Domingo, 18 Noviembre 2018
Aunque ambientalistas y organismos internacionales pedían su aprobación, en Colombia varios sectores denuncian micos en su articulado.

senado col                                               Congreso de la República. / Foto: tomada de periodicoamarillo.com

Como se lo contamos en Catorce6, la plenaria del Senado aprobó el pasado 27 de junio a las nueve de la noche el proyecto de ley de páramos, en su último debate. El mismo busca establecer las condiciones mínimas y la financiación para que las comunidades que viven en esos ecosistemas puedan migrar hacia actividades sostenibles, entre otras disposiciones.

La iniciativa tuvo un gran impulso después que la ONU, WWF y varias organizaciones ambientalistas pidieran un rápido debate antes de que se agotaran las sesiones extras y el proyecto se hundiera. Al día siguiente de su aprobación, muchos aplaudieron al Congreso y el Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, acompañó esa celebración.

Sin embargo, unas horas después aparecieron varias quejas de conocedores y protagonistas del Sistema Nacional Ambiental, sobre supuestos micos que le colgaron al proyecto de ley.

En primer lugar la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales (ASOCARS) emitió un comunicado que advierte que las están debilitando al quitarles recursos para que sean manejados desde el nivel central.

“Toma como recursos financieros para su implementación dos rentas propias de las CAR: transferencias del sector eléctrico TSE y las tasas por utilización de agua, TUA, recursos generados y manejados desde las regiones, que pasarían a ser administrados y distribuidos por el Gobierno Nacional, contrariando la Constitución Política”.

De esta forma las CAR alertan que la TSE ocasionaría una competencia nociva entre entidades que integran el Sistema Nacional Ambiental, como lo son las CAR y Parques Nacionales Naturales, respecto de recursos que legal e históricamente corresponden a las CAR.

Específicamente las autoridades de Antioquia, Cornare y Corantioquia, dijeron que quedarían gravemente afectadas en la parte financiera porque la mayoría de sus recursos provienen de estas dos cuentas que terminaría girándose al Fondo Nacional Ambiental (Fonam). Por todos estos motivos las autoridades le piden al presidente Santos que objete el texto.

Por otro lado, el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, denunció un supuesto mico en la misma ley que está colgado en el artículo 26 donde se establece que el 70% del impuesto al carbono se destinará a temas de paz, quedando su recaudo distribuido de la siguiente manera:

• 25% a enfrentar la erosión costera, la deforestación, conservación de páramos y pago de servicios ambientales, entre otros.
• 5% al fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
• 70% a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado

“La ley de impuesto al carbono se utilizaba los recursos procedentes de estos fondos a la protección ambiental. Lo más grave es que todos los partidos políticos coincidieron en eso. Es decir, ahí están metidos el Centro Democrático, el petrismo, el liberalismo”, dijo el exministro en distintos medios de comunicación.

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, como se muestra en un video de sus redes sociales, intenta justificar que ese 70% también es para el medio ambiente porque la implementación de los acuerdos tiene que ser con “criterio ambiental”. No obstante, reconoce que solo el 30% es para proyectos liderados por el Ministerio de Ambiente y sus declaraciones no dejaron contentos a los ambientalistas que se sumaron al exministro Rodríguez.

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