Viernes, 24 Mayo 2019

Según la ministra María Fernanda Suárez, por primera vez el país tiene reserva de menos de 10 años en gas y esto puede afectar los hogares y el transporte que es más limpio por el gas.

mafesuarezFoto: Minminas.gov.co

De acuerdo con el reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Colombia incrementó en un 9,9% sus reservas probadas de crudo entre 2017 y 2018, al pasar de 1.782 a 1.958 millones de barriles al cierre del año anterior. En consecuencia, la vida media útil de las reservas del país aumentó en cinco meses, al pasar de 5,7 años a 6,2 años.

"Si bien en 2018 logramos una producción promedio de 865.000 barriles al día, este informe ratifica la importancia de seguir reactivando el sector de hidrocarburos y desarrollar nuevas fuentes que nos permitan asegurar nuestra autosuficiencia energética. Actualmente, por cada barril que se produce en el país, se incorporan 1,56 barriles de reservas probadas", aseguró la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.

De acuerdo con el informe, el departamento del Meta aporta un 45% de las reservas probadas del país, con 888,42 millones de barriles, seguido por Casanare con un 19% (380,89 Mbls) y Santander con un 13% (254,68 Mbls). Rubiales, Castilla y Chichimene encabezan la lista de campos con mayores reservas probadas, con 228, 148 y 136 millones de barriles, respectivamente.

Sin embargo, la alarma del Gobierno la quiso encender en materia de gas. Las reservas probadas del país cayeron en un 2,9%, al pasar de 3.896 a 3.782 giga pies cúbicos (Gpc) en 2018. En consecuencia, la vida útil de las reservas probadas del país se redujo en 1,9 años, al pasar de 11,7 a 9,8 años en 2018. Esta tendencia se observa desde el año 2012. Según la ministra de Minas, es la primera vez que el país tiene reservas para menos de 10 años.

Con corte al 31 de diciembre de 2018, el país logró incorporar 272 giga pies cúbicos a sus reservas probadas, principalmente por la reclasificación de recursos y descubrimientos que permitieron adicionar 34 Gpc. No obstante, el informe evidencia un incremento del 16% en la producción comercializada de gas, que pasó de 332 a 386 giga pies cúbicos en 2018.

“Las proyecciones muestran que si no encontramos nuevas fuentes en 2021-2023 podríamos necesitar gas importado para suplir la demanda de gas domiciliario en algunas zonas del país, a un precio de más del doble del costo interno", agregó la ministra.

Se calcula que el uso de gas natural vehicular reduce la contaminación del medio ambiente con cerca del 40% menos de emisiones de dióxido de carbono (CO2) frente a las generadas por un vehículo impulsado por diésel, y representa una reducción del 75% en material particulado.

Actualmente, 9.5 millones de familias, establecimientos comerciales e industriales utilizan gas natural, además de 230 mil vehículos livianos y 1.000 vehículos de transporte público, camiones, volquetas y recolectores de basura que se movilizan con esta fuente de energía.

En aras de encontrar nuevas fuentes de reservas, el Gobierno Nacional trabaja en la reactivación exploratoria en las áreas continentales, el desarrollo de la exploración y producción costa afuera, el incentivo para aumentar el factor de recobro de los campos existentes y el análisis relacionado con los proyectos piloto de investigación integral de los yacimientos no convencionales, como informó la ministra en rueda de prensa.

Vale la pena recordar que la comisión de expertos, dictó varias recomendaciones que se dividen en tres etapas: la primera es antes de los pilotos en donde se pide que exista transparencia y acceso a la información, la identificación de la tecnología de mínimo impacto, manejo de riesgos de salud para pobladores, identificación de necesidades de capacidad institucional para seguimiento, capacitación de personal local y acuerdo sobre mecanismos de participación y veeduría ciudadana.

Una vez se cumplan todos estos requisitos y se inicien los pilotos, el comité pide que se complete la línea base de información ecosistémica, hidrogeológica y de sismicidad. También se exige que se gestione una licencia social a través de mecanismos de participación comunitaria y los mecanismos para definir las utilidades que serían transferidas a esas comunidades.

Comisión de expertos sugiere, entre otras, que comunidades sean socias y reciban ingresos de proyectos de fracking

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