Las comunidades de Girardot y Coello denuncian que a pesar de las críticas al proyecto minero de la empresa Proacol, la autoridad ignoró las peticiones y sí habría aprobado la licencia.

Foto: CAR

Gran revuelo causó entre las comunidades de Girardot en Cundinamarca y Coello en el Tolima, la supuesta aprobación por parte de la CAR de una licencia ambiental a la sociedad Proyectos de Ingeniería y Geología Colombiana (PROINGECOL S.A.S.) y a la empresa Proacol finalizando el año 2019.

Los denunciantes señalaron que a través de este acto administrativo, la CAR habría autorizado extraer arenas, gravas, tierra y minerales del río Magdalena.

"Desde que estas empresas llegaron a la región, la comunidad se opuso al proyecto, pero sus voces y reclamos no fueron tenidos en cuenta por la CAR", señalaron a Catorce6 los denunciantes. 

Agregaron que tras la adjudicación de la licencia (aún con que la CAR aseguró que por ahora esta suspendida), los concejales de Girardot firmaron una proposición para pedirle a Luis Fernando Sanabria, nuevo director de la CAR, que revocara la decisión tomada por su antecesor, quien señalan habría autorizado la actividad minera unos días antes de dejar el cargo.

Los concejales denunciaron que con esta medida “se están vulnerando los derechos fundamentales a un ambiente sano, al agua, a la vida y a la salud de los girardoteños, y se está poniendo en riesgo la integridad ecosistémica”.

Agregan además que, "con la autorización de la actividad minera en el cauce del río Magdalena se configuró también una vulneración al debido proceso, pues el proyecto cambió sustancialmente entre la propuesta inicial y la que finalmente fue aprobada. Algunos de los cambios por los que era necesario reiniciar el proceso de adjudicación de la licencia tienen que ver con las coordenadas del punto de extracción, los costos de la actividad, las ventas proyectadas, y la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA)".

Los opositores al desarrollo del proyecto que defienden el río Magdalena denuncian que la EIA tendría múltiples falencias frente a los manuales de estudios ambientales y que se habría realizado sin la participación real y efectiva de las poblaciones locales, desconociendo por ello a la comunidad indígena pijao en Coello y a los campesinos de Girardot.

Para escuchar a las poblaciones aledañas al proyecto, la CAR realizó una audiencia pública el 3 de diciembre de 2015. En ese encuentro se presentaron 75 ponencias, de las cuales 68 expresaron la oposición de la comunidad y la academia. Después, la comunidad recolectó 6.729 firmas para oponerse a la autorización de la licencia.

Respuesta de la CAR

La CAR ha explicado que la solicitud de la licencia para realizar actividades de explotación de material de construcción, por parte de la empresa Proacol, se realizó el año 2013, fecha a partir de la cual la Corporación realizó el análisis de los determinantes ambientales, desde el punto de vista técnico y legal, como usos del suelo de los municipios, POMCAS, o la existencia de algún tipo de áreas de especial importancia ecológica, para tomar la decisión respectiva.

Adicionalmente, agrega la CAR, que "se garantizó la posibilidad de participación efectiva, no solo a las comunidades de las áreas de influencia del proyecto sino además a cualquier persona que quisiera intervenir en el trámite, lo cual se vio reflejado en la constitución de más de 130 terceros intervinientes, dentro de los cuales se encuentran las comunidades y autoridades municipales respectivas, así como también se realizó la audiencia pública debidamente solicitada".

Ahora bien, la Regional Alto Magdalena de la Corporación se encuentra realizando el proceso de notificación de la decisión respectiva, garantizando el derecho que tiene cada uno de los terceros intervinientes a presentar recurso, si lo desean, con los argumentos que pretendan demostrar y que puedan apuntar a que la decisión tomada, es contraria al ordenamiento jurídico ambiental.

La misma Corporación pondrá en conocimiento de la decisión respectiva a la procuraduría delegada ambiental, así como a los municipios respectivos y a las gobernaciones de Cundinamarca y Tolima, para lo que estimen pertinente y garanticen la legalidad del proceso.

Juan Camilo Ferrer, Director jurídico de la Corporación, afirmó que “es necesario hacer claridad que la licencia ambiental, con los derechos y obligaciones que cobijan al beneficiario de la misma, se encuentra suspendida, hasta tanto no se resuelva el recurso de reposición que ya fue presentado en el mes de noviembre de 2019, o los que pudieran presentarse en el término legalmente establecido que tienen los terceros intervinientes para tal fin”.

Para esto, la Corporación constituirá un equipo especial experto que analizará tanto la parte técnica, como la social y la legal, en relación con los argumentos que se presenten, y hecho el análisis respectivo, se pronunciará en relación con una eventual confirmación, modificación o revocatoria de la decisión adoptada.

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