Sábado, 27 Noviembre 2021

La COICA denunció que no cuentan con protocolos para enfrentar la pandemia porque los gobiernos no generaron instrumentos para prevenirla.

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Foto: Giovanni Moreno / Corporación Nuevo Arco Iris

La declaratoria fue firmada el 31 de marzo y legitimada por los 511 pueblos indígenas y más de 66 pueblos en Aislamiento Voluntario, que habitan la Amazonía, allí señalaron estar en emergencia ante la crisis del virus SARS-CoV2.

Según las comunidades de los 9 países "los indígenas afrontamos una doble vulnerabilidad producto no solo de la exclusión y marginación histórica a la que hemos sido sometidos sino también como resultado de las características y condiciones geográficas en las que pervivimos en las tierras y territorios ancestrales debido a la dificultad de acceso".

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), amparados en sus derechos y conociendo que "su único sistema y espacio seguro son sus propias comunidades y territorios protegidos", exigieron trece puntos a los Estados y organismos internacionales.

Entre ellos, que los gobiernos correspondientes tomen medidas urgentes de protección, como campañas de información y prevención en sus propios idiomas y el fortalecimiento de los sistemas públicos.

La segunda es una exigencia dirigida a los gobiernos para que reconozcan sus responsabilidades frente a estas comunidades, especialmente con los adultos mayores. De no ser así, instan a que la comunidad internacional se mantenga "alerta máxima ante el posible cometimiento de un acto genocida", subrayaron en su comunicado.

El tercero se trata de una solicitud a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos indígenas ante las Naciones Unidas. Pidieron que haya un pronunciamiento sobre la situación de los sistemas de salud pública a los que tienen acceso los pueblos indígenas.

Como cuarto punto instaron la intervención de la ONU y de todas las instancias precursoras de los derechos humanos, como también la solidaridad de todos los Estados de la comunidad internacional para que se mantengan vigilantes ante cualquier eventualidad que en el contexto de la emergencia sanitaria afecte a las comunidades indígenas.

Las restantes solicitudes están relacionadas con atención médica oportuna y con los insumos necesarios, acceso a la alimentación protegiendo la economía de supervivencia de las comunidades productoras y asegurando a las comunidades el acceso a fuentes de alimentación propias, aprovisionadas mediante prácticas de pesca, cacería y recolección, vigilando que no resulten contaminadas o afectadas por terceros, incluidas empresas o quienes ejecutan actividades de minería, petróleo, hidroeléctrica y explotación forestal.

La ONIC informó que en Colombia y debido a que el virus se ha expandido a 23 departamentos y 130 municipios, dada la cercanía de las comunidades y territorios indígenas a estas áreas (15 kilómetros) y su estrecha relación social, económica y cultural con estos centros poblados, "se identifican 17 departamentos y 110 áreas municipales con población indígena en área rural y urbana que coinciden con los identificados a nivel nacional".

De esta manera, señalaron que "se incrementó en 7.406 el número de familias indígenas en riesgo de contagio, alcanzando a la fecha un total de 189.360 familias, siendo los más propensos a contagios los pueblos indígenas que habitan en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Santander".

Insistieron desde la ONIC en la importancia de iniciar la implementación de los planes de contingencia orientados a identificar y atender la inminente presencia del virus en sus territorios.

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