Viernes, 5 Junio 2020
El ente de control hizo un informe de más de 200 páginas en las que señala debilidades institucionales que pueden terminar en problemas si se hacen yacimientos no convencionales.

fracking pixabay                                                                                                 Foto: Pixabay.com

En las primeras 43 páginas del informe se hace un recuento de las investigaciones sobre el estado de los recursos hídricos del país, tanto de fuentes superficiales como subterráneas.

Sobre este último, la Contraloría advierte que “con relación al recurso hídrico subterráneo, este se constituye como un factor de gran importancia, pues es reconocido por ser fuente alterna de aprovechamiento en cuencas con acceso limitado de aguas superficiales. El deterioro de su calidad es más peligroso que el de aguas superficiales, ya que es más difícil de detectar y se reconoce tardíamente”.

Además, agrega que en términos de susceptibilidad a procesos de contaminación, las aguas subterráneas tienen menor susceptibilidad a la contaminación proveniente de intervención humana desde la superficie del terreno, así como menor degradación en comparación con las fuentes superficiales. Sin embargo, cuando la contaminación ocurre en estos yacimientos de agua (acuíferos), sus efectos negativos sobre el recurso son prácticamente irreversibles.

“De ahí la importancia estratégica de conocer con buen detalle su distribución y sus principales características hidráulicas, hidrológicas e hidrogeoquímicas para una gestión adecuada y sostenible del recurso”.

Pero lo grueso del informe, por supuesto, está en las conclusiones, que son más de 10 y que hace duros cuestionamientos a la capacidad de Colombia para empezar a implementar la explotación de los Yacimientos No Convencionales (YNC).

Primero, pide que el nivel de estudio de detalle sea muy profundo y que se debe valorar de mejor manera la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y de acuíferos, en virtud a que la técnica del fracking “tiene unos riesgos altos” y la incertidumbre de los impactos ambientales sobre el recurso hídrico subterráneo en profundidad podría ser elevada.

En segundo lugar, el estudio dice que solo un pequeño porcentaje de agua es reciclada y revela una cifra que llama la atención: de acuerdo con los estudios revisados podría demandar en promedio 14.500 m3 por pozo, cifras que varían de forma considerable dependiendo del número de etapas y de la extensión horizontal del pozo, así como de las condiciones petrofísicas, geomecácnicas y geoquímicas del yacimiento no convencional.

Seguido a eso, se pide que se evite el estrés hídrico en las zonas en las cuales se desarrollarían eventualmente estos proyectos, en especial en las cuencas sedimentarias del Valle Medio del Magdalena y Cordillera Oriental, en donde la ANH, en su más reciente oferta de bloques, de este tipo de yacimientos.

“Por otro lado, no deben desestimarse los legítimos derechos de la población colombiana al goce de un ambiente sano y a una salud adecuada, los cuales podrían verse afectados ante un manejo inadecuado de estas sustancias, bien sea por fallas técnicas, de control o de seguimiento”.

Otro aspecto que cuestiona el delegado ambiental es que en el país no se cuenta con un mapa a escalas moderadas de detalle (1:100.000 a 1:25.000) sobre estrés hídrico, especialmente en las cuencas sedimentarias Valle Medio del Magdalena y Cordillera Oriental, zonas en donde se concentra la oferta de bloques de YNC. Lo anterior, debido en parte a que en jurisdicción de estos bloques aún no se cuenta con Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos y POMCAS, que permitirían con mayor precisión al Estado Colombiano calcular la magnitud de la presión ejercida sobre el recurso hídrico bajo un contexto local.

Pero tal vez, uno de los puntos más directos es contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos porque “ANH adjudicó bloques para la exploración y producción de YNC, en la Ronda 2014, sin tener un marco regulatorio ambiental ni el conocimiento básico que permitiera definir restricciones ambientales sobre la implementación del fracking para la explotación de dichos yacimientos, conllevando a riesgos ambientales o al establecimiento de escenarios futuros de reclamación o desistimiento por parte de los titulares de estos bloques”.

“Lo anterior evidencia la falta de coordinación entre instituciones relacionadas con la implementación de políticas públicas como esta” concluye de todo lo anterior la Contraloría.

Por todo lo anterior, considera que aún falta establecer condiciones adecuadas para el cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales de nuestro país, en donde se subsanen previamente las deficiencias de información existentes en la línea base ambiental y se acuerden medidas adicionales de manera preventiva de ser necesarias, a efecto de asegurar la mayor confiabilidad de la información técnica y ambiental y que la misma cuente en todo momento con la vigilancia y control de las autoridades técnicas y ambientales competentes, así como de los órganos de control.


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