Martes, 18 Diciembre 2018
Por Eduardo Chávez López
Director de Catorce6

Que en un municipio como Magüi Payán en el Pacífico nariñense haya más de 300 retroexcavadoras clandestinas y en otro como Río Quito - Chocó, más de 40 dragas se encuentren destruyendo los lechos de los ríos para extraer oro, es además de un atentado a nuestra biodiversidad, una muestra fehaciente de lo débil que son nuestras instituciones para enfrentar el crimen. Se trata de maquinaria pesada que en el caso de Nariño debió pasar por Tumaco, Popayán o Pasto y en el caso de Río Quito, por el Río Atrato frente a Quibdó sin que ninguna autoridad se percatara.

La problemática lleva más de 15 años y ha logrado convertirse en el eje de la economía local de subregiones enteras de nuestra geografía en el Pacífico, la Amazonía, Antioquia, Santander, entre otras. El gran poder corruptor ha impedido que operen de manera eficaz autoridades locales, ambientales y hasta militares, mientras las comunidades intimidadas han tenido que resignarse a sobrevivir inermes en medio de las presiones del fusil y de la pobreza.

Los impactos ambientales son desastrosos: las máquinas erosionan los bordes de los ríos, fragmentan su curso, desvían el cauce, mientras se vierten a las aguas litros de mercurio y cianuro, pues los usan para separar el oro de las rocas. Sólo en Río Quito en 2002 y 2003 se destruyeron tres meandros que controlaban la energía del río antes de su llegada a Paimadó, lo que hizo que el agua se metiera en el pueblo con toda su fuerza y destrozara las casas de sus habitantes.

La problemática ha generado pérdida de capacidad financiera de los entes territoriales y de las autoridades ambientales, pues el sector minero formal es una fuente de ingresos de la hacienda pública de las autoridades territoriales y ambientales; pero el ilegal es razón de la quiebra de los sistemas económicos locales y regionales que dependen de los encadenamientos productivos.

Lamentablemente el monstruo ha resultado más grande que la capacidad del Estado para enfrentarlo. Desde 2015 existe una brigada militar especializada contra la minería ilegal que ha logrado uno que otro golpe del que rápidamente se recuperan las estructuras criminales. En el caso de Río Quito una sentencia de la Corte Constitucional de 2016 obligó a autoridades nacionales, regionales y locales a cumplir lo que corresponde a sus funciones, mientras la gente de la zona dice que nada ha cambiado. Desde 2017 un equipo interinstitucional convocado por la Presidencia de la República intenta hacer frente a la problemática con resultados muy bajos si se comparan con el crecimiento y eficacia de la máquina criminal.

El tamaño del problema exige decisiones más claras y eficaces. Una cabeza que lidere el combate desde el gobierno nacional y articule la cooperación interinstitucional; una fiscalía y jueces decididos a perseguir a los responsables con la misma contundencia de la acción contra otros tipos penales altamente organizados; unas autoridades ambientales que adopten medidas eficaces; una fuerza pública controlando y actuando de manera decidida; y por supuesto unas alternativas claras de desarrollo económico para las comunidades de las zonas afectadas.

El monstruo está crecido pero es posible vencerlo, si contamos con decisión y voluntad política.

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