La Unidad de Investigación y Acusación de la justicia transicional determinó que los ciclos naturales de los ecosistemas han sido gravemente afectados por la guerra.
Foto: JEP
Para la Unidad de Investigación y Acusación - UIA, el medio ambiente es un patrimonio común de los colombianos, que se debe proteger en su diversidad e integridad y es imperativo que se implementen urgentemente medidas que permitan mitigar, compensar y prevenir afectaciones sobre los valiosos ecosistemas nacionales.
“Teniendo en cuenta que con ocasión del conflicto armado colombiano se adelantaron múltiples acciones, que, de manera intencional, accidental o negligente, ocasionaron daños y alteraciones sobre los ciclos naturales de los ecosistemas, con efectos temporales o permanentes, la UIA en cabeza de su director, Giovanni Álvarez Santoyo, ha venido desarrollando diferentes acciones, a través de su Grupo de Apoyo Técnico Forense, dirigidas a proteger el medio ambiente”, dice en un documento de la Unidad.
Describe que para ello ha puesto de manifiesto la alarmante pérdida de bosques y la dinámica de cultivos de uso ilícito en el marco del caso 002, que abrió la Jurisdicción Especial para la Paz y con el que se priorizó la situación de los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte en Nariño, mediante el análisis de la información del IDEAM sobre deforestación comprendida entre 1990 y 2017, utilizando técnicas de análisis y geoprocesamiento de dichos insumos.
Los fiscales han venido realizando acercamientos y sesiones de entendimiento e intercambio de información con diferentes instituciones que conforman el Sistema Nacional Ambiental -SINA-, así como con organizaciones de diversos sectores económicos, “con el fin de recaudar la información necesaria para adelantar y evidenciar las diferentes afectaciones sobre el medio ambiente, producto del conflicto armado”.
Entre las entidades con las que se han sostenido reuniones se destacan; el IDEAM, Parques Nacionales Naturales de Colombia, La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, el Instituto Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigaciones científicas -Sinchi-, el Instituto de Investigaciones del Pacífico -IIAP-, la Organización de las Naciones Unidas y Ecopetrol.
“La Unidad de Investigación y Acusación está comprometida con el reconocimiento del ambiente como víctima silenciosa del conflicto y con la búsqueda de mecanismos para su reparación efectiva, propendiendo por garantizar la no repetición”, señaló el director de La Unidad, Giovanni Álvarez Santoyo.
