Catorce6 conoció el documento y el anexo especial en el que algunos de los expertos hacen exigentes recomendaciones antes del piloto.
Foto: WildEarthGuardians on Foter.com / CC BY-NC-NDTenían razón algunos de los voceros de la comisión de expertos que creó el Gobierno para que le hicieran recomendaciones sobre la implementación del fracking, cuando decían que se estaba malinformando a la opinión púbica o informando de manera incompleta. Eso lo advirtieron porque muchos medios aseguraron que su informe habia dado vía libre al fracking.
Ahora que se conoce el documento completo, de más de 173 páginas, se reveló que existe un documento técnico, presentado como un anexo, que fue recomendado por tres de los expertos en temas ambientales de esa comisión.
Fuentes dentro de la Comisión le contaron a Catorce6 que los tres expertos que exigieron la inclusión de ese anexo especial que ellos mismos redactaron fueron: German Andrade, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas; Juan Pablo Ruiz, consultor de Naciones Unidas y Manuel Ramiro Muñoz, experto en estudios interculturales aplicados a comunidades afro, indígenas y campesinas de Colombia.
En ese anexo se leen los tres requerimientos que ellos creen que el Gobierno debería cumplir antes, durante y después, de los pilotos de Yacimientos No Convencionales (YNC). En primer lugar, dicen que todas las instituciones públicas involucradas en el tema deben cumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANH, ANLA y Servicio Geológico Colombiano, entre otras), lo cual requiere hacer disponible y de manera adecuada y pedagógica toda la información referida a los procesos extractivos en general y en particular, lo relacionado con el área de influencia del Proyecto Piloto de Investigación Integral (PPII).
"La información de uso e impacto sobre los recursos naturales debe ser pública, además su uso y monitoreo debe hacerse en línea y estar disponible para las comunidades locales. Igualmente debe ser pública la información de los resultados del PPII y más adelante los de la explotación de hidrocarburos, si esta llega a darse (ANH, ANLA entre otras)".
Allí también se cuestiona la fortaleza y coordinación institucional, especialmente entre las entidades del SINA. Por ello, consideran que un segundo requisito previo a iniciar el PPII es que se elaboren los términos de referencia para crear una propuesta de fortalecimiento institucional, tanto de las entidades nacionales, como de las regionales y locales.
"Se deben completar y divulgar los resultados de los estudios hidrogeológicos requeridos para minimizar el riesgo de contaminación de acuíferos durante el PPII y se debe construir una línea base en aspectos sociales, ambientales y económicos del área de influencia del PPII. Esto incluye la identificación de los impactos ambientales no compensados, generados por las actividades relacionadas con la extracción de hidrocarburos y el diseño y acuerdo con las comunidades de una estrategia de compensación", sugieren Andrade, Ruiz y Muñoz.
Para asegurar el cumplimiento del acceso de información, la participación ciudadana y la validación social de los proyecto, se recomienda en el documento, seguir un modelo que ya ha sido estudiado en Inglaterra: "que las comunidades locales sean socias en los procesos de explotación de hidrocarburos. Esto incluye definir un porcentaje de participación en el valor de la producción o los ingresos totales que genere el proyecto, que pueden ir a un fondo para el apoyo al desarrollo regional y definir un mecanismo para que voceros de las comunidades entren a formar parte de instancias de decisión".
"Se deben acordar indicadores claros para asegurar que los resultados de las actividades extractivas se expresen en la creación de valor económico, social y ambiental que beneficie a las comunidades locales, al Estado y el sector privado", agregan.
Otro punto muy importante del 'Anexo Especial' es el que tiene que ver con los tiempos porque dice que entre el piloto y la explotación deben pasar al menos dos años para generar y fortalecer la capacidad institucional, generar la información hidrogeológica y ecosistémica, identificar y compensar por los impactos generados (pasivos ambientales) por los YC en el área de influencia, y gestionar la licencia social para la explotación.
"Para que el uso del fracking se asocie a la gestión de territorios sostenibles y al desarrollo sostenible del país, más que una política de gobierno es necesaria una política de Estado, donde se articulen todos los actores en torno a una nueva matriz energética, que permita el desarrollo integral y sostenible. Dicho Pacto constituiría una oportunidad para impulsar la diversificación de la economía y alinearse con los convenios internacionales como el 169 de la OIT, el Acuerdo de Paris y alcanzar los ODS", concluye el informe.
