La Alianza por la Agrobiodiversidad, señaló que la medida acaba con la producción nacional de alimentos. Minagricultura explica.
Foto: ICA
En medio de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica del Gobierno Nacional como consecuencia de la pandemia, el Ministerio de Comercio expidió el decreto 523 del 7 de abril de 2020, mediante el cual se establece 0% del arancel para la importación de maíz amarillo duro, sorgo y soya hasta el 30 de junio de 2020.
Esta medida podrá ser prorrogada por tres meses adicionales, teniendo en cuenta una previa evaluación del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior y del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS).
El 04 de mayo de 2020 varias organizaciones sociales, integrantes de la Alianza por la Agrobiodiversidad y de otras organizaciones sociales solicitaron al Consejo de Estado que declare inconstitucional, ilegal, innecesario e inconveniente tal decreto.
Señalaron que el campesinado y los productores comunitarios y familiares son los más afectados con esta medida, a pesar de que históricamente han abastecido la mayor parte de la alimentación, puesto que la eliminación de los aranceles a la importación de estos productos desestimula la producción agrícola nacional de materias primas y de alimentos.
El Ministerio de Agricultura informó que dentro de los factores que se tuvieron en cuenta para la adopción de la medida es que el país no es ni ha sido autosuficiente en maíz amarillo duro, sorgo ni soya, principales materias primas utilizadas en los alimentos balanceados para animales, fuente de proteína para consumo humano.
"Es una realidad que los alimentos balanceados para animales pesan hasta un 60% dentro de los costos de producción de pollo, huevo y cerdo y que su valor se ha incrementado debido al incremento de la tasa de cambio por encima de $4.000. Por ello, hemos puesto en marcha esta medida con la cual contribuiremos al control de los costos de producción lo que en últimas tiene efectos en el precio al consumidor", dijo Rodolfo Zea, jefe de la cartera agropecuaria.
Las organizaciones señalaron que “El gobierno nacional disfraza esta medida, en la necesidad urgente de atención de los impactos económicos de la pandemia al plantear que para proveer a los colombianos proteína animal es necesario garantizar al industrial el acceso a materia prima barata en el mercado global. Con esto, deja en un segundo plano los estándares de calidad y sanidad”, se lee en el comunicado de prensa.
“Consideramos que esta norma desconoce que las políticas rurales regresivas, que promueven los monocultivos industriales, la ganadería y la cría de animales, han generado profundos impactos ambientales, socioeconómicos y de sostenibilidad de la cadena agroalimentaria. Estos modelos productivos han destruido hábitats de especies silvestres y la invasión de éstos por asentamientos urbanos y son uno de los factores asociados a la proliferación de plagas y enfermedades, que incluye la posibilidad de generación de mutaciones de virus y otros patógenos que favorecen situaciones críticas como la que se padece hoy día con la pandemia”, agregaron.
Para la Alianza por la Agrobiodiversidad, el Gobierno Nacional debe adoptar políticas públicas rurales que busquen garantizar efectivamente el derecho humano a la alimentación de toda la población en todos sus componentes, de tal forma que se alcance la autosuficiencia alimentaria de Colombia, sustituyendo progresivamente la importación de los alimentos básicos en el país, por la producción agropecuaria nacional.
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