Los hallazgos del ente de control en los condominios Sierra Laguna y Cabo Tortuga son tan graves que considera que pueden existir delitos penales.
Sector Pozos Colorado- Santa Marta / Google MapsTodo un grupo de irregularidades, de diferentes actores, desde empresas hasta autoridades públicas, halló la Contraloría General de la República en la vigilancia especial que realizó en los bienes públicos de Santa Marta, puntualmente en playas y lagos de la ciudad. Su resumen: “las conclusiones son desoladoras”.
El informe hay que mirarlo por partes. En primer lugar, sobre la responsabilidad de los privados, la Contraloría asegura que los Condominios Cabo Tortuga y Sierra Laguna están apoderándose ilegalmente de las playas de la zona de Pozos Colorados, afectando el sistema de humedales costeros del Lago El Dulcino.
En el caso de Sierra Laguna se alerta por graves afectaciones ambientales pues “el Canal El Dulcino que debería permitir el ingreso de agua de mar al sistema de lagos, se encuentra taponado por arena la mayor parte del año”.
También se cuestiona a los constructores del Edificio Sierra Beach Resort, que están descargando “sedimentos sólidos que favorecen la colmatación acelerada, con sus respectivos daños ambientales”. Además varios edificios, hoteles, apartahoteles, condominios y restaurantes han incurrido en vertimientos ilegales.
La lista es larga: Edificio Lagomar, Apartahotel Sura Mar, Hotel Los Veleros, Hotel Tequendama, Hotel Quinta Santa Marta, Hotel Santa Marta Real, Hotel Sharaima, Edificio Teyuna, Edificio Kalamary, Edificio Caribe Palma, Condominio Villas de Fontanar, Hotel Fontanar, Restaurante Mapy y Restaurante Punto Rojo.
Responsabilidad de la autoridad ambiental
Pero los señalamientos de la Contraloría no van solo hacia las empresas porque a lo largo de las 8 páginas de resumen se menciona constantemente la probable negligencia del Departamento Administrativo Distrital de la Sostenibilidad Ambiental de Santa Marta – Dadma-.
Sobre la ocupación de playa dice que la entidad no tomó ninguna medida para impedir los perjuicios ocasionados, que no han protegido los derechos colectivos de restitución de bienes públicos ni tampoco ha vigilado y sancionado a los evidentes infractores de las normas.
Adicionalmente el DADMA, advierte que no ha realizado el inventario florístico que le permita evaluar y sancionar aquellos que intervienen de manera ilegal el mangle de la zona, y no se ha pronunciado para evitar que se introduzcan especies exóticas como las cactáceas y cocoteros, las cuales pueden destruir las especies nativas del sector.
Puede haber cárcel por graves daños ambientales
La Contraloría alertó también sobre la protección a áreas de especial importancia ecológica y el goce del espacio público y la defensa de los bienes de uso público que están siendo amenazados o violados por particulares.
La Contraloría alertó también sobre la protección a áreas de especial importancia ecológica y el goce del espacio público y la defensa de los bienes de uso público que están siendo amenazados o violados por particulares.
Esta situación llevó a que el Contralor General, Edgardo Maya Villazón, solicitara la intervención de la Fiscalía General de la Nación.
En oficio dirigido a Néstor Humberto Martínez, manifestó que “las gestiones adelantadas evidenciaron situaciones irregulares que pueden comprometer la responsabilidad penal de particulares y funcionarios públicos, toda vez que las mismas involucran la ejecución de proyectos urbanos sobre bienes de uso público o su apropiación, sin que se hayan tomado medidas necesarias para su recuperación, por parte de las autoridades llamadas a su protección”.
Expresó Maya además que estas ocupaciones han generado enormes daños ambientales sobre el lago El Dulcino, cuya área total se ha reducido en los últimos años en más de nueve mil metros cuadrados (9.000 m2), por la construcción de edificaciones de vivienda o de explotación turística, licenciadas por las Curadurías Urbanas, desconociendo la especial protección que sobre el mismo se estableció mediante la Resolución 869 de 2013 expedida por el DADMA, como autoridad ambiental y la DIMAR.
“Las edificaciones, levantadas en la orilla del lago, vierten sustancias contaminantes sobre el cuerpo de agua, poniendo en riesgo los recursos fáunicos, forestales, florísticos e hidrológicos del mismo, sin que las autoridades del Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta, hayan adoptado alguna medida para frenar los efectos nocivos que se están generando de manera permanente al ecosistema, conductas estas que se encuentran tipificadas como delictuales por el ordenamiento jurídico” concluyó Maya.
