La empresa dice que la explotación se volvió económicamente inviable después de que le ordenaran un recorte del área de la actividad en inmediaciones del páramo.
Foto: archivo bucaramanga.gov.co
En una carta con fecha de 29 de marzo, pero que apenas se conoce, la empresa Eco Oro Mineral Corp le notifica al Ministerio de Minas que renuncia a su contrato de concesión minera número 3452. Esa renuncia fue radicada ante la Agencia Nacional de Minería (ANM).
La empresa expone varios puntos cronológicos que sustentan el motivo de su renuncia al contrato. En primer lugar, el Ministerio de Ambiente delimitó el páramo en 2014, prohibiendo las actividades de explotación, sin embargo, mantenía una excepción para aquellas empresas que tuvieran contrato y manejo ambiental otorgados antes de febrero de 2010. Es decir que la empresa podría continuar a pesar de que una parte de su área de explotación se superponía al área delimitada. Esa excepción se mantuvo en la ley 1753.
Dice la empresa en el segundo punto que no obstante esa excepción, la ANM publicó una resolución en 2016 que extendía por dos años la etapa de exploración pero que eso aplicaba solo al área que no estaba dentro de la limitación del páramo. La decisión de la Agencia se basó en un pronunciamiento de la Corte que prohibía las excepciones y de esa forma se prohibía la actividad en más del 50% de la concesión.
Desde ahí, según Eco Oro, el proyecto Angostura se volvió insostenible económicamente porque se habían invertido más de 250 millones de dólares y no tenían la certeza jurídica, incluso, para seguir trabajando en el área que no estaba dentro de la zona de protección de páramo.
En los últimos párrafos del comunicado, el representante legal de Eco Oro, Diego Orduz, manifiesta que la compañía está en total disposición para coordinar y colaborar en el cierre adecuado
Vale la pena recordar que a finales del año pasado se conoció por diferentes medios de comunicación que la empresa reclamó una compensación por 764 millones de dólares por los daños que habría sufrido como consecuencia de la "expropiación indirecta e ilegal, y el trato injusto y no equitativo" de parte del Estado colombiano.
Al respecto el Comité Santurbán consideró esta decisión como una victoria: “es sin duda un triunfo de la resistencia y movilización ciudadana. Pero como la intención de traernos "desarrollo" de estas multinacionales es una farsa se atreve a demandar al estado por 764 Mill de dólares porque no dejamos destruir nuestra única fuente de agua”, dice en sus redes, donde además publicaron la carta de la empresa minera.
