Lunes, 29 Mayo 2017

Por Cecilia Rodríguez González-Rubio
Presidenta de Catorce6

La catástrofe en Mocoa nos está revelando de manera magistral muchas cosas.

Tal vez la más importante de esas revelaciones es la necesidad de que el POT si sea el instrumento de organización y de ocupación del territorio, que incorpore lo rural y urbano con la misma importancia y que en la concertación con las CAR queden las determinantes ambientales. Pero no solo para que exista sino para que cumpla su función.

Hacer el POT o EOT en un municipio pequeño no es nada fácil. Lo fácil es juzgar a los funcionarios después de una catástrofe. Esta obligación de ley hace que en muchos municipios hayan adoptado su POT sin mucho rigor. Las instancias que deben revisarlos como los Consejos Territoriales de Planeación y los Concejos Municipales en esos municipios pequeños, no le agregan valor a tan importante instrumento de planificación. La concertación de los mismos en las CAR aporta muchos elementos técnicos si se hace con rigor. En un principio muchos municipios entendieron los POT como un formalismo, pero hoy ha quedado clara su importancia a pesar de que siguen muchos sin ser ajustados como es el de Mocoa que lleva ya 15 años sin revisión.

El germen de la ineficacia de la planeación está en que los alcaldes y concejales en la mayoría de los municipios pequeños llegan pensando en el presupuesto y la contratación. En muchos casos conocen los instrumentos de planificación y sus responsabilidades como mandatarios pero poca atención les ponen. En otros casos desconocen estos instrumentos y creen que llegan a la Alcaldía solo a ejecutar el presupuesto. Hacen sus componendas con los Concejales y por supuesto con la Contraloría Municipal. Un sistema corrupto desde su origen.

El Alcalde José Antonio Castro Meléndez se desempeñó como Coordinador de Proyectos Territoriales en DNP y la ESAP, no se entiende por qué no se había actualizado el POT con un experto en gestión territorial.

La alerta no es sólo para Mocoa, es para más de 380 municipios en los que se ha advertido la posibilidad cercana de emergencias, pero también para las Car que deberían darse a la tarea de exigir a los municipios el ajuste pero también las medidas para que se cumplan. Sólo hace dos ediciones Catorce 6 advirtió de la alta probabilidad de ocurrencia de una catástrofe por construcciones en zonas de alto riesgo en Soacha a sólo 30 min de Bogotá y las autoridades siguen mirando para otro lado.

El Gobierno Nacional no debería esperar otra emergencia para forzar los ajustes y las medidas necesarias para su cumplimiento. No se puede terminar este cuatrenio presidencial sin que todos los POT estén correctamente formulados, incorporando además de lo urbano lo rural para así asegurar modelos municipales sostenibles.

Por Eduardo Chávez López
Director de Catorce6
 

En los seis primeros meses de este 2017 se completarán tres consultas populares contra proyectos relacionados con la política minero energética del país. La primera ya sucedió en el municipio de Cabrera localizado en la cuenca alta del río Sumapaz, contra la construcción de embalses para la generación de energía. La segunda ya votada en contra de la gran mina de La Colosa de Anglo Gold Ashanti en Cajamarca, en las estribaciones de la cordillera central. Y la tercera convocada para junio contra los proyectos de hidrocarburos en Cumaral, en el departamento llanero del Meta.

En todos los casos el Gobierno Nacional, que es el rector de la política ambiental y la política energética, ha actuado sin coherencia ni claridad, enredándose en explicaciones procedimentales dependiendo del funcionario que responda a los medios. El Ministro de Minas habla de los riesgos de actividades ilegales si no se permiten las legales, el de Ambiente de la necesidad de cumplir con lo establecido para las licencias, Mininterior de si se surtieron los procedimientos de participación y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado de los riesgos de las demandas por la inseguridad jurídica que podrían interponer las empresas. Ha faltado quien se ponga al frente con un planteamiento estratégico sólido que integre todas las variables y principalmente las ambientales y las económicas. Ese planteamiento sólido que se espera del Gobierno, sólo puede motivarlo un Presidente decidido a alinear a sus ministros en torno a la idea que tenga de desarrollo y sostenibilidad.

Ese mismo liderazgo debería servir para que en las zonas donde hay preocupación ciudadana y movimientos sociales reclamando atención, sea el mismo Gobierno con las instituciones que tienen la información, los que absuelvan las dudas de la gente y se siente con ella más las empresas a encontrar soluciones tal y como lo insinuó el Ministro Luis Gilberto Murillo. Porque si es importante que las comunidades tomen decisiones informadas y no emocionales como muchas veces sucede en los procesos electorales. También es fundamental que las empresas vean a las comunidades no sólo fuente de fuerza laboral o demandantes de ayuda económica: las comunidades cada vez están más decididas a ser protagonistas de su futuro y el de su entorno y las empresas deberían proponerse como aliadas de esa construcción de futuro. Pero la responsabilidad principal es la del Gobierno que debe anticiparse, dirigir y articular... y no pasar de agache como ha sucedido en los tres casos y en otros más en los años anteriores.

Por supuesto que se requiere una discusión más profunda, informada y realista acerca de los ejes del desarrollo que queremos para el país, donde la variable ambiental no se piense al final como requisito formal de trámite. Esta discusión si debe ser nacional y con todos los sectores y sus resultados deben ser las políticas públicas para el desarrollo sostenible del que habla la Constitución. Para que sepamos todos a qué atenernos y actuar en consecuencia.

Por Eduardo Chávez López
Director de Catorce6
 

Que el Presidente Santos no haya incorporado a su gabinete del posconflicto al Ministro de Ambiente, es reflejo de la falta de grandeza con la que ven la paz algunos miembros de su círculo cercano en el Palacio de Nariño. Ya vimos lo difícil que ha resultado acondicionar los campamentos donde finalmente se concentraron los guerrilleros que marcharon hacia el desarme.

Muchos nos hicimos la misma pregunta que ante las cámaras formulase un campesino mando medio de la guerrilla: “¿si con esto tan pequeñito empezaron a incumplir, cómo será con el grueso de los puntos que acordaron?” Por eso proscribieron los principales temas ambientales de los acuerdos de paz pues, según los ambientalistas que viajaron a La Habana antes del plebiscito, los negociadores del gobierno evitaron a toda costa hablar de aspectos que pudiesen abrir la discusión sobre el modelo económico. Como si hablar de la protección a ecosistemas antes “protegidos” por la guerra, o el cuidado de las fuentes hídricas, o el rol del ecoturismo en esta nueva realidad y otros temas similares, pusiese en riesgo grave la estabilidad económica del país.

Es una lástima que el Gobierno en esta paz esté mostrando más sus temores que las certezas. Las emocionantes imágenes de largas filas de guerrilleros marchando alegres a las zonas donde van a dejar las armas, se vieron más en los noticieros internacionales que en los informativos capitalinos. Piensan más en el temor que les genera mejorar la imagen de un antiguo adversario que en mostrar los cambios que producen las nuevas voluntades de cumplir lo pactado y todo lo que ello puede movilizar.

Es que el posconflicto colombiano no es sólo el desarme de la guerrilla más antigua del hemisferio occidental. Es también la oportunidad de desarrollar una nueva forma de relacionarnos entre todos, incluidos los no armados, para construir una realidad que mejore nuestra vida y nuestro capital social y natural. Todo parece indicar que esas potencialidades no son consideradas en el círculo cercano al Presidente.

Por eso son displicentes con grupos tan reconocidos y significativos como los ambientalistas de todas las regiones que después de meses de talleres propusieron una agenda de once puntos para obtener una respuesta oficial que sólo hablaba de lo extemporánea de la iniciativa.

El Gobierno está perdiendo la oportunidad de oro para hacer de esta paz, el nuevo escenario de reconciliación entre los actores de la sociedad, de su economía, de su cultura, de sus regiones. Pero también está desestimando la capacidad creadora de una sociedad que en medio de una crisis profunda de sus liderazgos, necesita ser inspirada hacia nuevas epopeyas.

Una rectificación a tal mirada es aún posible, pero eso significa cambiar el corazón de muchos en el alto gobierno que están haciendo cálculos electorales o económicos en medio de semejante momento histórico. Por supuesto que es el Presidente el más llamado a animar tal rectificación y el ambiente es un escenario que brinda esa oportunidad empezando por la incorporación de su Ministro al posconflicto y la articulación de liderazgos naturales como el de los ambientalistas a la inauguración de una nueva utopía desde la paz.

 

Por Cecilia Rodríguez González-Rubio
Presidenta de Catorce6

El crecimiento verde es un concepto intangible, transversal a todas las dimensiones de la vida, que se traduce en la práctica en regulaciones que impulsan o detienen a las empresas, los ciudadanos y al Estado. Debido a que son tantos los posibles frentes, es muy acertado que salga del DNP esta política transversal a todos los sectores.

Sin embargo los Ministerios de Minas, Agricultura, Vivienda, TIC y Ambiente, y las Comisiones de Regulación de Agua y Energía, saben perfectamente hacia dónde deben avanzar en sus respectivos sectores. El país requiere diversificar su matriz energética y ampliar la proporción de renovables no-convencionales; debe racionalizar el uso de agua y suelo agrícola y urbano; avanzar en los alcantarillados y su tratamiento; en reciclaje y aprovechamiento de basuras, en logística para un menor uso de recursos incluyendo TICs, en coprocesamiento de residuos peligrosos y en sistemas más eficientes para su eliminación y tratamiento, y así muchos frentes más de gran urgencia.

Es la falta de decisión de cada Ministro la razón por la cual casi a fines de este gobierno, que el crecimiento verde no se ha materializado. Fue taxativamente incluido en el Plan de Desarrollo 2014-2018 y por ejemplo en el caso de las energías renovables no-convencionales la reglamentación tiene obstáculos de procedimiento que muestran con claridad la influencia de grupos de interés. Exactamente igual ocurre con el reciclaje de residuos domiciliarios. Es evidente la influencia en la Comisión de Regulación de Agua y Aseo que protege el vergonzoso statu quo, frente a tantos países que tienen modelos excelentes de donde aprender. Otro caso crítico es el sector que tiene del cuello al gobierno, el transportador. Debe modernizar el parque automotor para menores emisiones y mayores eficiencias, así como aceptar la llegada de TICs que permite un uso mucho más eficiente de esos activos en el país. El camino ha sido prohibir para quedar en el atraso y no tener que enfrentar el desafío de nuevas regulaciones para una nueva economía.

Ahora el gobierno presenta la Misión de Crecimiento Verde, quizá con la intención de que sea una instancia para lograr consensos, pero no son alentadoras las esperanzas. Cada grupo de interés seguirá empujando a su favor y los resultados de un gobierno no pueden ser los de los actores que más empujen. Desde el 7 de agosto de 2010 el Presidente Santos hizo un compromiso con el planeta y los avances en lo sectorial-ambiental son pírricos. ¿Será el miedo a estos fuertes grupos de interés lo que disuade a los funcionarios públicos encargados? o quizá la corrupción? No se trata de atropellar con cambios abruptos a los actores económicos de los sectores que deben avanzar, sino de invitarlos a nuevas avenidas de crecimiento y a abandonar viejas que resultan lesivas, con estímulos y restricciones. Los cambios de comportamiento de los ciudadanos en una sociedad, son más fáciles si los anteceden avances en la regulación y cambios en los actores económicos.

Este es el eje del atraso de nuestro país en lo ambiental. La Misión de Crecimiento Verde, si se llena de retórica sobre cambios culturales necesarios y DNP no impone avances regulatorios, se quedará en los anaqueles, el dinero desperdiciado y el país con un modelo de desarrollo ineficiente, despilfarrador de recursos naturales, extractivo, con poco valor agregado.

Por Cecilia Rodríguez González-Rubio
Presidenta de Catorce6

Colombia tiene una matriz particular de sus emisiones. Las fuentes son diversas y la participación de cada una demuestra la existencia de problemas serios en distintos frentes.

La energía es la actividad que más genera toneladas de CO2 equivalentes con un 44% de las emisiones, provenientes de la quema de combustibles y de las emisiones fugitivas de la fabricación de los mismos. Son principalmente el transporte y la generación de electricidad las actividades responsables. También aportan en menor proporción la quema de combustibles que hacen la industria manufacturera, la producción petrolera y de gas natural, la minería de carbón y otros.

Con esta cifra, resulta inconcebible que al día de hoy todavía la regulación para la energías renovables no convencionales no tenga la claridad suficiente para estimular las inversiones para su uso. El gobierno se demoró mucho en reglamentar la ley, y la regulación que expidió tiene vericuetos que desaniman al más entusiasta de los ambientalistas.

La segunda actividad con mayores emisiones es la agricultura, silvicultura y otros usos del suelo con un 43% de las mismas. Aquí están principalmente la deforestación, la ganadería y la agricultura. En cuanto a las actividades agropecuarias, al Ministerio del ramo le ha hecho falta incluir la dimensión ambiental en sus políticas y ser más agresivo con programas para mejorar las prácticas agropecuarias. De estas hay casos aislados exitosos, pero una golondrina no hace verano. Por su parte la deforestación está concentrada en Caquetá, Valle, Antioquia y Santander, lo que podría significar que un programa de atención prioritaria y ejercicio de autoridad enfocado en las Corporaciones Autónomas Regionales de esas regiones podría tener resultados rápidos. La falta de autoridad es un problema serio en el cuidado ambiental en el país. La deforestación parece un problema de nadie. Los funcionarios públicos que formulan las políticas ambientales parecen temerle a las CAR o quizá están frustrados por la dificultad de obtener resultados concretos a través de estas.

También fruto de la falta de autoridad está la tercera fuente de emisiones que son los residuos con un 8%. Los botaderos a cielo abierto y los rellenos, que bien podrían tener técnicas de captura de gases, así como las aguas residuales son la gran fuente de emisiones, en una responsabilidad combinada entre municipios y CAR. No se queda atrás la regulación de aseo a la de energías renovables, no va con los tiempos que indican la reducción de la generación de residuos y el estímulo al reciclaje.

Es la oportunidad del Ministerio de Ambiente para pensar “por fuera de la caja” y diseñar esquemas diferentes para lograr la ambiciosa meta de reducción de emisiones a la cual se comprometió el gobierno. Tradicionalmente se ha pensado solo en las industrias manufactureras que emiten el 5% de las mismas. Ni siquiera se está pensando en la generación de energía cuya regulación sectorial está de espaldas al propósito y mucho menos en la actividad agropecuaria. Hay oportunidades claras para no incumplirle a la comunidad global en los sectores de energía, agropecuario y residuos así como en los cambios de uso de suelo.

 

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La Frase

8 de agosto y la humanidad empieza a vivir ‘a crédito’

Este lunes 8 de agosto, el planeta marca el “Día del Sobregiro”, es decir que, a partir de hoy la humanidad está viviendo a crédito, según anunció la ONG Global Footprint Network, dado que a esta fecha el hombre habrá consumido la totalidad de los recursos que el planeta puede renovar en un año. Así las cosas, la humanidad debe vivir a crédito desde hasta el 31 de diciembre, teniendo en cuenta que el llamado “Día del Sobregiro” (“Earth overshoot day”) llega más temprano cada año. Para hacer este cálculo se tiene en cuenta la huella de carbono, los recursos consumidos por la pesca, la ganadería y la agricultura, así como la construcción y el uso del agua.

La Cifra

Especies amenazadas en el mundo

En el planeta, el número de especies que están amenazadas por diversos fenómenos, varios de ellos generados por el hombre, son:
6.213 peces
10.987 plantas
3.401 aves
3.105 mamíferos
 
Fuente: SIB Colombia

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