Después de tres años le imputaron cuatro delitos por el daño provocado a los ecosistemas del oriente de Bogotá.
Mansión construída en Reserva de los Cerros Orientales. / Foto: archivo CAR
A inicios de 2015 se hizo famoso el caso de una casa gigante que se estaba construyendo dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, en el sector conocido como Bagazal.
La propietaria del inmueble era una empresa conocida como Sociedad Inversiones Nube Blanca S.A.S que estaba usando el predio de El Tuno no solo para intervenir en la reserva sino incluso para modificar el cauce de la quebrada Rosales.
Finalmente, la Fiscalía le imputó los delitos de “invasión de área de especial importancia ecológica, urbanización ilegal, daño a los recursos naturales y fraude a resolución judicial” al señor Alberto Guerra Sánchez, representante legal de la sociedad, quien podría pagar hasta 78 meses de cárcel.
Durante la diligencia desarrollada en el complejo judicial de Paloquemao, ante el Juez 45 con función de Control de Garantías, Guerra Sánchez aceptó los cargos penales que fueron imputados.
“Estamos complacidos con la decisión del juez, para que los infractores ambientales asuman las consecuencias penales que trae consigo cometer delitos graves contra los recursos naturales, como lo sucedido en El Tuno, en Bagazal”, dijo Juan Camilo Ferrer Tobón, director Jurídico de la CAR Cundinamarca.
Y es que precisamente esa entidad emitió un auto el pasado 7 de mayo de 2018 donde formula pliego de cargos a la para que pague una cifra cercana a los 5000 salarios mínimos y que se cumpla con la demolición de la obra.
