Existen hallazgos fiscales de más de 72 mil millones de pesos en la contratación de la CAR Cundinamarca. Hay anomalías en por lo menos 5 corporaciones más.
Imagen de archivo Ptar. / Foto: Eltiempo.comA través de un informe publicado este martes, la Contraloría hizo una contundente advertencia: “El despilfarro y la desviación de recursos siguen caracterizando la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales, como se desprende de las auditorías adelantadas a 10 de estas entidades en el primer semestre del presente año”.
Ese proceso se llevó a cabo en las 10 entidades que manejan los mayores recursos presupuestales, donde se detectaron hallazgos fiscales que superan los $100 mil millones, de los cuales $72 mil millones corresponden a la CAR Cundinamarca.
Para el ente de control, lo hallazgos en la encargada de Cundinamarca muestra una “bajísima” ejecución presupuestal y, además, una marcada concentración contractual. Por ejemplo, a un solo contratista se le adjudicaron 24 contratos por valor de $7.886 millones.
La preocupación de la Contraloría se extiende al desarrollo de los contratos que se ejecutan dentro del Megaproyecto Río Bogotá y a las anomalías que se están presentando en la aplicación de los recursos ambientales.
Esta Corporación tuvo disponible en el año 2017 un presupuesto que ascendió a $1.3 billones de pesos, con una bajísima ejecución presupuestal (que no superó el 18%). Además de los 7.810 actos contractuales del período 2013 a 2017, el 90,1%, o sea 7.037 de los mismos (por un valor que supera los $1,13 billones de pesos), corresponden precisamente a contratación directa.
El caso de los PTAR
También se cuestionan los resultados de las cuantiosas inversiones de esta Corporación en las PTARs de los municipios de Apulo, Facatativá, Madrid y Sesquilé (Cundinamarca), que muestran problemas de estudios y diseños, obras inconclusas o con retrasos.
“A pesar de las cuantiosas inversiones efectuadas, en algunos casos desde hace más de cuatro años, -lo que se puede catalogar como verdaderos elefantes blancos-, se evidencia que las aguas negras continúan aportando elementos contaminantes a los ríos sin tratamiento alguno”.
Para el caso de la PTAR Salitre Fase I, existe incumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental. Se presentan debilidades en la calidad de agua y olores ofensivos, así como mala disposición de los biosólidos.
En cuanto a la PTAR Canoas, “la CAR está entregando los recursos (convenio inicial de $20.000 millones) a la Empresa de Acueducto de Bogotá para estudios, sin la debida planeación y el debido soporte de los costos (la obra tiene un costo de $4,6 billones y la CAR aporta $1,5 billones de ese valor)” dice la Contraloría.
Las irregularidades en las CAR más grandes
Un caso es el de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en donde se advierte que los $1,2 billones de pesos, que hace más de dos décadas entregó el Gobierno Nacional para adelantar la ejecución de los proyectos ambientales y el tratamiento del Río Cauca, se encuentran invertidos en el sistema financiero nacional e internacional.
“Es claro que la CVC perdió su horizonte misional al convertirse más en una corporación financiera que busca la generación de rendimientos económicos, descuidando así su objeto social”.
En CORTOLIMA, la denuncia es por omisión de sus deberes. La corporación habría permitido la prescripción de cobros coactivos por sanciones impuestas por valor cercano a $1.100 millones y el no cobro de más de $1.300 millones de tasa por uso de agua. CORPOCESAR tuvo hallazgos similares toda vez que no adelantó ese mismo cobro, en su caso por $3.000 millones.
Sobre el cobro de la tasa retributiva se presentaron inconsistencias, que en la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) ascendieron a $2.566 millones y en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) suman aproximadamente $520 millones.
