Miércoles, 17 Julio 2019
Un análisis del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad señala que las recientes declaraciones de Trump y la petición de reactivar las aspersiones son un “error de diagnóstico monumental”.


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Durante varios meses el tema de los cultivos ilícitos en Colombia se ha mantenido en cabeza de la agenda pública. Mucho más en los últimos días, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a nuestro país con quitarle el certificado de compromiso de lucha contra las drogas.

Incluso este es uno de los temas principales de la reunión de la ONU que se lleva a cabo en Nueva York y en la cual Juan Manuel Santos interviene en su última vez como Presidente de Colombia.

A propósito de la coyuntura y del llamado de Estados Unidos para que se retome la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato, la Universidad de los Andes publica un análisis del director de su Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, Hernando Zuleta, quien advierte de la inconveniencia de retomar la metodología para combatir la coca.

En primer lugar, Zuleta critica fuertemente que el área cultivada sea tenida en cuenta como un indicador definitivo sobre el problema de las drogas: “lo que importa es la magnitud de cocaína que en efecto llega al mercado internacional. En ese sentido, el área cultivada de coca no es un buen indicador para medir esto, puesto que para saber cuánta cocaína llega al mercado, se deben tener en cuenta las incautaciones de hoja de coca, las de base o pasta de coca y de clorhidrato de cocaína”.

En ese sentido, si se tienen en cuenta las incautaciones se puede concluir que no hay un aumento de la droga significativo en el mercado internacional.

De otro lado, el doctor en economía lanza una hipótesis llamativa y es que la aspersión es tan ineficiente que para el Estado sería mucho más barato comprar los cultivos para destruirlos a que se retome el glifosato.

“La aspersión con glifosato es ineficiente, puesto que el costo de erradicar una hectárea por medio de aspersión aérea es más alto que el precio del mercado de la hoja de coca que se cultiva en esa hectárea. Esto implica que, sería menos costoso para el gobierno comprar las hojas de coca cultivadas y destruirlas, que recurrir a la aspersión aérea. Adicionalmente, este tipo de erradicación ponen en riesgo la salud de las comunidades vecinas a la hectárea asperjada”.

Zuleta respalda además dos argumentos que el Gobierno ha expuesto en los últimos días. En primer lugar se muestra de acuerdo en que “la Marina de Colombia ha trabajado en conjunto con la Marina de Panamá, de México, y otros países vecinos, mejorando los métodos de interdicción marítima. Sin embargo, Estados Unidos no ha sido un actor influyente en estos trabajos de cooperación, a pesar de la tecnología que tienen a su disposición para realizar un proceso más eficiente de incautaciones (…) Estados Unidos debería estar más activo”.

Por el otro lado también respalda la hipótesis del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, de que el acuerdo de paz, por ofrecer beneficios para los campesinos cultivadores, haya promovido el crecimiento de la mata de coca, incluso incentivado por las Farc.


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