Jueves, 30 Marzo 2017
Por Eduardo Chávez López
Director de Catorce6
 

Que el Presidente Santos no haya incorporado a su gabinete del posconflicto al Ministro de Ambiente, es reflejo de la falta de grandeza con la que ven la paz algunos miembros de su círculo cercano en el Palacio de Nariño. Ya vimos lo difícil que ha resultado acondicionar los campamentos donde finalmente se concentraron los guerrilleros que marcharon hacia el desarme.

Muchos nos hicimos la misma pregunta que ante las cámaras formulase un campesino mando medio de la guerrilla: “¿si con esto tan pequeñito empezaron a incumplir, cómo será con el grueso de los puntos que acordaron?” Por eso proscribieron los principales temas ambientales de los acuerdos de paz pues, según los ambientalistas que viajaron a La Habana antes del plebiscito, los negociadores del gobierno evitaron a toda costa hablar de aspectos que pudiesen abrir la discusión sobre el modelo económico. Como si hablar de la protección a ecosistemas antes “protegidos” por la guerra, o el cuidado de las fuentes hídricas, o el rol del ecoturismo en esta nueva realidad y otros temas similares, pusiese en riesgo grave la estabilidad económica del país.

Es una lástima que el Gobierno en esta paz esté mostrando más sus temores que las certezas. Las emocionantes imágenes de largas filas de guerrilleros marchando alegres a las zonas donde van a dejar las armas, se vieron más en los noticieros internacionales que en los informativos capitalinos. Piensan más en el temor que les genera mejorar la imagen de un antiguo adversario que en mostrar los cambios que producen las nuevas voluntades de cumplir lo pactado y todo lo que ello puede movilizar.

Es que el posconflicto colombiano no es sólo el desarme de la guerrilla más antigua del hemisferio occidental. Es también la oportunidad de desarrollar una nueva forma de relacionarnos entre todos, incluidos los no armados, para construir una realidad que mejore nuestra vida y nuestro capital social y natural. Todo parece indicar que esas potencialidades no son consideradas en el círculo cercano al Presidente.

Por eso son displicentes con grupos tan reconocidos y significativos como los ambientalistas de todas las regiones que después de meses de talleres propusieron una agenda de once puntos para obtener una respuesta oficial que sólo hablaba de lo extemporánea de la iniciativa.

El Gobierno está perdiendo la oportunidad de oro para hacer de esta paz, el nuevo escenario de reconciliación entre los actores de la sociedad, de su economía, de su cultura, de sus regiones. Pero también está desestimando la capacidad creadora de una sociedad que en medio de una crisis profunda de sus liderazgos, necesita ser inspirada hacia nuevas epopeyas.

Una rectificación a tal mirada es aún posible, pero eso significa cambiar el corazón de muchos en el alto gobierno que están haciendo cálculos electorales o económicos en medio de semejante momento histórico. Por supuesto que es el Presidente el más llamado a animar tal rectificación y el ambiente es un escenario que brinda esa oportunidad empezando por la incorporación de su Ministro al posconflicto y la articulación de liderazgos naturales como el de los ambientalistas a la inauguración de una nueva utopía desde la paz.

 

Por Cecilia Rodríguez González-Rubio
Presidenta de Catorce6

El crecimiento verde es un concepto intangible, transversal a todas las dimensiones de la vida, que se traduce en la práctica en regulaciones que impulsan o detienen a las empresas, los ciudadanos y al Estado. Debido a que son tantos los posibles frentes, es muy acertado que salga del DNP esta política transversal a todos los sectores.

Sin embargo los Ministerios de Minas, Agricultura, Vivienda, TIC y Ambiente, y las Comisiones de Regulación de Agua y Energía, saben perfectamente hacia dónde deben avanzar en sus respectivos sectores. El país requiere diversificar su matriz energética y ampliar la proporción de renovables no-convencionales; debe racionalizar el uso de agua y suelo agrícola y urbano; avanzar en los alcantarillados y su tratamiento; en reciclaje y aprovechamiento de basuras, en logística para un menor uso de recursos incluyendo TICs, en coprocesamiento de residuos peligrosos y en sistemas más eficientes para su eliminación y tratamiento, y así muchos frentes más de gran urgencia.

Es la falta de decisión de cada Ministro la razón por la cual casi a fines de este gobierno, que el crecimiento verde no se ha materializado. Fue taxativamente incluido en el Plan de Desarrollo 2014-2018 y por ejemplo en el caso de las energías renovables no-convencionales la reglamentación tiene obstáculos de procedimiento que muestran con claridad la influencia de grupos de interés. Exactamente igual ocurre con el reciclaje de residuos domiciliarios. Es evidente la influencia en la Comisión de Regulación de Agua y Aseo que protege el vergonzoso statu quo, frente a tantos países que tienen modelos excelentes de donde aprender. Otro caso crítico es el sector que tiene del cuello al gobierno, el transportador. Debe modernizar el parque automotor para menores emisiones y mayores eficiencias, así como aceptar la llegada de TICs que permite un uso mucho más eficiente de esos activos en el país. El camino ha sido prohibir para quedar en el atraso y no tener que enfrentar el desafío de nuevas regulaciones para una nueva economía.

Ahora el gobierno presenta la Misión de Crecimiento Verde, quizá con la intención de que sea una instancia para lograr consensos, pero no son alentadoras las esperanzas. Cada grupo de interés seguirá empujando a su favor y los resultados de un gobierno no pueden ser los de los actores que más empujen. Desde el 7 de agosto de 2010 el Presidente Santos hizo un compromiso con el planeta y los avances en lo sectorial-ambiental son pírricos. ¿Será el miedo a estos fuertes grupos de interés lo que disuade a los funcionarios públicos encargados? o quizá la corrupción? No se trata de atropellar con cambios abruptos a los actores económicos de los sectores que deben avanzar, sino de invitarlos a nuevas avenidas de crecimiento y a abandonar viejas que resultan lesivas, con estímulos y restricciones. Los cambios de comportamiento de los ciudadanos en una sociedad, son más fáciles si los anteceden avances en la regulación y cambios en los actores económicos.

Este es el eje del atraso de nuestro país en lo ambiental. La Misión de Crecimiento Verde, si se llena de retórica sobre cambios culturales necesarios y DNP no impone avances regulatorios, se quedará en los anaqueles, el dinero desperdiciado y el país con un modelo de desarrollo ineficiente, despilfarrador de recursos naturales, extractivo, con poco valor agregado.

Por Cecilia Rodríguez González-Rubio
Presidenta de Catorce6

Colombia tiene una matriz particular de sus emisiones. Las fuentes son diversas y la participación de cada una demuestra la existencia de problemas serios en distintos frentes.

La energía es la actividad que más genera toneladas de CO2 equivalentes con un 44% de las emisiones, provenientes de la quema de combustibles y de las emisiones fugitivas de la fabricación de los mismos. Son principalmente el transporte y la generación de electricidad las actividades responsables. También aportan en menor proporción la quema de combustibles que hacen la industria manufacturera, la producción petrolera y de gas natural, la minería de carbón y otros.

Con esta cifra, resulta inconcebible que al día de hoy todavía la regulación para la energías renovables no convencionales no tenga la claridad suficiente para estimular las inversiones para su uso. El gobierno se demoró mucho en reglamentar la ley, y la regulación que expidió tiene vericuetos que desaniman al más entusiasta de los ambientalistas.

La segunda actividad con mayores emisiones es la agricultura, silvicultura y otros usos del suelo con un 43% de las mismas. Aquí están principalmente la deforestación, la ganadería y la agricultura. En cuanto a las actividades agropecuarias, al Ministerio del ramo le ha hecho falta incluir la dimensión ambiental en sus políticas y ser más agresivo con programas para mejorar las prácticas agropecuarias. De estas hay casos aislados exitosos, pero una golondrina no hace verano. Por su parte la deforestación está concentrada en Caquetá, Valle, Antioquia y Santander, lo que podría significar que un programa de atención prioritaria y ejercicio de autoridad enfocado en las Corporaciones Autónomas Regionales de esas regiones podría tener resultados rápidos. La falta de autoridad es un problema serio en el cuidado ambiental en el país. La deforestación parece un problema de nadie. Los funcionarios públicos que formulan las políticas ambientales parecen temerle a las CAR o quizá están frustrados por la dificultad de obtener resultados concretos a través de estas.

También fruto de la falta de autoridad está la tercera fuente de emisiones que son los residuos con un 8%. Los botaderos a cielo abierto y los rellenos, que bien podrían tener técnicas de captura de gases, así como las aguas residuales son la gran fuente de emisiones, en una responsabilidad combinada entre municipios y CAR. No se queda atrás la regulación de aseo a la de energías renovables, no va con los tiempos que indican la reducción de la generación de residuos y el estímulo al reciclaje.

Es la oportunidad del Ministerio de Ambiente para pensar “por fuera de la caja” y diseñar esquemas diferentes para lograr la ambiciosa meta de reducción de emisiones a la cual se comprometió el gobierno. Tradicionalmente se ha pensado solo en las industrias manufactureras que emiten el 5% de las mismas. Ni siquiera se está pensando en la generación de energía cuya regulación sectorial está de espaldas al propósito y mucho menos en la actividad agropecuaria. Hay oportunidades claras para no incumplirle a la comunidad global en los sectores de energía, agropecuario y residuos así como en los cambios de uso de suelo.

 

Por Eduardo Chávez López
Director de Catorce6
 
Todo parece indicar que se ha ido fraguando un consenso acerca de la importancia de ajustar pronto la institucionalidad ambiental del país definida en la Ley 99 de 1993. Varios gobiernos lo han intentado, pero hasta el momento todas las iniciativas se encontraron con una oposición férrea de varones (y varonesas) políticos, y de quienes fueron los principales promotores de la Ley a principios de los 90. Mientras tanto, la mayoría de las autoridades ambientales creadas por esa ley en todas las regiones, han venido perdiendo credibilidad fruto de las permanentes denuncias de corrupción y la escasa eficacia en la atención de los cada vez más visibles desafíos ambientales.

Desde que empezó a ser notoria la captura de las CAR por parte de los políticos regionales comenzó a hablarse de la importancia de hacerle ajustes a la Ley. Es que tener el control de una CAR resultó más rentable para el clientelismo que controlar una gobernación. Las CAR de muchas regiones cuentan con mayor presupuesto que las administraciones departamentales y sus decisiones a todas luces tienen mayor incidencia en muchos aspectos del desarrollo regional. Las CAR autorizan el uso de recursos naturales como el agua, el bosque, el suelo. Las CAR dicen si un proyecto regional o una obra es viable o no. También ellas dicen la última palabra sobre aspectos que están bajo responsabilidad de los municipios como el ordenamiento territorial o el saneamiento básico.

Cuando los políticos se dieron cuenta de semejante poder y que alcanzarlo era más fácil que conseguir una gobernación, las CAR se volvieron un trofeo y alcanzarlo una hazaña del más puro clientelismo. Es que después de la Constituyente de 1991, cuando se pensó en contar con un buen grupo de alcaldes y gobernadores en el consejo directivo de la CAR, la idea era darle fuerza a las dinámicas regionales en las decisiones ambientales. Igualmente cuando se decidió que las ONG, los indígenas y afros estuviesen representados en el mismo órgano de dirección, se le quiso dar vocería a las dinámicas ciudadanas. Y la presencia de un representante del Presidente de la República en ese consejo, era para asegurar el liderazgo del jefe del Estado en las dinámicas ambientales de las regiones.

Los políticos de muchas regiones la vieron fácil: intrigaron con el Presidente para que su representante fuese un amigo de bolsillo, armaron ONG de la nada, sedujeron a afros e indígenas y negociaron con alcaldes y gobernadores el voto para sus pupilos. Por eso los directores de esas CAR, una vez elegidos se dedican a devolver favores. Los alcaldes se dedicaron a presionar obras para sus municipios y los representantes de las comunidades a exigir contratos. Así las cosas, la gestión ambiental quedó reducida a lo que iban logrando plasmar los técnicos de las CAR.

No hay duda que el principal ajuste de la ley ambiental debe centrarse en la conformación de sus consejos directivos. En ese propósito deberían estar todos los que quieren hacer de las CAR las instituciones que pueden hacer frente a los retos ambientales de este momento, empezando por las CAR mismas. Ese es el desafío de hoy, pero de no ser asumido, el de mañana bien podría ser la construcción de otro tipo de institucionalidad que de verdad responda a las necesidades del presente y del futuro.

Las zonas andina y caribe de Colombia están altamente deforestadas fruto del comercio de la madera, de la ganadería, la agricultura, de distintos momentos de nuestro desarrollo, y también del interés por demostrar que las tierras estaban siendo “trabajadas” para evitar su expropiación como pasó en la primera mitad del siglo XX. Desde entonces los gobiernos han expedido muchas normas, entre las más relevantes están la ley 2da de 1959 que declaró las zonas de reserva forestal, el Código de Recursos Naturales expedido en 1974 y la ley 99 de 1993. Muy a pesar de todas estas normas y las regulaciones posteriores no han logrado un mejoramiento efectivo de las coberturas boscosas.

Este es quizá uno de los más importantes desafíos en materia ambiental en el país. Hoy es claro que están las posibilidades de lograr buenos niveles de protección ambiental con aprovechamientos sostenibles asociados. Estos proyectos se les incorporan las mediciones que pueden asegurar sus resultados a partir del alto nivel de los estudios ambientales que hoy se realizan. Asi podriamos empezar a superar las barreras que tienen estancadas las estadísticas de coberturas boscosas.

La arquitectura institucional del Sistema Nacional Ambiental, es una oportunidad y al mismo tiempo la principal barrera para mejorar esta situación, porque aquí confluyen tantos actores institucionales, comunitarios, empresariales, académicos y sociales. Desde los municipios hay recursos con base en los dispuesto en la ley 99 en su artículo 111 que prioriza el propósito de asegurar las cuencas abastecedoras de acueductos. También de las Corporaciones Autónomas Regionales en el artículo 108 podría contarse con recursos. De igual manera están las compensaciones establecidas a las empresas o entidades públicas en el marco de las licencias ambientales, que con una priorización y coordinación de las autoridades ambientales, podría avanzarse en el propósito de mejorar las coberturas boscosas.

Es plenamente factible establecer actividades o proyectos que combinen la conservación ambiental con el aprovechamiento sostenible, que generen fuentes de pago que viabilicen créditos del sistema financiero e interés de inversionistas, sobre la base de mediciones rigurosas de los servicios ambientales. De esta manera no habría que fondear con recursos públicos el CIF de conservación en épocas de crisis fiscal. También es necesario dar claridad y brindar seguridad jurídica, aun para los pequeños propietarios, porque el imaginario de expropiación aún prevalece y resulta una barrera para contar con más campesinos alrededor de este propósito.

El Congreso Forestal que se llevará a cabo en Bogotá del 8 al 10 de noviembre, que permitirá el intercambio de conocimientos de diversos países, es una oportunidad para producir las propuestas que viabilicen la totalidad del sistema forestal en Colombia.

       Ed 58
 

Banner Suscripciones 1

La Frase

8 de agosto y la humanidad empieza a vivir ‘a crédito’

Este lunes 8 de agosto, el planeta marca el “Día del Sobregiro”, es decir que, a partir de hoy la humanidad está viviendo a crédito, según anunció la ONG Global Footprint Network, dado que a esta fecha el hombre habrá consumido la totalidad de los recursos que el planeta puede renovar en un año. Así las cosas, la humanidad debe vivir a crédito desde hasta el 31 de diciembre, teniendo en cuenta que el llamado “Día del Sobregiro” (“Earth overshoot day”) llega más temprano cada año. Para hacer este cálculo se tiene en cuenta la huella de carbono, los recursos consumidos por la pesca, la ganadería y la agricultura, así como la construcción y el uso del agua.

La Cifra

Especies amenazadas en el mundo

En el planeta, el número de especies que están amenazadas por diversos fenómenos, varios de ellos generados por el hombre, son:
6.213 peces
10.987 plantas
3.401 aves
3.105 mamíferos
 
Fuente: SIB Colombia

bannerINGcivAmb2016 01