Martes, 21 Febrero 2017

Por Cecilia Rodríguez González-Rubio
Presidenta de Catorce6

Colombia tiene una matriz particular de sus emisiones. Las fuentes son diversas y la participación de cada una demuestra la existencia de problemas serios en distintos frentes.

La energía es la actividad que más genera toneladas de CO2 equivalentes con un 44% de las emisiones, provenientes de la quema de combustibles y de las emisiones fugitivas de la fabricación de los mismos. Son principalmente el transporte y la generación de electricidad las actividades responsables. También aportan en menor proporción la quema de combustibles que hacen la industria manufacturera, la producción petrolera y de gas natural, la minería de carbón y otros.

Con esta cifra, resulta inconcebible que al día de hoy todavía la regulación para la energías renovables no convencionales no tenga la claridad suficiente para estimular las inversiones para su uso. El gobierno se demoró mucho en reglamentar la ley, y la regulación que expidió tiene vericuetos que desaniman al más entusiasta de los ambientalistas.

La segunda actividad con mayores emisiones es la agricultura, silvicultura y otros usos del suelo con un 43% de las mismas. Aquí están principalmente la deforestación, la ganadería y la agricultura. En cuanto a las actividades agropecuarias, al Ministerio del ramo le ha hecho falta incluir la dimensión ambiental en sus políticas y ser más agresivo con programas para mejorar las prácticas agropecuarias. De estas hay casos aislados exitosos, pero una golondrina no hace verano. Por su parte la deforestación está concentrada en Caquetá, Valle, Antioquia y Santander, lo que podría significar que un programa de atención prioritaria y ejercicio de autoridad enfocado en las Corporaciones Autónomas Regionales de esas regiones podría tener resultados rápidos. La falta de autoridad es un problema serio en el cuidado ambiental en el país. La deforestación parece un problema de nadie. Los funcionarios públicos que formulan las políticas ambientales parecen temerle a las CAR o quizá están frustrados por la dificultad de obtener resultados concretos a través de estas.

También fruto de la falta de autoridad está la tercera fuente de emisiones que son los residuos con un 8%. Los botaderos a cielo abierto y los rellenos, que bien podrían tener técnicas de captura de gases, así como las aguas residuales son la gran fuente de emisiones, en una responsabilidad combinada entre municipios y CAR. No se queda atrás la regulación de aseo a la de energías renovables, no va con los tiempos que indican la reducción de la generación de residuos y el estímulo al reciclaje.

Es la oportunidad del Ministerio de Ambiente para pensar “por fuera de la caja” y diseñar esquemas diferentes para lograr la ambiciosa meta de reducción de emisiones a la cual se comprometió el gobierno. Tradicionalmente se ha pensado solo en las industrias manufactureras que emiten el 5% de las mismas. Ni siquiera se está pensando en la generación de energía cuya regulación sectorial está de espaldas al propósito y mucho menos en la actividad agropecuaria. Hay oportunidades claras para no incumplirle a la comunidad global en los sectores de energía, agropecuario y residuos así como en los cambios de uso de suelo.

 

Por Eduardo Chávez López
Director de Catorce6
 
Todo parece indicar que se ha ido fraguando un consenso acerca de la importancia de ajustar pronto la institucionalidad ambiental del país definida en la Ley 99 de 1993. Varios gobiernos lo han intentado, pero hasta el momento todas las iniciativas se encontraron con una oposición férrea de varones (y varonesas) políticos, y de quienes fueron los principales promotores de la Ley a principios de los 90. Mientras tanto, la mayoría de las autoridades ambientales creadas por esa ley en todas las regiones, han venido perdiendo credibilidad fruto de las permanentes denuncias de corrupción y la escasa eficacia en la atención de los cada vez más visibles desafíos ambientales.

Desde que empezó a ser notoria la captura de las CAR por parte de los políticos regionales comenzó a hablarse de la importancia de hacerle ajustes a la Ley. Es que tener el control de una CAR resultó más rentable para el clientelismo que controlar una gobernación. Las CAR de muchas regiones cuentan con mayor presupuesto que las administraciones departamentales y sus decisiones a todas luces tienen mayor incidencia en muchos aspectos del desarrollo regional. Las CAR autorizan el uso de recursos naturales como el agua, el bosque, el suelo. Las CAR dicen si un proyecto regional o una obra es viable o no. También ellas dicen la última palabra sobre aspectos que están bajo responsabilidad de los municipios como el ordenamiento territorial o el saneamiento básico.

Cuando los políticos se dieron cuenta de semejante poder y que alcanzarlo era más fácil que conseguir una gobernación, las CAR se volvieron un trofeo y alcanzarlo una hazaña del más puro clientelismo. Es que después de la Constituyente de 1991, cuando se pensó en contar con un buen grupo de alcaldes y gobernadores en el consejo directivo de la CAR, la idea era darle fuerza a las dinámicas regionales en las decisiones ambientales. Igualmente cuando se decidió que las ONG, los indígenas y afros estuviesen representados en el mismo órgano de dirección, se le quiso dar vocería a las dinámicas ciudadanas. Y la presencia de un representante del Presidente de la República en ese consejo, era para asegurar el liderazgo del jefe del Estado en las dinámicas ambientales de las regiones.

Los políticos de muchas regiones la vieron fácil: intrigaron con el Presidente para que su representante fuese un amigo de bolsillo, armaron ONG de la nada, sedujeron a afros e indígenas y negociaron con alcaldes y gobernadores el voto para sus pupilos. Por eso los directores de esas CAR, una vez elegidos se dedican a devolver favores. Los alcaldes se dedicaron a presionar obras para sus municipios y los representantes de las comunidades a exigir contratos. Así las cosas, la gestión ambiental quedó reducida a lo que iban logrando plasmar los técnicos de las CAR.

No hay duda que el principal ajuste de la ley ambiental debe centrarse en la conformación de sus consejos directivos. En ese propósito deberían estar todos los que quieren hacer de las CAR las instituciones que pueden hacer frente a los retos ambientales de este momento, empezando por las CAR mismas. Ese es el desafío de hoy, pero de no ser asumido, el de mañana bien podría ser la construcción de otro tipo de institucionalidad que de verdad responda a las necesidades del presente y del futuro.

Las zonas andina y caribe de Colombia están altamente deforestadas fruto del comercio de la madera, de la ganadería, la agricultura, de distintos momentos de nuestro desarrollo, y también del interés por demostrar que las tierras estaban siendo “trabajadas” para evitar su expropiación como pasó en la primera mitad del siglo XX. Desde entonces los gobiernos han expedido muchas normas, entre las más relevantes están la ley 2da de 1959 que declaró las zonas de reserva forestal, el Código de Recursos Naturales expedido en 1974 y la ley 99 de 1993. Muy a pesar de todas estas normas y las regulaciones posteriores no han logrado un mejoramiento efectivo de las coberturas boscosas.

Este es quizá uno de los más importantes desafíos en materia ambiental en el país. Hoy es claro que están las posibilidades de lograr buenos niveles de protección ambiental con aprovechamientos sostenibles asociados. Estos proyectos se les incorporan las mediciones que pueden asegurar sus resultados a partir del alto nivel de los estudios ambientales que hoy se realizan. Asi podriamos empezar a superar las barreras que tienen estancadas las estadísticas de coberturas boscosas.

La arquitectura institucional del Sistema Nacional Ambiental, es una oportunidad y al mismo tiempo la principal barrera para mejorar esta situación, porque aquí confluyen tantos actores institucionales, comunitarios, empresariales, académicos y sociales. Desde los municipios hay recursos con base en los dispuesto en la ley 99 en su artículo 111 que prioriza el propósito de asegurar las cuencas abastecedoras de acueductos. También de las Corporaciones Autónomas Regionales en el artículo 108 podría contarse con recursos. De igual manera están las compensaciones establecidas a las empresas o entidades públicas en el marco de las licencias ambientales, que con una priorización y coordinación de las autoridades ambientales, podría avanzarse en el propósito de mejorar las coberturas boscosas.

Es plenamente factible establecer actividades o proyectos que combinen la conservación ambiental con el aprovechamiento sostenible, que generen fuentes de pago que viabilicen créditos del sistema financiero e interés de inversionistas, sobre la base de mediciones rigurosas de los servicios ambientales. De esta manera no habría que fondear con recursos públicos el CIF de conservación en épocas de crisis fiscal. También es necesario dar claridad y brindar seguridad jurídica, aun para los pequeños propietarios, porque el imaginario de expropiación aún prevalece y resulta una barrera para contar con más campesinos alrededor de este propósito.

El Congreso Forestal que se llevará a cabo en Bogotá del 8 al 10 de noviembre, que permitirá el intercambio de conocimientos de diversos países, es una oportunidad para producir las propuestas que viabilicen la totalidad del sistema forestal en Colombia.

Por Eduardo Chávez López
Director de Catorce6

Pocos sectores de la ciudadanía se movilizaron en la campaña del plebiscito como el ambientalismo. Nadie los invitó a hacer campaña, ellos mismos se convocaron, se reunieron, armaron su propia plataforma, viajaron a La Habana con sus propios recursos, buscaron al Gobierno y se hicieron sentir. Han estado siempre presentes en la academia, en ONG internacionales y nacionales, unos muy pocos en la política regional y la mayoría en el activismo local por la defensa de algún ecosistema o especie amenazada. Aunque entre ellos tienen diferencias en muchos temas, sus coincidencias son tan marcadas que cada vez que se reúnen, y lo hacen en coyunturas muy especiales, logran ponerse de acuerdo y trabajar juntos.

Aunque la inmensa mayoría de ellos realizó una intensa campaña por el Si, no alcanzaron a deprimirse con los resultados del 2 de octubre, porque son gente curtida en mil batallas que a los ojos de los demás son perdidas, pero para ellos la sola batalla -independientemente de su resultado- es el logro.

El conjunto es una combinación de edades que van desde los veteranos Julio Carrizoza, Margarita Marino, Alegría Fonseca y Gustavo Wilches hasta los muy jóvenes activistas del humedal de La Conejera. Pero también de regiones como el Caribe de Rafa Vergara y Sandra Vilardy y el sur de la pastusa Carolina Lugo.

La misma noche del plebiscito ya estaban pensando cuál sería su siguiente desafío y rápido encontraron su próximo objetivo. Esta vez se proponen hacer realidad ese concepto de la paz territorial que aparece en los acuerdos pero que poco desarrollo ha tenido. Para ellos se trata de la posibilidad de conseguir nuevas alternativas de relacionamiento entre los seres humanos y de estos con la naturaleza. Plantean que se debe comenzar en los territorios más afectados por la guerra. Están convencidos que no se necesitan nuevos acuerdos ni refrendaciones porque las herramientas las da la Constitución, la Ley y la jurisprudencia. Por eso se van a dedicar a suscitar la voluntad ciudadana.

Es que los ambientalistas se están convirtiendo en un grupo de opinión definitivo en las dinámicas nacionales y locales. El énfasis que hacen en los procesos de educación ambiental les da una legitimidad que pocos líderes sociales tienen, el rigor con que la mayoría de ellos enfrenta los debates los convierte en interlocutores constructivos y el compromiso que asumen con los asuntos públicos los convierte en una esperanza.

Los gobiernos nacionales y locales tienen en los movimientos ambientalistas unos interlocutores desinteresados que ayudan a nutrir la agenda pública. Las empresas encuentran en la mayoría de los activistas ambientales la mirada crítica que les ayuda a balancear sus operaciones desde la perspectiva de sus impactos y la manera de mitigarlos. Las comunidades una guía sana libre de corruptelas.

La construcción de la paz implica recorrer el camino de la integración de la sociedad y para ese propósito los ambientalistas cumplen una función decisiva.

Así como frente al reciclaje de residuos domiciliarios, hay fuerzas que funcionan en contra de las energías renovables y de su participación en el mercado eléctrico nacional.

No hay en Colombia, como sí la hay en muchos países, una regulación que logre alinear la reducción de emisiones y los beneficios ambientales con una operación rentable para los operadores de este mercado. Los dos Ministerios responsables y las dos Comisiones de Regulación han optado por proteger el statu quo y así a jugadores que desprecian el interés general.

Desconocen estos funcionarios públicos los compromisos que Colombia ha asumido en los tratados internacionales ambientales y el ambicioso compromiso reciente de reducción de emisiones que adquirió en la COP 21. Es plenamente factible tener una economía vibrante con mejores criterios de sostenibilidad. La innovación en estos dos frentes viene avanzando en el mundo a pasos acelerados y Colombia se queda atrás por falta de una regulación actualizada a los tiempos. Ello se refleja también en las cada vez más beligerantes discusiones públicas sobre la responsabilidad ambiental que esperan los ciudadanos de las empresas y las instituciones públicas.

La ley de energías renovables es de 2014, y ni el racionamiento eléctrico voluntario de principios de 2016 impulsó a la CREG ni a la ANLA a expedir una regulación que viabilizara la participación de estas energías en el mercado eléctrico nacional. Es posible que sólo las vean como marginales, en busca de proteger tanto el statu quo como a los jugadores tradicionales de este mercado que migran con lentitud a estas fuentes renovables. El hecho de que la fuente hidráulica sea mayoritaria en la matriz energética de Colombia no quiere decir que no fue a altos costos ambientales y que no sea necesario mejorar la relación costo/beneficio actual y el manejo de riesgos.

Sólo faltaría que la regulación que expidan estas autoridades sea inocua y en realidad nada estimule. Hasta los evidentes cambios climáticos deberían motivar la expedición de una reglamentación eficaz que incorpore las demás fuentes renovables al mercado eléctrico nacional.

Sería además lamentable que el Ministerio de Ambiente sólo busque en empresas de distintos sectores industriales que ya cumplen la norma de calidad de aire, fuentes para reducir las emisiones del país que comprometió en la COP 21. Hay espacio para reducir emisiones a través del uso de estas fuentes renovables de energía y en la posibilidad de evitar deforestación con el ejercicio de autoridad de las CAR.

Estas dos dimensiones son centrales en los avances hacia una economía vibrante y sostenible. La CREG y la ANLA están llamadas a ubicar a Colombia en el sitial que le corresponde como país megadiverso.
 
       PORTADA 57

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La Frase

8 de agosto y la humanidad empieza a vivir ‘a crédito’

Este lunes 8 de agosto, el planeta marca el “Día del Sobregiro”, es decir que, a partir de hoy la humanidad está viviendo a crédito, según anunció la ONG Global Footprint Network, dado que a esta fecha el hombre habrá consumido la totalidad de los recursos que el planeta puede renovar en un año. Así las cosas, la humanidad debe vivir a crédito desde hasta el 31 de diciembre, teniendo en cuenta que el llamado “Día del Sobregiro” (“Earth overshoot day”) llega más temprano cada año. Para hacer este cálculo se tiene en cuenta la huella de carbono, los recursos consumidos por la pesca, la ganadería y la agricultura, así como la construcción y el uso del agua.

La Cifra

Especies amenazadas en el mundo

En el planeta, el número de especies que están amenazadas por diversos fenómenos, varios de ellos generados por el hombre, son:
6.213 peces
10.987 plantas
3.401 aves
3.105 mamíferos
 
Fuente: SIB Colombia

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