Jueves, 23 Noviembre 2017
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Por Cecilia Rodríguez González-Rubio
Presidenta de Catorce6

La existencia de las licencias ambientales como instrumento en la gestión ambiental es tema recurrente de debate. Se suele justificar con el mal comportamiento de empresas y los daños que causan proyectos al ambiente. Sin embargo la tragedia para Colombia es que la existencia y el rigor del licenciamiento ambiental logran ocultar la falta de planeación para el desarrollo sostenible. 

Desde la perspectiva de los espacios geográficos de todo el país, los macrobiomas y los ecosistemas, la licencia ambiental, con el buen nivel de las metodologías y términos de referencia que tiene Colombia, es un instrumento de micro administración, aislado y sin guía. Los POMCA o PONCH aportan algo a la planeación integrada que un país megadiverso y pobre requieren, pero también tienen un nivel de desarticulación. No hay un soporte para estructurar la planeación del desarrollo sostenible con el cual se podrían reducir los conflictos, mejorar el estado de los recursos naturales y darles claridad a los actores del desarrollo sostenible. 

Si pusiéramos en un mapa todas las licencias ambientales y sumáramos todos los impactos, todos los permisos de captación de aguas, vertimientos, aprovechamientos forestales, emisiones al aire, etc., así como las medidas de compensación y mitigación, ¿qué resultaría? No sabemos, pero sin duda la obligatoriedad vigente hace varios años de montar en geodatabase los estudios de impacto ambiental, permitirá algún día hacer esto. Brindará una mirada más organizada pero de microscopio. 

La planeación del desarrollo sostenible del país resulta imposible con esta mirada micro y a posteriori como lo determinan las licencias ambientales. Las evaluaciones ambientales estratégicas - EAE, ya incluidas en las normas colombianas pero en desuso, podrían jugar el papel constructivo que el país reclama del sector. Brindarían un norte para todos en las regiones, autoridades, ciudadanos, empresas, academia, así como transparencia. Facilitaría todo el proceso de autorizaciones y otorgamientos de permisos. Mejoraría la gobernanza ambiental, disminuiría la inseguridad jurídica en este campo y le daría mucha legitimidad a las decisiones de las autoridades ambientales.


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