Martes, 22 Septiembre 2020

Catorce6 conoció el articulado que será presentado al Congreso para que lo apruebe vía Fast Track. Las Car ya prendieron las alarmas por el poder que tendrá el presidente.

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Presidente Juan Manuel Santos junto al director de Asocars, Ramón Leal. / Foto: Carder.gov.co

El primer semestre de 2017 el Congreso de la República se ha dedicado a recibirle y a aprobarle al Gobierno toda suerte de proyectos relacionados con la implementación de los acuerdos alcanzados con las Farc. Por ser un acuerdo de puntos tan variados, se han presentado iniciativas que van desde la creación de la jurisdicción especial para la paz, hasta el aval para que esa guerrilla obtenga curules en el Congreso.

Fueron más de 300 páginas del acuerdo firmado en noviembre del año pasado en el teatro Colón en el cual, como lo ha contado Catorce6, se incluyen varios puntos para “modernizas el Sistema Nacional Ambiental” que se creó con la constitución del 91. (Cómo le va al medio ambiente en los acuerdos de paz?)

Por supuesto el proyecto ni siquiera ha sido presentado y ya se generó toda una tormenta entre las directivas de las Corporaciones Autónomas Regionales, pues el fin último del Gobierno es quitarles independencia y darle más control al presidente de turno.  (La arremetida de las CAR ante pretensión del Gobierno de reformarlas vía ‘fast track’)La arremetida de las CAR ante pretensión del Gobierno de reformarlas vía ‘fast track’)

Hay un argumento general del Gobierno para meterle la mano a las Corporaciones y es que las que se encuentran en zonas de conflicto y probablemente de mayor importancia biológica están recibiendo muy pocos recursos, lo cual contrasta con las de Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca que se quedaron con más de 1.4 billones de pesos de los 2.5 que se percibieron en ingresos en 2015. Eso quiere decir que solo tres CAR se quedaron con el 58% de los ingresos de las 33 que hay en el país.

Para poder ajustar la exposición de motivos del proyecto a la necesidad de que se apruebe vía fast track, por ser parte de la implementación de los acuerdos, el proyecto de ley sostiene que “las cinco corporaciones con menor acceso a recursos y grandes desafíos en materia de gestión ambiental, en particular en la actual etapa de postconflicto, recaudaron en promedio durante 2015 un total de $3.146 millones. Estas fueron en orden CODECHOCO, CORALINA, CDA, CORPOMOJANA y CSB”.


Esto estaría pasando por tres razones principales: los recursos de la sobretasa predial que va a las CAR no se destinan al fondo de compensación ambiental, esa sobretasa no pueden invertirse fuera de la jurisdicción donde es recaudada y a que la asignación de recursos para las corporaciones se basan en densidad poblacional y no en criterios de importancia biológica.

Por esta razón el Gobierno presentará tres artículos que reforman la Constitución política y cambian de fondo el funcionamiento de las corporaciones:

En primer lugar el numeral 7 del artículo 150 se modificará con el fin de darle poder al presidente para “reglamentar la administración de las rentas de las Corporaciones Autónomas regionales” y además para poder inspeccionarlas, vigilarlas e incluso controlarlas. Esto por supuesto es absolutamente nuevo porque hoy en día el Gobierno tenía poder solo en la creación de las mismas.

Por otro lado el segundo artículo reforma el artículo 317 y abre la posibilidad para que las CAR destinen los recursos de la sobretasa predial a áreas diferentes a su jurisdicción, siempre y cuando cuenten con una autorización previa del municipio. También se incluye un parágrafo para que se prioricen por 15 años las “acciones ambientales derivadas del conflicto, con cargo a los recursos del porcentaje o sobretasa ambiental.”

El tercero y último es un complemento del primero, pues aclara que igual a lo que ocurre con los servicios públicos, el presidente inspeccionará la gestión ambiental y el uso de sus recursos.

El Gobierno también una serie de proyectos adicionales con los cuales busca crear nuevas instituciones ambientales como la Unidad de Planificación Ambiental y la Unidad Administrativa Especial de Mares. Además transformara la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en agencia, es decir con una autonomía similar a la que tienen las de hidrocarburos y minera.

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