Martes, 22 Octubre 2019
La decisión se da en medio de una serie de exigencias para que Coralina proteja la isla por los efectos de la sobreexplotación turística.
cay
Imaen de archivo. / Foto: Viajandox.com.co
El Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, acaba de tomar una importante decisión para “amparar los derechos colectivos al goce de un medio ambiente sano y la existencia de un equilibrio ecológico en Johnny Cay” y ordenó a la Corporación Autónoma Coralina la protección integral de este ecosistema.

De esta forma, aceptó la petición de la Procuraduría y ordenó a Coralina que en el término de seis meses actualice el Plan de Manejo Ambiental de Johnny Cay Regional Park y que en coordinación con la Dirección General Marítima (Dimar) aseguren que el número de visitantes no exceda la capacidad de carga en el área.

Además exigió que cada trimestre se prohíba el ingreso de turistas por tres días para la ejecución de un proceso de mantenimiento de la infraestructura del parque.

Esta petición se basó en el argumento del Ministerio Público de “la presencia masiva y desmedida de visitantes, situación que se agrava por la falta de redes de acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, la inexistente prestación de servicios públicos y el inadecuado manejo sanitario”.

El Tribunal de San Andrés también impuso la realización de capacitaciones a los operadores logísticos para el cambio gradual de materiales desechables como plásticos e icopor por biodegradables, y la elaboración de un video para ser presentado a los visitantes con los mínimos cuidados ambientales que deben tener por tratarse de un área protegida, precisando las actividades permitidas y prohibidas.

En la página web de la autoridad ambiental deberán actualizar en el término de 15 días la descripción geográfica del Johnny Cay Regional Park, el horario de atención, los servicios que ofrecen, las recomendaciones especiales, entre otras.

Finalmente, se tendrá que crear un Comité de Verificación con representantes de la Procuraduría General en calidad de accionante, de la Corporación Ambiental Coralina, del departamento, de la Dirección General Marítima (Dimar), de la Policía Nacional y del Ministerio Público.
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