La Corte Constitucional de Colombia declaró exequible el Acuerdo de Escazú, mediante la Ley 2273 de 2022, consolidando así el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en el país.
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El Acuerdo de Escazú, adoptado en 2018 en Costa Rica, es un tratado pionero en América Latina y el Caribe, diseñado para garantizar la plena implementación de derechos ambientales esenciales y desde su ratificación en 2021 ha sido adoptado por 12 países, incluidos Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Uruguay.
Con la decisión de la Corte Constitucional, Colombia se suma formalmente al marco jurídico del Acuerdo de Escazú, lo que implica la adopción de disposiciones que fortalecen la capacidad del Estado para garantizar el acceso a la información ambiental, promover la participación pública en la toma de decisiones y asegurar el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Este enfoque es crucial para la gestión sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, pilares fundamentales para un desarrollo equilibrado y responsable.
El Acuerdo de Escazú también establece mecanismos específicos para proteger a los defensores del medioambiente en América Latina, una región que registra el mayor número de asesinatos de activistas ambientales en el mundo. Al ratificar el acuerdo, Colombia refuerza su compromiso con la protección de los derechos de los defensores, reconociendo la importancia de su labor en la preservación del medioambiente y el bienestar de las comunidades.
Este aval del Acuerdo cobra relevancia en el contexto de la próxima COP16, la conferencia mundial sobre biodiversidad que se celebrará en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre, el cual la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha destacado como una excelente noticia de cara a este importante evento.
