Martes, 22 Octubre 2019
El ente de control fiscal además dijo que los impuestos no están siendo efectivos reduciendo las emisiones de CO2 ni la basura plástica.
 bolsaplasticav                                                                           Crédito foto: wuestenigel en Foter.com

En un documento de 6 páginas, el Contralor General, Felipe Córdoba, llamó la atención sobre la destinación que han tenido los recursos de los dos impuestos verdes que se han creado durante los últimos años. Es decir, el impuesto al carbono que se aplica en los combustibles y el cobro por las bolsas plásticas.

En el caso del impuesto al carbono se hacen dos críticas. En primer lugar, que con la denominada “Ley de páramos” (Ley 1930 de 2018), los dineros recaudados se dirigen al Fondo Colombia en Paz, son presupuestados en la sección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y únicamente el 30% se destina a temas medioambientales, mientras que el 70% se destina a la implementación del Acuerdo Final con las Farc. Tal como lo había advertido Catorce6. (Contexto: Impuesto a bolsas plásticas no se está destinando al medio ambiente)

Pero también advierte la Contraloría que diversos estudios han demostrado que la demanda de combustibles es inelástica y, por lo tanto, el incremento en el precio final que genera el impuesto al CO2, no necesariamente se traducirá en una disminución en la demanda por parte de los consumidores. En consecuencia, el impacto del impuesto en la reducción de las emisiones -y sus externalidades negativas- tenderá a ser bajo.

En pocas palabras, el impuesto al carbono no ha logrado reducir las emisiones, pero tampoco está aportando todos sus recursos a mitigar los impactos ambientales. De acuerdo con la DIAN, a noviembre de 2018 el recaudo por este concepto asciende a los $294 mil millones de pesos.

Sobre el cobro por las bolsas plásticas, dice la Contraloría que debería profundizarse para vincular a otros agentes económicos que hoy no son responsables del tributo. “Actualmente únicamente están obligados los responsables del IVA pertenecientes al régimen común, como supermercados, grandes superficies o almacenes de cadena.”

“Los recursos recaudados por este impuesto no tienen una destinación específica. Van a la bolsa común del tesoro nacional y la Contraloría considera que una parte puede orientarse a temas de protección del ambiente. De acuerdo con la DIAN, a 30 de junio de 2018 el recaudo de este impuesto asciende a $14.510 millones de pesos, aunque -en comunicación dirigida a la Contraloría- la entidad aclara que no puede determinar con certeza el valor específico de dicho recaudo”, advierte el contralor.

Por último se cuestiona que el Estado no cuenta con adecuados sistemas de control y verificación que permitan valorar si los beneficios tributarios otorgados corresponden con los resultados ambientales esperados.

“Un ejemplo diciente: si una persona o una empresa declara una inversión para la mejora en la calidad del aire, no se verifica si la misma está funcionando, si costó el valor declarado y, lo más importante, si se logró el beneficio ambiental”.


Certificado de Incentivo Forestal, insuficiente.

Lo que si reconoce en su investigación la Contraloría, es el esfuerzo que se ha hecho por implementar el Certificado que es un reconocimiento que se materializa en una subvención en dinero que el Estado entrega de manera directa a quienes realicen inversiones en plantaciones forestales.

De acuerdo a información reportada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, durante el período 2014-2017 se sembraron en el país 26.773 hectáreas a través del CIF, principalmente en los departamentos de Vichada, Antioquia y Meta, siendo 2015 el año en que más cantidad de hectáreas se sembraron.

Sin embargo, esta cifra no supera el 0,023% del territorio nacional (114 millones de hectáreas) y las 4.966 hectáreas sembradas en 2016 no superan el 3% de la tasa anual de deforestación de ese año.

“La Contraloría considera que el seguimiento y monitoreo que se hace al CIF es muy juicioso, pero frente a la alta presión que se ejerce sobre los bosques naturales de Colombia, teniendo en cuenta el aumento en la deforestación, resulta ser un instrumento insuficiente para reducirla”, concluye el estudio.
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