cajamarca decidió decirle No, con el 97.92% de los votos (6.165) al sonado proyecto de La Colosa, liderado por la firma AngloGold Ashanti. Para llegar a este proceso electoral, los promotores tuvieron que superar varios obstáculos, como el pronunciamiento del Consejo de Estado que vetó la pregunta al considerar que era sesgada por contener la expresión “que implique contaminación del sueldo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio".
Por una turbulencia muy parecida atraviesa la consulta de Ibagué, que aunque fue respaldada por el contencioso administrativo, también pidió cambiar la pregunta por no cumplir con el principio de imparcialidad. De esa forma, el alcalde de esa ciudad, Guillermo Alfonso Jaramillo, le solicitó al Tribunal Administrativo del Tolima que le permita retirar dicha pregunta con el fin de poder formular una nueva. Ese llamado a las urnas ya se había aplazado en una ocasión por haberse convocado el 2 de octubre coincidiendo con el plebiscito por la paz.

foto 5 protesta contra la minería                                                Foto tomada de: www.salvalaselva.org

A estos dos procesos se suma el ya mencionado en Cabrera – Cundinamarca, donde de forma arrasadora el 98% de los votantes se opusieron a la realización del proyecto hidroeléctrico de Sumapaz y/o a cualquier otro proyecto “minero  que transformen o afecten el uso del suelo, el agua o la vocación agropecuaria del municipio”.

Sin embargo es posible que el auge de estas consultas se detenga después del ya mencionado fallo de la Corte Constitucional que le dio autonomía a los municipios para tomar decisiones frente a proyectos de extracción en sus jurisdicciones. “Hay que mirar otras alternativas como los planes de ordenamiento territorial”, dijo al respecto Edison Cañón.

Sobre este tema la Asociación de Minería alega que “constitucionalmente el subsuelo es del Estado” y por eso piden tramitar “una ley que permita una adecuada coordinación y articulación entre las competencias de autoridades nacionales y municipales, en las que se tengan aspectos fundamentales de carácter económico, de beneficio común y de atención a requerimientos del territorio”.

Ambientalismo y minería, ¿no hay un punto medio?

Como en muchos otros temas ambientales, la minería siempre se ha visto entre los extremos de los que piden dejarla funcionar a cualquier costo y los que piden prohibirla completamente. Los primeros asegurando que aportan al desarrollo económico y al empleo, los segundos argumentando que la actividad siempre va a dejar pasivos ambientales.

Sin embargo existen puntos medios que se vienen aplicando en otros países. El caso de Canadá es llamativo porque mucho más allá de tener una reglamentación clara en minería, lo que tienen es un fuerte y articulado sistema de protección ambiental que coordina a las autoridades federales y provinciales. 

En entrevista con Catorce6, Leon Teicher, empresario del sector en Canadá señala que sí existe un punto medio entre las dos posturas y que el ejemplo claro es Vancouver “ciudad que es ampliamente reconocida a nivel mundial por su pureza ambiental y su calidad de vida al tiempo que es uno de los más grandes puertos de Norteamérica para la exportación de minerales como carbón, azufre, potasio, entre otros”. El alto ejecutivo es enfático en señalar que “los impactos negativos netos en el medio ambiente y en la sociedad se ven principalmente en países donde no se controla la extracción ilegal de recursos minerales”.

Y es que en Canadá las cifras de la minería son muy dicientes: contribuyó en $56.000 millones de dólares al Producto Doméstico Bruto (GDP) en 2015, pagando impuestos y regalías federales y provinciales por más de $71 mil millones de dólares (Más de 210 billones de pesos colombianos) en la década de 2003 a 2012. Además la industria emplea directamente a 373,000 personas en la extracción, fundición y procesamiento de minerales y a otras 190.000 indirectamente, quienes devengan los salarios y prestaciones más altos de todos los sectores, con un promedio de $115.000 dólares anuales.

Teicher resalta que la diferencia en la legislación de ese país con Colombia “es que los fallos judiciales y en especial de las altas cortes ocurren a partir de serios y rigurosos estudios científicos y mediando el diálogo con los sectores conocedores y afectados… uno de los focos más importantes de diálogo social es el que tiene que ver con las comunidades aborígenes o ‘First Nations’”.

Minería 2

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