Viernes, 20 Julio 2018
Después de la petición de ambientalistas y de la propia ONU, salió adelante la iniciativa que promueve facilidades a las comunidades para transformar sus actividades.
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                                Imagen de referencia, Páramo de Sumapaz. / Foto: Sandra Patricia Urrea Camargo - Parques Nacionales

La plenaria del Senado aprobó en su último día de sesiones, a las 9 de la noche, en último debate, el proyecto de ley por el cual “se dictan las disposiciones para la gestión integral de los páramos de Colombia”.

La iniciativa, que se viene trabajando desde hace aproximadamente dos años, está compuesta por más de 30 artículos orientados a construir las bases de una política pública en materia de conservación de los ecosistemas de páramo.

El punto más importante, según han resaltado entidades como la ONU, es que se va a dar herramientas a los habitantes de páramos para que puedan transformar sus actividades de sustento hacia tareas sostenibles. Además le da poder al Gobierno para que delimite cuáles actividades se pueden hacer, con qué alcance y bajo qué condiciones.

“Aunque existen varias disposiciones para proteger los páramos, aún se necesitan leyes y medidas para su conservación efectiva. Desde la expedición de la Ley 99 del 93 se está legislando a favor de estos ecosistemas, sin embargo, su exclusión frente a las actividades mineras solo se materializó en 2010 cuando se prohibió la expedición de títulos mineros. Por su parte, la Corte Constitucional instó al Estado a establecer acciones de apoyo articuladas para las comunidades que habitan estos territorios y que hoy no tienen certeza de cómo combinar su calidad de vida con la conservación del páramo”, dice la oficina de la ONU de en Colombia.

Por su parte el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, sostuvo que “para esta cartera resulta fundamental realizar acciones orientadas a construir una nueva economía de los habitantes de los páramos, fundamentada en alternativas productivas sostenibles, ambientalmente distintas a las actualmente prohibidas, buscando facilitar la construcción de mecanismos orientados a garantizar la permanencia de las comunidades en las áreas delimitadas mediante su vinculación en la conservación y sostenibilidad ambiental de estos ecosistemas”.

Las fuentes de financiación para esa transición económica de las comunidades serán, entre otros, los Pagos por Servicios Ambientales, las líneas especiales de crédito y la asistencia técnica y acompañamiento del sector de agrícola, como la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), la Agencia Nacional de Desarrollo Rural (ADR), la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y las autoridades ambientales regionales.

“En este sentido las comunidades contarán con el tiempo y los medios para adaptarse a esta nueva realidad, para lo cual se deberán tener en cuenta los resultados de la caracterización de los habitantes del páramo y así lograr una transición gradual y diferenciada por tipo de actor”, explicó César Rey, director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente.

Las actividades agrícolas de bajo impacto y ambientalmente sostenibles se deberán ceñir a los lineamientos que para el efecto establezcan los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La ley propone además que los predios que se encuentran al interior de los páramos tengan incorporado el valor de las áreas conservadas y de los servicios ecosistémicos como parte de su avalúo catastral, con una metodología de valoración realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la cartera ambiental.
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