Sábado, 19 Octubre 2019
Después de la respuesta de Asocars, el ente de control se mantiene en sus hallazgos y considera que puede tener repercusiones penales y administrativas sobre los funcionarios de las corporaciones.
contraloria edificio
                                                                          Imagen de referencia. / Foto: Lafm

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, informó en las últimas horas que ya dio traslado a la Fiscalía y la Procuraduría de los hallazgos penales y disciplinarios que dice haber detectado en las auditorías realizadas a las Corporaciones Autónomas Regionales, al igual que los encontrados en su momento en Asocars.

El conocimiento de los hallazgos penales ha llevado a la propia Fiscalía General de la Nación, a tomar medidas de su competencia en un reciente caso, que fue el de Cardique.

De esta forma, el ente de control respondió a las criticas de Asocars que advirtió que los funcionarios del organismo no eran competentes para realizar una revisión objetiva sobre su gestión. Además, se mantuvo en las conclusiones de su informe que fue presentado por un comunicado de prensa el pasado martes. (Recuerde: La dura respuesta de las Corporaciones Autónomas al informe de la Contraloría)

Entre las presuntas irregularidades se habló de un carrusel de contratos, obras inconclusas convertidos en verdaderos elefantes blancos, concentración de contratos en un mismo contratista, contratación directa de hasta el 90%, inversiones en actividades no misionales, falta de planeación y confiabilidad en la elaboración de estudios previos, debilidades y falta de celeridad en la función sancionadora, entre varios otros. (Ampliación: Contraloría encontró irregularidades en las obras del ‘megaproyecto’ del Río Bogotá)

Advierte además la CGR de “pobre ejecución de recursos y deterioro ambiental: la ejecución de recursos inversión por parte de las CAR en la vigencia 2017 fue del 44% con reservas presupuestales del 56%”.

“Esto significa que más de la mitad de los proyectos planeados para cumplir la misión de las Corporaciones durante la anualidad no se ejecutaron. Las recurrentes sub-ejecuciones, ha incidido sin duda en el incumplimiento de las metas planteadas en los programas y proyectos de inversión aprobados con base en los objetivos de la política ambiental”.

En el caso de la CVC, por ejemplo, que fue acusada de no ejecutar recursos para la protección ambiental sino haberlos invertido en un fondo financiero, La Contraloría no formuló hallazgos fiscales al respecto, sino hallazgos penales y disciplinarios “puestos en conocimientos de las autoridades respectivas por la desviación de los recursos”.

Maya también respondió a la afirmación de que las Corporaciones Autónomas tienen ese adjetivo precisamente porque cuentan con independencia similar a la del Banco de La República. “Las CAR son sui generis y no ostentan la misma categoría que la constitución le da al Banco de la República, que sí tiene plena autonomía frente a los demás poderes del Estado; lo propio puede decirse de las universidades que tienen un régimen especial, por cuanto su naturaleza jurídica está definida en la norma, no como ocurre con las CAR que no tienen una naturaleza jurídica clara desde la norma”.
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