La Sala Plena de la Corte Constitucional suspendió el plan de manejo ambiental de la licencia que había obtenido la empresa El Cerrejón, en su proceso de expansión para el Puerto Bolívar.
Adicionalmente ordenó realizar una consulta previa con la comunidad Media Luna Dos del Municipio de Uribia, en La Guajira.
La comunidad Wayuu había presentado una acción de tutela en la que reclamaban por la vulneración del ambiente sano y su salud, debido proceso por parte del Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la empresa El Cerrejón por la expedición de la licencia ambiental Nº 0428 del 7 de mayo de 2014 para la modificación del Plan.
La tutela fue analizada por la Corte, la cual consideró que la explotación de carbón a cielo abierto realizada por la empresa, afecta la salud de los pobladores, principalmente, las comunidades ubicadas en la zona de Malla Norte y Media Luna Dos.
En la sentencia T-704/16, se expone que "es evidente la afectación por contaminación debido a las partículas de carbón a la que están siendo sometidas las personas, la fauna, la flora, el agua, el suelo y el recurso aire, hacia el área que habitan las comunidades que se encuentran en la zona de Malla Norte y Media Luna, por parte de la empresa Carbones del Cerrejón Limited- Cerrejón por emisiones provenientes de Puerto Bolívar”. Ver aquí la Sentencia
La Corte ordenó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales revisar si el plan de manejo ambiental integral de todo el proyecto minero 'El Cerrejón', es suficiente para contrarrestar la contaminación que se produce por la explotación de carbón.
Foto - Crédito: www.prensarural.org
El proyecto de expansión del Puerto Bolívar contemplaría estas 3 actividades: aumento del volumen del dragado del canal navegable de acceso al puerto, la construcción de un nuevo muelle de remolcadores y la ampliación de la capacidad de la planta desalinizadora actual.
Aunque la empresa minera asegura que no se afectaría a la comunidad, la Corte dijo que las ampliaciones de proyectos extractivos no pueden evaluarse fraccionadamente, pues ninguna de ellas produce los efectos negativos que en realidad soportan las comunidades.
Así que la Corte ordenó al El Cerrejón “implementar un plan inmediato de mitigación de daños ambientales, sociales, culturales, en la zona, para lo cual, deberá compensar los daños causados por la explotación de carbón al ambiente y a los derechos de las comunidades afectadas”.
Jackeline Romero es una líder Wayuu integrante de la organización Fuerza Mujeres Wayuu, manifestó que "en La Guajira se están llevando todos nuestros recursos y nos están dejando los daños. No entendemos cómo se emite certificación de que nosotros los Wayuu no existimos en zona donde harán minería".
