Desde hace años se advierte sobre la delicada situación que vive la isla. Sin embargo, no se han tomado medidas y los problemas ambientales y sanitarios parecen estallar, al mismo tiempo.
Crédito foto: La Silla vacíaCuando se habla de San Andrés, se piensa principalmente en la belleza de su mar y en los siete colores que se observan perfectamente desde los aviones que de distintas partes del mundo llegan al Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla. Esa fama le sirvió para que el año pasado rompiera todos los récords y recibiera 114.693 visitantes extranjeros registrados por Migración Colombia.
Incluso en 2015, la isla ganó el World Travel Awards, conocido como los “Oscar del turismo”, por ser el mejor “destino de playa”.
No obstante, la realidad que viven los raizales y habitantes de la isla no es tan soñada como la imagen que se llevan los turistas. La isla viene enfrentando problemas sanitarios y ambientales, que aunque han sido advertidos desde hace años, parece que están complicándose en los últimos días.
Desde 2014, cuando la UNGRD, con apoyo de la Unión Europea, expidió el Plan Departamental de Gestión del Riesgo, se advertía de la acelerada degradación ambiental en la región. Al final del informe de 146 páginas, se resume el panorama en un solo párrafo:
“Asentamientos humanos en humedales y manglares, maniobras inadecuadas de embarcaciones marítimas con afectación a los ecosistemas arrecifales, vertimientos de aguas residuales directo al mar, suelos con afectación en zonas agrícolas, manejo inadecuado de residuos sólidos, sobrepoblación con alta presión sobre los recursos naturales, descargas de drenajes de aguas lluvias al mar, extracción de arena de playas para construcción y sobre explotación pesquera (Langosta y Caracol)”.
Una de las situaciones tiene que ver con la disposición de los residuos peligrosos provenientes del Hospital Clarence Lynd Newvald, el más importante de la isla. “Se encontró incumplimiento en el manejo de los residuos hospitalarios (anatomopatológicos) acumulados a la intemperie en canecas plásticas, sin ningún tipo de seguridad, lo que representa un alto riesgo para la población y los trabajadores del Clarence”, señaló la Procuraduría General el pasado 20 de abril cuando decidió suspender al gobernador Ronald Housni por tres meses.
La gravedad de la contingencia fue denunciada por el coordinador de Recurso Físico de la entidad de salud, Diego David Molina, quien dijo que “esto es un problema serio que requiere voluntad de todos los entes territoriales, si esto sigue así, hay que cerrar el hospital, el aeropuerto (...) necesitamos poder tratar adecuadamente todos los residuos, sino aquí se tendría
que declarar la emergencia ambiental en la isla”.
Por su parte, la Superintendencia de Salud identificó prácticas inseguras en la manipulación de medicamentos, entre ellas, disposición inadecuada, medicamentos vencidos, destapados en uso y sin control de vencimiento y temperatura. En el marco de sus funciones decidió imponerle una multa de 500 salarios mínimos a la IPS Universidad de Antioquia, que es la encargada del manejo del Hospital.
Como si fuera poco, todo terminó en choques entre la Procuraduría y la gobernadora encargada, Sandra Howard, por la petición del Ministerio Público de declarar la emergencia sanitaria y ambiental porque además del deficiente manejo de residuos en el hospital, también se encontró que la planta de gases medicinales “carece de un sistema de control de temperatura, pese al riesgo que representa por su carácter inflamable”.
Unos días después se prendió otra alarma. La de la Contraloría, que después de un proceso de auditoría encontró delicadas falencias en el manejo de residuos solidos, debido a que el único relleno sanitario que existe en la isla (el “Magic Garden”), está llegando a su capacidad de diseño y hay riesgo de una emergencia sanitaria al no disponer de otro sitio adecuado para la disposición segura de los desechos.
“Dentro de las irregularidades observadas se destacan las siguientes: piscinas de evaporación colmatadas, canales de recolección obstruidos que impiden la adecuada circulación del fluido, percolación perimetral de los lixiviados, y caudales importantes de lixiviados sin tratamiento vertidos al suelo, que finalmente se infiltran a los acuíferos subterráneos que se utilizan como fuente de agua, lo cual da cuenta de las deficiencias en la operación de este sitio”, asegura el informe. Las imágenes que se adjuntaron al documento son lo suficientemente dicientes.
Cuando los investigadores del ente de control fiscal fueron a revisar cómo funcionaba la planta de tratamiento de residuos sólidos que costó $24.380 millones de pesos, se encontraron con que está inactiva.
Como si ese informe fuera premonitorio de los riesgos que corría la isla, solo dos semanas después se produjo un gigante incendio en el relleno sanitario, el cual duró más de 48 horas y que puso a las autoridades ambientales en alerta por posible afectación de las comunidades. Precisamente, el evento se dio por la disposición a cielo abierto de las basuras y las altas temperaturas de la primera semana de mayo en la isla.
“Lo que se ha establecido por parte de la corporación (Corporación Autónoma Regional), no de ahora, sino desde hace algún tiempo, es que ese relleno tiene que cerrarse porque no tiene la capacidad para poder disponer de los residuos", dijo en su momento el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo quien advirtió también que desde hace dos años se le abrió proceso sancionatorio a la Gobernación por el incumplimiento del plan de manejo ambiental, debido a que en el último estudio que hizo Coralina establece el mal tratamiento de los residuos.
La isla está repleta
Otro lío en San Andrés tiene que ver con la sobrepoblación, como lo expresaron varios líderes comunitarios y raizales durante una audiencia, el pasado 22 de junio, con cinco magistrados de la Corte Constitucional y el procurador Fernando Carrillo. Lo mismo redunda en más problemas con servicios públicos, contaminación y desabastecimiento de agua.
Walt Reyes, vocero de autoridad raizal, aseguró en esa reunión que las cifras oficiales ya dan cuenta de más de 78 mil personas que viven en el archipiélago y que los problemas con los recursos hídricos de consumo humano ponen en riesgo la vida de los pobladores. Además, Reyes criticó la gestión de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE) porque considera que es insuficiente.
Los raizales creen que es el problema más grave porque en solo 27 kilómetros cuadrados de isla ya no caben más pobladores continentales que migran, en la mayoría de veces, para vivir del trabajo informal. Se trata de una situación transversal que llega a afectar incluso lo cultural.
El último censo del Dane, que actualmente podría estar desfasado en casi 20.000 habitantes, advierte que ya el 53% de ellos son ‘no nativos’. “La avalancha de desplazamiento hacia las islas, no solo desplazó al nativo, física y socialmente, sino que ante todo produjo un proceso de presión cultural y ecológica que implicó la transformación de los valores tradicionales de la población”, dice el diputado Bradison Fernández Bryan que desde 2016 pide que la Gobernación declare alerta roja por la sobrepoblación.
La falta de agua es otro de los problemas desencadenados por el crecimiento de habitantes y de turistas en la isla. En el informe de Gestión del Riesgo es clara la advertencia de que “las islas no cuentan con suministro continuo de agua potable, la fuente principal de abastecimiento para la mayor parte de la población del departamento es el agua subterránea, el acuífero no cuenta actualmente con una capacidad de almacenar agua por periodos extensos. No hay un aprovechamiento adecuado de las aguas lluvias (5% de aprovechamiento óptimo), con periodos de déficit de lluvia de entre enero y abril”.
Incluso, durante el fenómeno del niño de 2016 se tuvo que declarar la calamidad pública en la isla, cuya solución en el momento fue disponer de 5 carrotanques para abastecer a los habitantes. El único sector que se mantuvo con suministro fue el del norte, donde se encuentra la zona hotelera y comercial. Muchos hablaban, y con razón, de la paradoja de estar rodeados de océanos y sufrir por no tener líquido para tomar o bañarse.
La solución sería activar plantas desalinizadoras, una de 25 litros y otra de 50 litros. Hoy, dos años después, no se ha puesto en funcionamiento la primera y la segunda apenas comenzó su construcción en el mes de mayo. Por otro lado, en un comunicado de la Gobernación, se anunció la adjudicación en marzo para la adecuación de 26 kilómetros de redes de acueducto para llevar el líquido a los sectores raizales de San Luis y la Loma. Todo está en puros anuncios.
El procurador delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco Zúñiga, pidió al Gobierno Nacional a finales del año pasado que hagan un trabajo prioritario y articulado para que las plantas desalinizadoras prometidas desde la temporada de sequía pasada empiecen a funcionar.
El problema no paró ahí y adquirió otras dimensiones el 22 de diciembre de 2017, cuando se registró una emergencia ambiental debido al vertimiento de aguas residuales en el arrecife por la rotura en la tubería del emisario submarino que, según Coralina, se debió a los fuertes vientos que se registraron en la isla la semana anterior al suceso, lo que provocó que ese líquido llegara al océano sin ningún tipo de tratamiento.
También allí se pronunció la Contraloría denunciando que “se ha permitido la operación inadecuada del emisario submarino, cuyos problemas de diseño y operación son evidentes” toda vez que las aguas residuales son vertidas al mar a pocos metros de la línea de costa (500mts), sin ningún tipo de tratamiento, y el agua cristalina que caracteriza a San Andrés es reemplazada por aguas oscuras con olores desagradables.
“Aumentando esta problemática, el prestador de servicio de alcantarillado en la ciudad, incumple reiteradamente los objetivos y proyecciones de calidad para el vertimiento en los parámetros monitoreados de demanda bioquímica de oxígeno, sólidos suspendidos totales y caudales”, incumpliendo los niveles de Carga Contaminante aprobados por Coralina.
“Aumentando esta problemática, el prestador de servicio de alcantarillado en la ciudad, incumple reiteradamente los objetivos y proyecciones de calidad para el vertimiento en los parámetros monitoreados de demanda bioquímica de oxígeno, sólidos suspendidos totales y caudales”, incumpliendo los niveles de Carga Contaminante aprobados por Coralina.
Mar ¿de los 7 colores?
Como la mayoría de zonas costeras e insulares en el mundo, San Andrés no es ajeno a la problemática del plástico y la contaminación de las aguas. A eso le ha puesto el ojo la Universidad Nacional que ha seguido de cerca las alteraciones en el mar de la isla por cuenta de residuos mal manejados.
La ingeniera química Yuly Vargas y la bióloga Brigitte Gavio adelantaron un trabajo de campo en el que encontraron que, efectivamente, el 90% de los residuos en las playas de la isla son de plástico. Durante 10 semanas recolectaron 186 kilogramos de residuos sólidos, de los cuales 162 se obtuvieron en el litoral costero Genny Bay, los restantes 23 en las playas Spratt Bight, Sound Bay y la costa frente de la carrera Tom Hooker.
El Defensor del Pueblo, Carlos Negret, visitó el relleno sanitario y pidió acaban con esa montaña de muerte. Foto: Defensoría del PuebloEn las tres playas, el material más común fue el plástico (84-89 %), mientras que en litoral costero de Genny Bay fue el vidrio (53 %) seguido por el plástico (42 %). Otros materiales que se colectaron fueron desechos orgánicos, cigarrillo, madera, y otros de mayor peso y tamaño como muebles y electrodomésticos inservibles.
“Si aves, tortugas, delfines, peces y otros organismos ingieren plástico al confundirlo con alimento pueden presentar sofocamientos, así como la disminución en la capacidad de alimentación, debido a que el material permanece en el estómago. Además, los filamentos del mismo pueden generar heridas internas”, dice la investigadora Gavio. (Lea también: Piden a habitantes de San Andrés no alimentar palomas ni maria mulatas).
Sumado a esto, un estudio del grupo de investigación en Modelación de Ecosistemas Costeros, de la misma Universidad, encontró que la isla está disminuyendo su capacidad de mitigar el cambio climático toda vez que las áreas por fuera de la protección de la barrera de coral, y más próximas a las actividades humanas, presentaron menor captura de CO2.
Se refiere al turismo y dragados que van deteriorando los pastos marinos con lo cual se libera el CO2 que han retenido previamente. “En temporada de lluvias encontramos un promedio de 2.132 kilogramos de carbono orgánico capturado por hectárea en el cuerpo de pastos marinos de San Andrés. En temporada seca la cifra llegó a los 2.625 kilogramos”, aseguró el investigador Luis Alberto Guerra, resaltando que estas cantidades pueden ser hasta siete veces mayores si se suma el carbono que las plantas mantienen enterrado bajo la arena.
The Blue Carbon Initiative estiman que cerca del 83 % del CO2 en el planeta circula a través de los océanos, y cerca del 50 % sedimentado en el mar se encuentra en manglares, marismas y pastos marinos, ecosistemas que cubren cerca de 49 millones de hectáreas y que cada vez que son destruidos liberan el carbón acumulado por siglos. Como cada año se destruyen entre 340 mil y 908 mil hectáreas en el mundo, desde estos lugares se emite más de un billón de toneladas del material.
