La relación entre los cultivos de arroz y las abejas en Tierralta (Córdoba) nunca había sido tan tóxica.

 Usualmente estas abejas se encuentran en el medio sin necesidad de un proyecto pícola, también mueren por los plaguicidas. Es difícil encontrar abejas en la ciudad pero en puestos de raspado son comunes. 

La instintiva búsqueda matutina de alimento es una condena de muerte para estos insectos, cada vez que las plantas están recién bañadas con plaguicidas. Sus pequeños cuerpos se impregnan del néctar contaminado y realizan la entrega a domicilio del veneno cuando llegan a su colmena. Sin saberlo, llevan el exterminio a su panal, en el que ni la reina sobrevivirá.

Pero la culpa no es de ellas. Los campesinos vuelven las plantas una trampa mortal cada vez que esparcen agroquímicos sobre sus cultivos, pues no solo caen las plagas. Más de un millón de abejas murieron en el último año por estas causas en Tierralta, justo donde están rodeadas por más de 60 hectáreas de sembradío de arroz.

Euclides Herrera, apicultor de la zona, perdió 75 colmenas en ese mismo periodo, lo que equivaldría a una población que le produciría unos 3360 kilos de miel. Es decir, si hubiese vendido cada kilo en $8 mil, habría movido la no despreciable cifra de $26 millones. Pero su bolsillo solo se llenó de deudas. Lo mismo les sucedió a las otras 450 familias que viven de esta actividad en el municipio, quienes calculan sus pérdidas en unos $640 mil millones.

Las razones de por qué tantas familias intentaron convertir la miel en su nuevo oro, reposan en que aceptaron vincularse a proyectos gubernamentales que buscaban sustituir el cultivo de coca en el departamento de Córdoba. Sin embargo, nadie les advirtió de la mortandad que estaba acechando en el país a las que serían sus nuevas compañeras de trabajo. Por el contrario, vieron el beneficio que le darían a su tierra el trabajar con una especie que es, a su vez, la responsable de la polinización de más del 70% de los alimentos que consumimos.

De acuerdo con el colectivo Abejas Vivas, entre 2015 y 2017, habrían muerto en Colombia más de mil millones de estas, repartidas en unas 14700 colmenas, aunque consideran que el subregistro es mayor. Tal cifra representó una pérdida del 30% de los cultivos apícolas del país en aquel momento, justo cuando en Tierralta empezaban a darle vida a su proyecto.

La muerte se expandió con prisa dejando montículos de abejas sin vida sobre el campo colombiano. Según esta misma organización, sólo entre junio y julio de 2018 murieron 2095 colmenas por envenenamiento. El peor caso precisamente se registró en Tierralta, a cuyos campesinos nadie les avisó lo letales que son los plaguicidas que usan sus vecinos agricultores. (Ver infografía). Pero no son los cultivos de arroz los propiciadores de esta lamentable situación: es la agricultura química en general.

Soluciones a medias

El problema tiene nombre propio en esta zona: Fipronil. Un insecticida que actúa en el sistema nervioso central, generando parálisis hasta llevar al animal a la muerte. Su alcance puede durar hasta 72 horas después de aplicado el producto sobre el cultivo, pues se degrada lentamente con la exposición a la luz solar. Este es distribuido en Colombia por la poderosa empresa Bayer, otros laboratorios y, hasta hace unos meses, por Fedearroz.

La enemistad cazada entre este agroquímico y los apicultores es un tema de discusión mundial desde hace varios años. Por el tema, en 2013 la Unión Europea estableció límites en el uso del insecticida por considerarlo peligroso para las abejas melíferas. Además, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) lo tiene catalogado como un posible carcinógeno para humanos.

Euclides afirma que luego de estar tres años pidiendo auxilio, finalmente su voz fue escuchada por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge y por los miembros de Fedearroz. Antes de eso tuvo que sacar de su bolsillo el dinero para pagar los estudios que le confirmaron la sospecha de qué mató a sus abejas. “Nos dieron la buena noticia de que ya quedó prohibido el uso de esos productos (Fipronil) entre los afiliados a la Federación”, señala. El anuncio lo hace con optimismo, convencido de que el próximo año la situación mejorará. Pero para que exista propiamente una prohibición en el país, se necesita más que la voluntad de Fedearroz.

De acuerdo con Cristo Pérez, vocero autorizado por la federación para hablar de este tema, tras evaluar las condiciones en las que se produjeron las repentinas muertes de las abejas determinaron que el Fipronil no era el único factor incidente. “Al hacer el diagnóstico nos dimos cuenta que había deforestación en la zona y que los mismos apicultores no estaban lo suficientemente capacitados para el manejo de sus colmenas. No era una zona ideal”, dice el también entomólogo, quien afirma que solo hasta septiembre del año pasado le comunicaron sobre este flagelo que se registra desde 2017.

Es como si advirtiera que la tala de árboles produjo una escasez de alimento que casi malnutrió a estos insectos, pero precisamente esa condición volvió tan dependientes a las abejas del cultivo de arroz en Tierralta. “Lo que pudimos hacer fue retirar del mercado nuestra línea de Fipronil”, asegura.

Sin embargo, en un municipio donde hay más de 45 tiendas dedicadas a la venta de agroquímicos, eso solo es una oportunidad de expansión de mercado para las marcas de la competencia. Según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Anla prohibió el uso de este insecticida para algunos productos agrícolas. Pero indican que ante su despacho no ha llegado ninguna solicitud en el sentido de vedar la distribución de tal químico en el país.

Aseguran que han trabajado en el desarrollo de proyectos que buscan proteger a las abejas y a los controladores biológicos de los plaguicidas. Principalmente las acciones giran en torno a usar agroquímicos “alternativos” que sean amigables con el medio ambiente. Y evitar o disminuir la utilización de los mismos cuando las flores estén abiertas.

Zumbar para comunicar

La falta de capacitación es otro de los factores que le juegan en contra a las abejas. En el campo es común ver prácticas de mezcla entre insecticidas y plaguicidas, lo que termina convirtiéndose en un cóctel poderoso que arrasa más de lo que los jornaleros desean exterminar.

Esa es la tarea que Ileana Pérez, asistente de la Secretaría de Desarrollo Económico de Sucre y encargada de asuntos apícolas para el departamento, ha trabajado desde 2010, cuando se registró un gran episodio de mortandad que arrasó con 850 colmenas, en zonas cercanas a cultivos de algodón. Desde aquel momento empezó a trabajar en capacitaciones para que se use solo lo necesario de estos plaguicidas y establecer redes de comunicación entre apicultores y agricultores; todo para que los primeros tengan chance de encerrar sus abejas cada vez que vayan a ser aplicados los plaguicidas.

“Luego de varios años de trabajo logramos un acuerdo entre algodoneros y apícolas. Cuando van a fumigar, deben avisar para que cierren las piqueras (colmenas). El diálogo y la pedagogía han sido claves en esto”, manifiesta Ileana, quien a su vez reconoce que algunos continúan con malas prácticas y hacen uso indiscriminado de estos productos.

Actualmente cuentan en el departamento con cerca de 12 mil colmenas, pero el precio de su supervivencia es el encierro al que periódicamente someten a estos insectos cuando llegan las plagas y, con ellas, las aspersiones. Son días en los que las polinizadoras más potentes de la naturaleza entran a un receso forzoso.

Otra de las alternativas es realizar el riego del plaguicida durante la noche, mientras las abejas duermen. Pero pensar en estas especies como víctimas únicas es soberbio. Juan Manuel Rosso, líder del colectivo Abejas Vivas, considera que el debate toma nombre en torno a esta especie porque tiene dolientes directos. Sin embargo, en la naturaleza hay un amplio número de insectos que también son polinizadores y sobre los que no hay registro poblacional, pues la noche también da espacio a otros bichos que se esconden en el día. Es un dilema de perdedores.

Claudio Sánchez, cultivador de abejas a quien recientemente le entregaron un Premio Gema de Ultracem en categoría Negocio Verde por su proyecto en Valencia (Córdoba), cuestiona si realmente esta especie tiene dolientes en el país. Él calcula que los detrimentos en Tierralta por la intoxicación masiva equivalen a la muerte de 2700 terneros de res de 200 kilos; a la pérdida de 1200 toneladas de arroz; al daño de 740 toneladas de Palma africana. “Duramos tres años alzando la voz y solo hasta ahora aparecen. Si Fedearroz no hace lo que tiene que hacer, pasará de nuevo”, expresa molesto.

Cultivos de arroz/Flickr Ministerio de Agricultura

 Abejas sin quórum

La falta de acuerdos estaría matando a esta especie en Colombia. Si bien varios países han sacado adelante reformas para contrarrestar los efectos nocivos de algunos plaguicidas, desde el legislativo colombiano iniciativas que han manejado por el tema se caen por falta de consenso.

Primero en 2017 intentaron declararlas interés nacional para promover políticas públicas eficientes dedicadas a su conservación mediante un proyecto de ley que presentó el Partido Verde. Este ofrecía las soluciones que el problema requiere: prohibición de la comercialización de los que la Unión Europea, Estados Unidos o cualquier otro país ya tuviese restringido por su peligrosidad; prohibir la aspersión de los mismos a mínimo 3 kilómetros de un proyecto apícola; regular la venta de agroquímicos extremadamente peligrosos y agudizar los trabajos de control.

Pero las discusiones técnicas y las comisiones de expertos dejaron sin aguijón al proyecto. Varios meses después, hacia mayo de 2019, llegó el proyecto final a votación. De este fue retirado el tema de los plaguicidas, la regulación a los mismos y las garantías para que los proyectos apícolas sean más sostenibles. Afortunadamente, el proyecto no obtuvo mayorías en la votación y se hundió, pues en su versión final no cumplía con el propósito para el que fue creado.

A pesar de este panorama, la pelea sigue. En la presente legislatura fueron presentados dos proyectos de ley. El primero es el 250 de 2019, que busca proteger las abejas, pero sin referencia en ningún punto a los plaguicidas. Esta fue presentada por el senador Carlos Felipe Mejía Mejía.

El segundo PNL es el 103 de 2019, cuya propuesta fue radicada el pasado 12 de agosto. Este es liderado por la senadora Maritza Martínez y el representante Luciano Grisales, del Partido de la U y Liberal, respectivamente. En esta se recoge el sentir de quienes miran con recelo los agroquímicos. De hecho, solicitan casi lo mismo que el primer proyecto que aterrizó al Senado en 2017, a diferencia de sumarse a las prohibiciones de la UE y EE. UU.

Este se encuentra pendiente de discutir en ponencia para primer debate en Senado, pero aún no hay fechas para el primer encuentro. Sin embargo, el calendario corre y la población de abejas continúa diezmando.

Cristo Pérez, de Fedearroz, dice que ya tiene la solución que no depende del Senado: usar extractos vegetales como plaguicidas y así erradicar el flagelo contra los polinizadores. “Eso es para hacerlo el otro año”, dice con tranquilidad. La naturaleza no dio espera y, mientras él respondía esta entrevista, a Tierralta volvió la muerte. Más de 200 colmenas desaparecieron. La mortandad más numerosa del siglo. Al cierre de esta edición esperaban los campesinos resultados toxicológicos para verificar si de nuevo fue por el despreciado Fipronil. Más de 13 millones de alas dejaron de zumbar. Millones de flores se secaron esperando la visita de su polinizador. El néctar que mata hace metástasis sin control.